JNJ: Peras al olmo, la columna de José Carlos Requena

Para evaluar los resultados de lo que va siendo la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no debe obviarse una característica central del proceso: el apuro. Como se recuerda, a inicios de julio del 2018 estalló el escándalo hoy conocido como CNM-audios, una serie de arreglos y componendas al interior de lo más alto de la administración de justicia.

El caso, originado en una pequeña pero importante corte judicial –la del Callao–, reveló un complejo entramado de relaciones y favoritismos que llegaban al hoy disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encargado constitucionalmente de la selección y nombramiento de jueces y fiscales, así como de su ratificación o destitución.

►Subcomisión aprueba informe que recomienda destituir a Pedro Chávarry
►César Hinostroza presentó recurso de súplica contra su extradición en España

Es dudoso que la situación que pasaba la corte del Callao sea distinta a la de los otros 33 distritos judiciales. Pero la cercanía del puerto a la capital y el hecho de que involucre, por primera vez, a prominentes miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de los actores judiciales, hizo que el escándalo adquiriera preocupación nacional.

Con la premura con la que suele actuar el presidente Martín Vizcarra, se conformó una comisión especial, encabezada por el embajador Allan Wagner, para formular recomendaciones en materia judicial. La comisión se creó el 13 de julio y tuvo 12 días para emitir su informe final. Se esperaba que Vizcarra tomara algunas de esas recomendaciones en su primer mensaje a la nación, algo que –efectivamente– hizo.

La Comisión Wagner recomendó una reforma constitucional, de manera que se modificaran los artículos 155 y 156. El nuevo CNM se denominaría JNJ y sería conformada por siete miembros titulares y siete suplentes, elegidos por concurso público. Dicha competencia estaría a cargo de una comisión especial, presidida por el defensor del Pueblo.

La reforma sugerida se aprobó en el Congreso el 18 de setiembre del 2018 y ratificada en el referéndum del 9 de diciembre. El 1 de febrero del 2019, el Congreso votó la ley orgánica de la JNJ, promulgada por el presidente el 19 de ese mes.

La ley orgánica estipula los problemáticos plazos y procedimientos que hoy hacen que se tenga un concurso con evidentes falencias. La sola idea del concurso público de méritos, aún muy popular, trae la complicación de ser una opción no necesariamente persuasiva para los profesionales que se espera que postulen.

Si a ello se agrega que solo se tienen seis meses para concluir el proceso de selección, contados desde el 9 de mayo en que concluyó la convocatoria, el panorama no es muy alentador. Cualquier solución con los rígidos márgenes de la ley, dará resultados muy parecidos.

Como se sabe, solo 3 de los 104 postulantes que tomaron la prueba de conocimientos pasó la primera de las cinco etapas del proceso. La pregunta cae de madura: ¿de dónde saldrán los otros 11 miembros de la JNJ que faltan?

Se quiso solucionar en breve plazo, y con un marco muy rígido, un problema de gran complejidad. Si las condiciones se mantienen, los resultados seguirán siendo los mismos.