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JNJ anula destitución de Patricia Benavides: ¿La exfiscal regresará al Ministerio Público?
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Patricia Benavides-exfiscal de la Nación destituida del Ministerio Público (MP) por presuntamente estar implicada en diversos actos vinculados al crimen organizado- viene siendo favorecida con decisiones que podrían concluir con su reincorporación a la fiscalía.
Este lunes, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por mayoría, anuló una de las dos sanciones de destitución que le impuso en su actuación como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación por la irregular remoción del exfiscal Luis Felipe Zapata González, quien laboraba en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
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Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.
Gino Ríos (presidente), María Teresa Cabrera (vicepresidente), Jaime de la Puente Parodi (ponente del caso), Cayo Galindo, German Serkovic y Víctor Chanduví votaron a favor de Benavides y anularon la sanción de destitución. El voto en minoría y en contra de que se anule la sanción impuesta fue del consejero Francisco Távara.
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En enero del 2025, cuando la actual conformación del JNJ asumió funciones, uno de los primeros casos en resolver fue el proceso disciplinario ordinario seguido contra Benavides Vargas. Así, a través de la Resolución 051-2025-Pleno-JNJ halló responsabilidad contra la exfiscal por dos “faltas muy graves”.
En ese momento, el pleno de la JNJ concluyó que la entonces fiscal de la Nación removió al fiscal adjunto Zapata Gonzáles en represalia, por investigar al fiscal Miguel Ángel Vega Vaccaro, quien había sido nombrado por Benavides como fiscal supremo provisional.
Para lograr la remoción, Benavides se habría valido de un informe elaborado para demostrar la baja productividad del referido fiscal y dicha acción había generado un trato humillante.
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La remoción, señaló la JNJ careció de la debida motivación e incurrió en coacción laboral, violando principios fundamentales de la función pública, como la ética, la probidad y el respeto al debido proceso.
La investigación contra Vega Vaccaro, fue dispuesta por la exfiscal supremo Bersabeth Revilla, quien también fue removida del cargo por Benavides; y que forma parte de otro proceso disciplinario.

Sin embargo, ahora, tras la reconsideración interpuesta por Benavides Vargas, la mayoría del pleno de la JNJ, consideró que solo hubo “falta muy grave” en uno de los dos hechos.
El ponente de la reconsideración, Jaime de la Puente Parodi, señaló que del análisis de las pruebas nuevas presentadas por la exfiscal, no se logró desvirtuar que Benavides se haya valido de un informe de datos de productividad falsos, para sacar a Zapata González de la fiscalía suprema en la que venía laborando.
De la Puente Parodi resaltó que luego de ello, el referido fiscal removido no fue víctima de una trato humillante o degradante, como lo fue en el caso de la exfiscal Bersabet Revilla, quien fue enviada a trabajar a otra fiscalía a cargo del fiscal Vega Vaccaro, a quien investigó.
“Si bien, se encuentra probado que no realizó un correcto ejercicio al remover de su cargo al fiscal zapata González, no se evidencia que con dicha decisión haya obtenido un beneficio ilícito o haya perturbado el desarrollo de un caso específico. Haciendo un examen de proporcionalidad, resulta uan medida medida de fuerte intensidad que se adecue a los hechos acreditados. Sin embargo, no se estima que la única sanción aplicable deba ser la destitución.”
Pleno de la Junta Nacional de Justicia
Por tanto, señaló la decisión en mayoría, no se encontraba acreditado el referido “trato humillante” por lo que debía considerarse como un “atenuante” a la sanción de destitución que se le puso inicialmente.
“La medida de destitución no resulta necesaria, pudiéndose satisfacer los fines públicos que se protegen con el ejercicio de la potestad disciplinaria de la junta Nacional de Justicia, a través de la imposición de una sanción de significancia como lo es la suspensión de 120 días (…) teniendo en cuenta los fundamentos precedentes, se llega a la conclusión que corresponde declarar fundado en parte el recurso interpuesto contra la Resolución 051-2025-Pleno-JNJ.”
Pleno de la Junta Nacional de Justicia
La ponencia, finalmente, fue respaldada por seis de los siete magistrados, dándole la razón en parte a Benavides Vargas y suspendiéndola en el cargo por dos meses.
Es decir, que, concluido dicho plazo y, si para entonces, ya no tiene ninguna otra sanción vigente en su contra, podría retornar al Ministerio Público.

