Jorge Merino el día que juró como ministro de Energía y Minas del gobierno de Ollanta Humala. (Foto: Reuters/ Pilar Olivares)
Jorge Merino el día que juró como ministro de Energía y Minas del gobierno de Ollanta Humala. (Foto: Reuters/ Pilar Olivares)
Paolo Benza

Como funcionario público, construyó toda su carrera en torno a la inversión privada en el sector minero-energético. De las privatizadas Centromin y Minero Perú pasó a ProInversión, y allí se quedó hasta que, en los últimos días del 2011, lo llamó para que dirija la cartera de Energía y Minas. En ese puesto, el gobierno impulsaba un proyecto clave: el Gasoducto Sur Peruano.

A principios del 2014, ese ya pintaba como el colofón ideal para su carrera pública. iba a ser concesionado con él como ministro. Y casi todo el proceso de coordinación se había dado durante su gestión. Sin embargo, solo cuatro meses antes de que el gasoducto fuera adjudicado, el presidente le pidió la renuncia. Su lugar lo tomó Eleodoro Mayorga.

“En las últimas reuniones [...] era evidente la tensión entre Humala y Merino, incluso al punto de llamarle la atención en voz alta. Merino más adelante le confesó a [el exministro de Transportes] Carlos Paredes que Humala le había solicitado su renuncia a pesar de que él le pidió que lo dejara terminar la concesión del gasoducto", contó el colaborador eficaz 03-2019 en un testimonio al que El Comercio tuvo acceso.

Hoy Merino es investigado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en el Caso Gasoducto. El equipo especial Lava Jato alega que la normativa que emitió habría creado “condiciones favorables” para que el proyecto fuera adjudicado a Odebrecht, según el documento de formalización de la investigación preparatoria al que también accedió a este Diario.

[Merino] habría formado parte del pacto colusorio en perjuicio del patrimonio del Estado, dirigiendo su conducta funcionarial conforme a lo ilícitamente acordado por la pareja presidencial –Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón– y representantes del grupo empresarial Odebrecht”, dice la disposición. Sin embargo, en la práctica el exministro ya no será tomado como sujeto de investigación.

Esto porque acaba de acogerse a la colaboración eficaz, según información que ha podido confirmar El Comercio. Esto implica que reconoce haber incurrido en delitos en la licitación del gasoducto. Cuando su colaboración sea homologada por un juez, dejará de formar parte de la investigación del caso formalmente. Pero, ¿cómo llegó Merino hasta allí?

Siempre la inversión privada

Cuando se instaló en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Merino ya tenía una larga carrera vinculada a la inversión privada en proyectos del Estado. Entre 1995 y 1998 había sido gerente general de Centromin, empresa pública que aglutinó las operaciones mineras del centro del país durante la dictadura militar. Para entonces, el gobierno de Alberto Fujimori ya había avanzado en su intención de privatizarla.

Entre 1998 y 2002 pasó a ser presidente del directorio, y sumó a sus laborales la jefatura de otra empresa del Estado en privatización: Minero Perú. “Con los adelantos efectuados en el proceso de privatización de Centromin y Minero Perú, las operaciones de ambas se han reducido a un mínimo. En la práctica, se encuentran fusionadas bajo una sola dirección”, dice un estudio del Minem realizado en el 2000.

En marzo del 2002, Merino pasó a ProInversión y allí se quedó diez años, hasta diciembre del 2011. En esa entidad fue miembro especializado del comité de activos, proyectos y empresas del Estado, y jefe de proyecto en asuntos mineros. En la hoja de vida que presentó al Minem, se definió como el “principal responsable de los procesos de inversión privada en el sector minero del país durante los últimos 15 años”.

En enero del 2010, además, comenzó a ser miembro de Activos Mineros S.A.C. Esta es una empresa pública de derecho privado que se encarga de la remediación de pasivos ambientales de la minería y que supervisa la firma de contratos de los nuevos proyectos. Con ese currículum, el 11 de diciembre del 2011 juró como titular del Minem en reemplazó de Carlos Herrera Descalzi. Estuvo en el cargo por más de dos años.

Ministro “de confianza”

En ese puesto, Merino tuvo algunos hitos no vinculados al gasoducto. El 2012, enfrentó una huelga de mineros informales e ilegales en Madre de Dios que terminó con tres muertos. Y al año siguiente tuvo que lidiar con una nueva huelga, esta vez a nivel nacional, en contra del plan de formalización del gobierno para la pequeña minería.

Otro momento clave de su gestión fue la publicación del Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, que lleva su firma. Esta norma allanó el camino para que las empresas puedan modificar sus Estudios de Impacto Ambiental (EIA) apenas mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), sin realizar una nueva ronda de consultas a la población.

El uso de este instrumento ha generado –por ejemplo– el conflicto social que todos los años se activa en la mina Las Bambas, en donde se anuló el mineroducto inicialmente planeado mediante un ITS. En cambio, ahora la mina saca el cobre en camiones y las comunidades que atraviesa la ruta suelen llevar como bandera de sus protestas la incomodidad que ello les genera.

Pero la gestión de Merino es recordada hoy por el Caso Lava Jato. En el 2017, aceptó ante la Comisión del Congreso encargada de investigar esta trama de corrupción que, como ministro, al exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. En aquella oportunidad, aseguró que las reuniones fueron de carácter técnico y negó cualquier acto ilícito durante su gestión.

Hoy la fiscalía dice que Merino –como “persona de confianza" de Humala y la ex primera dama Nadine Heredia– favoreció la adjudicación del gasoducto al consorcio liderado por Odebrecht. Además, indica que promovió que el Estado cofinancie la obra y que habría prolongado indebidamente la “negociación” con Kuntur, su primera concesionaria, cuyo principal accionista era la empresa brasileña.

Pese a haber negado cualquier acto de corrupción en el 2017, hoy Merino se ha acogido a la colaboración eficaz. Como explica el penalista Rafael Chanjan, una condición obligatoria para entrar en este régimen es aceptar haber cometido actos ilícitos. Parte de sus declaraciones como aspirante a colaborador han sido usadas por la fiscal Geovana Mori en el nuevo pedido de prisión preventiva contra Heredia.

Por ejemplo, Merino dice que el abogado de la ex primera dama, Wilfredo Pedraza, le pidió que mienta ante la fiscalía para favorecer a su patrocinada. Según el testimonio, Pedraza le habría pedido “que diga que no tuvo comunicaciones con Nadine Heredia y que no había realizado coordinaciones con ella”. En primera instancia, Merino dice que acató el pedido.

Este Diario intentó comunicarse con el exministro de Energía y Minas para la elaboración de este artículo, pero no respondió a las llamadas.

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