Joaquín Ramírez: PJ otorga plazo de diez días a la Fiscalía para concluir investigación por presunto lavado de activos

El Poder Judicial (PJ) otorgó diez días para que el Ministerio Público (MP) concluya la investigación que sigue contra el exsecretario de Fuerza Popular (FP) Joaquín Ramírez y otros investigados, por el presunto delito de lavado de activos, organización criminal y otros.

A través de una resolución, emitida el 7 de julio, a la que accedió El Comercio, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria rechazó un pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos para que se le reponga un plazo de 45 días calendario, a fin de concluir con las diligencias vinculadas a la incautación de los más de 290 bienes que forman parte de la investigación.

Como se recuerda, en abril del 2023 y febrero del 2025, la fiscalía ejecutó operativos de incautación en Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo, en diversos inmuebles vinculados a Ramírez Gamarra y familiares.

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Ahora, concluido el plazo otorgado, la Fiscalía deberá deberá iniciar el análisis del caso para que, en el plazo de ley, se pronuncie solicitando el sobreseimiento o formulando acusación, según corresponda.

“Cumpla el fiscal del caso con emitir la Disposición de conclusión de Investigación preparatoria, en el plazo de diez días bajo apercibimiento de comunicar al Coordinador de Fiscales Superiores en Lavados de activos para que proceda conforme a sus atribuciones, sin perjuicio de remitirse copias a la Autoridad Desconcentrada de control del Ministerio Público en caso de incumplimiento a lo ordenado.”

Margarita Salcedo, juez de investigación preparatoria

La fiscalía había sustentado su pedido de reposición de plazo al señalar que en el 2023, luego de realizarse la primera incautación, la Sala Superior anuló las resoluciones que ordenó la misma y se dispuso que se emitiera un nuevo pronunciamiento.

Lo anterior, sumado a las oposiciones y cuestionamientos que realizaron los investigados, recién se pudo concretar la nueva incautación en febrero del 2025. Ello, añadió, había retrasado las diligencias que debían actuarse producto de la incautación.

Sin embargo, la magistrada Margarita Salcedo remarcó, en su resolución, que la fiscalía ya había obtenido una reposición de plazo por 79 días para que complete las diligencias que habían quedado pendientes dentro de la investigación preparatoria que no se pudieron efectuar por los motivos de la segunda incautación.

El Ministerio Público investiga la existencia de una presunta organización criminal dedicada al delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de los aportes de los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas SA (en adelante ALASPE) con el objeto de obtener ganancias ilícitas (origen ilícito imputado).

Eso les habría permitido realizar actos de lavado de activos mediante la conversión, transferencia y ocultamiento a través de la adquisición de bienes maculados.

La presunta red criminal se encontraría integrada por 14 personas naturales plenamente identificadas, entre ellas la lideresa de Fuerza Popular (FP) Keiko Fujimori.

De igual forma, 30 personas jurídicas, que se habrían repartido diversos roles para la consecución del programa criminal y producto de las ganancias ilícitas habría podido adquirir bienes inmuebles que terminaron constituyéndose en bienes y activos como inmuebles, gasolinera, inmobiliarias, vehículos, aeronaves y simulador de vuelo.