¿Puede retornar al Ministerio Público?
Si bien la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha logrado anular una de las sanciones que le impuso la JNJ, aún se encuentra vigente la primera sanción de destitución que se le impuso, en mayo del 2024, a través de la Resolución N°.89-2024-PLENO-JNJ y en el marco del Proceso Disciplinario Ordinario que se le abrió por interferir en la investigación seguida contra su hermana Emma Rosaura Benavides Vargas.
La JNJ llegó a la conclusión de que la exfiscal suprema incurrió en una “falta muy grave” al haber removido de su cargo a la exfiscal suprema Betsabeth Revilla Corrales, quien estaba a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, “sin la debida motivación y haberle dado un trato degradante”.

Además, se confirmó que había favorecido a Miguel Ángel Vegas Vaccaro designándolo en la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a pesar de la existencia de sanciones disciplinarias.
Contra dicha resolución, Benavides Vargas interpuso una demanda de amparo en el Poder Judicial.
En su recurso, la exfiscal solicitó que se anule el proceso disciplinario y la sanción, que se le reponga en el cargo de Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación, debiendo reconocérsele las remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo que surtió efectos la sanción de destitución.

Sin embargo, en primera instancia, el recurso fue declarado infundado por el Décimo Juzgado Constitucional de Lima.
En apelación, el pasado mes de mayo, la Tercera Sala Constitucional de Lima anuló la decisión de primera instancia y ordenó un nuevo pronunciamiento, alegando que carecía de sustento legal y no se había fundamentado las motivaciones para rechazar la pretensión.

En esta demanda, Benavides Vargas cuestiona que no se le siguió un debido proceso, ya que la exintegrante de la JNJ, Inés Tello, hizo público el informe que proponía su destitución, el mismo día en que el Congreso la inhabilitó para el ejercicio del cargo público (decisión que posteriormente fue anulada), y que no se aceptó la abstención por decoro de lo exintegrantes de la JNJ, María Zavala y Guillermo Thornberry.
Actualmente, el juzgado constitucional tiene pendiente emitir una nueva resolución sobre la pretensión de la exfiscal de la Nación.
Además, por este caso, la exmagistrada también ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) solicitando su reposición como fiscal suprema titular en el MP. El TC aún no ha programado la audiencia para escuchar sus alegatos.
Sumado a ello, Benavides Vargas es objeto de otro proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) vinculado a su sindicación como presunta líder de una organización criminal que habría operado al interior del Ministerio Público y el operativo “Valkiria V”.
Dicho proceso, que se inició en 2023, luego de denunciarse la existencia de una presunta red criminal integrada por alto funcionarios del Ministerio Público, la misma que habría buscado interferir en las votaciones del Congreso de la República; con el objeto de que se designe como Defensor del Pueblo a Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, se inhabilite del cargo a la fiscal suprema a Zoralda Ávalos Rivera, y, se remueva a toda la Junta Nacional de Justicia.

Benavides Vargas, a cambio, habría anunciado el archivamiento de denuncias penales seguidas contra parlamentarios y se habría comprometido a seguir trabajando a futuro con ellos, pues al lograr la designación de nuevos integrantes de la JNJ, que favorecieran su exclusión de las investigaciones disciplinarias seguidas en su contra, aseguraba su permanencia en el cargo hasta el año 2025.
Cabe indicar que, a raíz de una decisión del Tribunal Constitucional, los procesos disciplinarios “inmediatos” que se encontraban en la JNJ, debían ser reconducidos a procesos disciplinarios ordinarios o previstos en su norma.
Este caso también ha sido llevado ante el TC, que también tiene pendiente analizar la demanda promovida por Benavides Vargas.