JNJ: Las claves del informe del Congreso que desestima las imputaciones contra sus miembros

La Comisión de Justicia, presidida por Janet Rivas (Perú Libre), debate este miércoles 18 de octubre desde las 11:45 a.m. un informe que desestima las imputaciones hechas por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Además, dicho documento recomienda que se les exhorte a evitar pronunciarse sobre investigaciones en otros poderes del Estado.

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El informe, al que tuvo acceso El Comercio, recuerda que Chirinos presentó el pasado 24 de agosto una moción de orden del día para que el grupo de trabajo liderado por Rivas realice una investigación sumaria a los miembros de la JNJ “por causa grave, conforme al artículo 157 de la Constitución”. La iniciativa fue aprobada por el pleno del Congreso el 7 de septiembre.

Fue así como la representación nacional dio luz verde para que la Comisión de Justicia realice una pesquisa de 14 días contra la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, y los magistrados Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello por pronunciarse, en mayo pasado, contra el juicio político y antejuicio al que fue sometida la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos

Además, que se investigue una supuesta intromisión de Tumialán, De la Haza y Zavala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Congreso de inhabilitar a Ávalos del ejercicio de la función pública por cinco años. El pleno adoptó el acuerdo con 84 votos a favor, 22 en contra (que vinieron de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Perú Bicentenario y Acción Popular) y siete abstenciones.

Con su iniciativa, Chirinos busca la destitución de los siete integrantes de esa entidad, a quienes acusa de utilizarla como una “herramienta política”. Su moción contra la JNJ sostiene cinco presuntas “faltas graves”. Estas son: el comunicado del pleno en el que pidieron al Congreso “reflexionar” su decisión sobre la eventual destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos; supuestas presiones al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y a otros jueces supremos para que estos también se pronuncien sobre ese caso; la interpretación de las normas de la junta respecto a la edad máxima para seguir como miembro de la JNJ; la no presentación de sus informes de gestión anuales al Congreso; y la filtración del supuesto sentido de un informe sobre una indagación a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El pasado 21 de setiembre, el pleno del Poder Legislativo otorgó a la Comisión de Justicia del Congreso 14 días más para culminar su investigación sobre las supuestas faltas graves en las que habrían incurrido los miembros de la JNJ.

De acuerdo con el informe, la investigación de la Comisión de Justicia tuvo como objetivo determinar “con claridad y distinción si hubo causa grave en los hechos descritos en la Moción de Orden del Día 7565, presentada por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas”.

Asimismo, subraya que, como parte del proceso indagatorio, se citó a la congresista Patricia Chirinos y de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, en compañía de sus respectivos abogados.

También se invitó a los jueces supremos del Poder Judicial del Perú, Cesar San Martin Castro y Elvia Barrios Alvarado, en calidad de testigos. Así como, la periodista María Teresa García. Además, se escucharon las opiniones de los abogados especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Penal: Walter Albán Peralta, Beatriz Ramírez Huaroto, Mario Amoretti Pachas y Cristian Salas Beteta. Otro participante fue el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume Fortini.

Asimismo, se recogieron las declaraciones de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El informe también da cuenta que, el pasado 21 de septiembre, los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia tuvieron la oportunidad de oralizar sus descargos.

El documento subraya que en la moción presentada por Chirinos “se acusa a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia por el contenido del comunicado de fecha, 23 de mayo de 2023″. “No obstante, de acuerdo a los descargos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la doctora María Amabilia Zavala Valladares y el doctor Guillermo Santiago Thornberry Villarán no suscribieron ese comunicado, por lo que corresponde se archive la investigación, de este punto, con respecto a los mencionados”.

“Por ello, la valoración de los hechos se hará solo respecto de los otros cinco miembros: Imelda Julia Tumialán Pinto, Alejandro Vásquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Antonio Humberto de la Haza Barrantes e Inés Tello Valcárcel. Para abordar la valoración de este hecho tendremos que referirnos a los estándares internacionales y nacionales sobre el equilibrio de poderes y la libertad de expresión”, dice.

El informe, que se votará este miércoles, califica de “innecesario” el comunicado que hicieron referidos miembros de la Junta Nacional de Justicia respecto al caso de Ávalos “porque en ningún momento se vulneró el derecho fundamental” de la ex fiscal de la Nación y “en el supuesto contrario, le correspondería al fuero judicial definir la supuesta vulneración de derechos fundamentales, no al órgano encargado de ratificar y nombrar jueces”.

