El segundo despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos pidió 36 meses de impedimento de salida del país contra el exsecretario de Fuerza Popular (FP), Joaquín Ramírez, el exdirigente de dicha agrupación política, Pier Figari; y otros investigados en el marco del Caso “Alas Peruanas”.
El segundo despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos pidió 36 meses de impedimento de salida del país contra el exsecretario de Fuerza Popular (FP), Joaquín Ramírez, el exdirigente de dicha agrupación política, Pier Figari; y otros investigados en el marco del Caso “Alas Peruanas”.
En su requerimiento, la fiscal adjunta Milagros Sierra Cerrón advierte que existen no solo elementos de convicción, sino “peligro de fuga” y “obstaculización” de la investigación.
El también alcalde de Cajamarca es investigado por los presuntos delitos de fraude en la administración de personas jurídicas y lavado de activos, imputado de hacer conversiones y transferencias de dinero ilícitas; además de haber realizado presuntos aportes ilícitos a la campaña electoral de Keiko Fujimori.
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Según la fiscalía, Ramírez sería parte de una presunta organización criminal compuesta por tres brazos, en los que Fujimori Higuchi y Figari se encontrarían ubicados dentro del “brazo político”, cuyo papel habría sido otorgar blindaje político, a través de propuestas legislativas para impedir que se crearan instituciones que supervisen a las cooperativas y a las universidades dirigidas por Ramírez, de forma que la presunta red criminal pueda seguir subsistiendo.
El requerimiento fiscal será analizado por el juez Víctor Zúñíga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, el próximo 22 de julio a las 8:30 de la mañana, en una audiencia presencial.
“Existe un alta probabilidad de condena”
En su requerimiento, la fiscalía ha presentado alrededor de veinticinco documentos para sustentar seis presuntos actos ilícitos de fraude, y otros atribuidos a Ramírez Gamarra. Además, de otros 20 documentos sobre el presunto delito de lavado de activos.
En mayo pasado, la fiscalía se desistió de un anterior requerimiento de impedimento de salida del país ante la exigencia del Poder Judicial para sustentar el presunto delito de lavado de activos.
De otro lado, la fiscalía sostuvo que la medida busca asegurar el cumplimiento del proceso judicial, así como la particiación del encausado.
En esa línea, remarcó que al atribuirse un concurso real de delitos (sumatoria de penas), existe la alta probabilidad de que el exdirigente fujimorista sea condenado.
“Sobre la prognosis de la pena para el procesado Reber Joaquín Ramírez Gamarra, conforme a los hechos y delitos formalizados en su contra, así como los suficientes elementos de convicción que acreditan su participación en los delitos indicados, existe una alto grado de probabilidad de condena”, anotó.
La fiscalía señaló entonces que la posible pena superaba los tres años exigidos por la norma, puesto que el delito de fraude procesal se sanciona entre 1 y 4 años de cárcel, mientras que lavado de activos entre 10 y 20 años de cárce; y organización criminal entre 8 y 15 años de cárcel.
Sobre el peligro de fuga, la fiscalía señaló que Ramírez Gamarra cuenta con la facilidad para salir del país, no solo por sus continúos viajes al extranjero, sino que además, tendría “personas y/o contactos en Estados Unidos y Brasil” y la capacidad econímica para hacerlo.
Para ello, presentó un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) que sustentarían las vinculaciones y transferencias hacia empresas ubicadas en dichos países.
Presentaron una carta del Departamento de Justicia-Asuntos Internacionales de Estados Unidos, que atribuía una propiedad al investigado, en el condado de Broward, a través de una empresa (Capricornio Import SAC).
“Siendo necesario aclarar que el propósito de esta medida aparte de asegurar la presencia del procesado en el país, es también evitar la reiteración delictiva que el imputado utilizaría, respecto al mismo modo para desviar su dinero maculado al exterior, conforme habría estado realizando a través de sus empresas. En ese sentido, prevalecería el peligro de fuga.”
Milagros Sierra Cerrón, fiscal para casos de lavado de activos.
Sobre el arraigo familiar y laboral, la fiscalía señaló que si bien no habría intensidad del incumplimiento de estos; la finalidad del impedimento de salida del país es evitar una posible fuga. Añadió que Ramírez puede entrar y salir del país al no haber una restricción judicial que lo prohíba.
La fiscalía señaló que Ramírez Gamarra también podría obstaculizar las investigaciones, teniendo en cuenta que al ser accionista y gerente de diversas empresas podría “coaccionar” a sus trabajadores que también son investigados.
Para sustentar los peligros de fuga y obstaculización, la fiscalía presentó diez elementos de convicción.
Finalmente, la representante del Ministerio Público sostuvo que la medida de impedimento de salida del país, por 36 meses, era idónea y proporcional, atendiendo al grado de complejidad de la investigación, la penas altas que conllevan los delitos investigados y los diversos actos de investigación que se realizarán durante la investigación preparatoria.
Este Diario se comunicó con Julio Rodríguez, abogado de Joaquín Ramírez, quien indicó que se encontraba en una audiencia. Mientras que Madeleine Reyes, abogada de Pier Figari, no respondió hasta el cierre de este informe.
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