El congresista Joaquín Dipas de Fuerza Popular se suma a la lista de parlamentarios con sentencia de prisión efectiva junto a Benicio Ríos y Edwin Donayre. (Foto: Congreso de la República)
El congresista Joaquín Dipas de Fuerza Popular se suma a la lista de parlamentarios con sentencia de prisión efectiva junto a Benicio Ríos y Edwin Donayre. (Foto: Congreso de la República)
Redacción EC

El congresista (), rechazó este viernes la sentencia a cinco años de prisión dictada en su contra por el delito de colusión, dijo que no tiene responsabilidad en los cargos que se le imputan y adelantó que apelará la medida.

"Soy respetuoso de las decisiones judiciales. No tengo responsabilidad alguna en los cargos que se me imputan. La resolución judicial en mi contra es en primera instancia y me asiste el derecho de apelar para una reconsideración de la justicia", escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Joaquín Dipas fue sentenciado en primera instancia por el juez Jorge Luis Sánchez Ramírez, del Juzgado Penal Unipersonal de Kimbiri-Vraem, de Ayacucho, a cinco años de prisión por el delito de colusión.

Según la sentencia, se habría aprovechado de su cargo de alcalde del distrito de Pichari para aprobar ilegalmente la exoneración del proceso de adquisición de tres hectáreas de terreno para la construcción de un laboratorio de biotecnología en Pichari en el 2008.

"Me someto al debido proceso tal como lo he estado haciendo sin valerme de mi inmunidad parlamentaria", insistió el parlamentario de Fuerza Popular.

El magistrado también dictó cinco años de prisión contra tres ex regidores de la gestión de Dipas, quien renunció al cargo para ser candidato al Congreso.

"Como todo ciudadano, ejerzo mi derecho a una doble instancia, esperando que se haga una valoración más exhaustiva de las pruebas presentadas, asistiéndome la presunción de inocencia, derecho constitucional de todo ciudadano", expresó el legislador.

El juez que condenó al congresista ordenó la ubicación y captura del legislador, todo esto mientras se desarrolla una polémica entre el Legislativo y el Poder Ejecutivo por el archivo de un proyecto de ley que propone cambios a la figura de inmunidad parlamentaria.