Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones, es acusado de lavado de activos en el Caso Odebrecht. (Foto: Poder Judicial)
Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones, es acusado de lavado de activos en el Caso Odebrecht. (Foto: Poder Judicial)
María Isabel Álvarez

, Edwin Luyo Barrientos y Miguel Navarro Portugal, acusados de lavado de activos en el caso del , podrían quedar en libertad antes de que se inicie el juicio oral en su contra.

La defensa del exviceministro de Comunicaciones y los otros exfuncionarios del segundo gobierno aprista han solicitado que se revoque la extensión del plazo de la prisión preventiva que cumplen desde el 2017 por el Caso Odebrecht. La decisión está en manos de la Primera Sala de Apelaciones Especializada en Crimen Organizado.



El pedido del no cómputo del plazo de prisión preventiva hecho por el fiscal José Domingo Pérez fue aprobado por el juez Richard Concepción Carhuancho en julio pasado, y permitiría que los acusados continúen en prisión hasta el desarrollo del juicio oral.

Jorge Cuba finalizaría la prisión preventiva en setiembre próximo, mientras que para Luyo, el plazo vencería en mayo. En el caso de Navarro, podría salir de prisión en noviembre de este año.

Sin la adición de plazo solicitada por el fiscal Pérez, los exfuncionarios podrían quedar en libertad. La prisión preventiva venció en julio pasado.

—Una apelación más—
El 24 de junio pasado, el fiscal Pérez presentó la acusación en la que solicita penas de 12 años y 11 meses por el delito de lavado de activos para Cuba, Luyo y Navarro, entre otros.

Hasta la fecha, las audiencias para el control de acusación, donde se determinará si el caso pasa a juicio oral, no han comenzado.

Aunque la primera sesión se convocó para el pasado 23 de agosto, el juez Concepción Carhuancho tuvo que suspenderla.

El 11 de junio, el juez declaró procedente que el delito de lavado de activos se procese de forma independiente al delito de corrupción de funcionarios en el Caso Metro de Lima. Por eso la primera acusación fiscal es solo por lavado.

Edwin Luyo apeló esta decisión y la Primera Sala de Apelaciones le dio la razón. Para los jueces, es necesario que el lavado de activos sea acumulado a un delito previo.

Los otros acusados se sumaron a la solicitud para revocar la desacumulación de delitos. Concepción Carhuancho prefirió esperar el pronunciamiento de la sala sobre la apelación para dar inicio al control de acusación.

—Recomendación—
Ante la dilación del proceso y el riesgo de que el plazo de la prisión preventiva termine antes de lo indicado, ayer el fiscal Pérez elevó un informe al coordinador del equipo especial, el fiscal Rafael Vela.

En el documento, Pérez recomienda informar al Órgano Desconcentrado de Control Interno sobre “la presunta responsabilidad funcional del fiscal provincial Trigoso [exjefe del equipo especial] por no haber solicitado el plazo de la prisión preventiva de 36 meses contra los imputados Navarro Portugal, Luyo Barrientos y Cuba Hidalgo a pesar de que se encontraba ante un caso de organización criminal”.

De acuerdo con el informe al que accedió este Diario, Pérez recuerda que Castro solicitó, en el 2017, 18 meses de prisión preventiva, y no 36. Luego, pidió una ampliación por 12 meses.

“Castro Trigoso no hizo el requerimiento de plazo previsto en el artículo 272,3 del Código Procesal Penal, perjudicando con su accionar la actuación del Ministerio Público”, indica.

—Fiscal Castro responde—
Consultado por este Diario, el fiscal Hamilton Castro negó cualquier irregularidad en el requerimiento de prisión preventiva que se planteó hace dos años.

Respondió que la decisión de solicitar 18 meses de prisión preventiva contra Jorge Cuba, Edwin Luyo y Miguel Navarro correspondió a “lo que se consideró la mejor manera de requerir la prisión preventiva”.

“No sé por qué se decidió en ese momento pedir 18 y no 36 meses, pero entiendo que es lo que correspondía en ese momento. Niego cualquier irregularidad en el requerimiento de prisión preventiva", dijo.

"Resulta por demás extraño y sorprendente que, después de más de un año en el conocimiento del caso, el señor Pérez, de pronto, se ilumina y descubre una supuesta irregularidad en el plazo solicitado para la prisión preventiva de los imputados", agregó.

Castro Trigoso sostuvo que en un inicio contó con la versión de Jorge Barata y órdenes de pago de Odebrecht para las investigaciones del Caso Lava Jato. “Con eso es que iniciamos los casos”, declaró.

El fiscal dijo que las atribuciones formuladas por Pérez responden "a su intención de esconder su propia incapacidad para concluir un caso que nosotros dejamos bastante bien avanzado y estructurado, con documentos bancarios incorporados vía cooperación judicial internacional”.