“Entonces, si bien, el comunicado es inadecuado porque pretende que los congresistas detengan sus decisiones y reflexionen sobre un caso en proceso; yendo al caso hipotético, resultaría inconcebible que, por ejemplo, el Congreso de la República emita un comunicado en el cual llama a la reflexión de los miembros de la Junta Nacional de Justicia con respecto a la investigación de un caso determinado y a favor de una persona. Sin embargo, eso no significa que sea una causa grave, ya que, el efecto no tuvo una injerencia alguna en el proceso”, resalta el documento.

El informe señala que el comunicado de la JNJ no “causó efecto en el proceso” que derivó en la inhabilitación de Ávalos. Por tanto, “el hecho descrito” en la moción de Chirinos “no encaja en el concepto de causa grave”.

En ese sentido, el hecho planteado por la legisladora de Avanza País es “desestimado”, “pudiendo recomendarse mayor mesura a los miembros de la Junta Nacional de Justicia a fin de que no se repita este tipo de comunicados que confunden a la población y debilita la imagen de las instituciones públicas”.

Asimismo, respecto a la supuesta intromisión de Antonio Humberto de la Haza Barrantes, Imelda Julia Tumialán Pinto y María Zavala Valladares ante los miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor Ávalos, señala que “no es posible determinar la existencia de causa grave; puesto que, luego del análisis de los hechos y las declaraciones de los involucrados, la información difundida por medios periodísticos “no genera el mínimo de certeza requerido, toda vez que, no existe medio probatorio alguno que permita corroborar su veracidad”.

Como se recuerda, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, negó que haya recibido presiones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o de otros jueces supremos para emitir un pronunciamiento a favor de la fiscal suprema Zoraida Ávalos frente a la inhabilitación que le impuso el Congreso.

También indica que le corresponde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales determinar si los miembros de la JNJ cometieron infracciones a la Carta Magna.

Finalmente, el documento recomienda que este informe sea aprobado y debatido por el pleno del Congreso y que se “exhorte a los miembros de la Junta Nacional de Justicia evitar pronunciarse sobre casos particulares y procesos que son ventilados en el fuero de otro poder del Estado”.

Tras conocerse el informe de la Comisión de Justicia, la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una nueva moción para encargar otra indagación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Así lo anunció en su cuenta de X (antes Twitter).

“No podemos desfallecer en nuestra lucha por una verdadera justicia para nuestros compatriotas. La Junta Nacional de Justicia continúa defraudando al país, incumpliendo con sus deberes constitucionales e incurriendo en causas graves. Así lo demuestra el informe de la Contraloría que da cuenta de irregularidades en el proceso de selección de la autoridad de control de la Fiscalía de la Nación. Por eso, he presentado una moción que amplía la investigación que se viene llevando a cabo. Permanezcamos firmes y recuperemos la confianza de los peruanos en su sistema de justicia”, escribió.

Por su parte, Héctor Ventura (Fuerza Popular) calificó como un “intento de blindaje” el informe de la Comisión de Justicia.

“Vulneran su reglamento, vulneran la constitución, adelantan opinión sobre casos que tienen en curso. Cuestionable decisión de la Comisión de Justicia. Como miembro titular, adelanto mi voto en contra del informe”, expresó.

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Para el constitucionalista Erick Urbina, este informe debe ser aprobado por el pleno del Congreso. Asimismo, consideró que la Comisión de Justicia “hizo bien” al determinar que la JNJ “no cometió falta grave” al pronunciarse sobre el caso Ávalos.

“Ciertamente hubo un tipo intento de injerencia, pero esta no se realizó. Finalmente, indica que esto debe ser visto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales , donde hay ya un proceso”, expresó.

De otro lado, el constitucionalista y especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi opinó que la investigación a los miembros de la JNJ fue “saludable” porque “ningún funcionario debe estar exento del control político”.

“Lo que demuestra el informe es que hubo ruido político innecesario y temores infundados. Según el informe no hay una causa grave, pero lo interesante es que no los absuelve de un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió.

Finalmente. Rospigliosi explicó que si el informe es aprobado por mayoría en la Comisión de Justicia pasará al pleno, donde decidirán si le dan luz verde o lo mandan al archivo.