Pérez: "Si se ataca lo avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta"

¿Cómo entiende el pronunciamiento hasta el momento de la Corte Suprema sobre la casación de Keiko Fujimori?

Es un pronunciamiento que está reafirmando la posición que ha venido sosteniendo la fiscalía desde un primer momento. Existe el peligro procesal para que la investigada Keiko Fujimori permanezca en prisión preventiva, ha quedado claro que los elementos y argumentos que presentó la fiscalía en primera instancia, a mi cargo, ratificados en segunda instancia presentados por el doctor Rafael Vela han sido confirmados a nivel de la instancia de la casación. Lo que está en discusión tan solo es si debe ser 36 meses el plazo de la prisión preventiva o un plazo menor de 18 meses.

La Corte Suprema ha ratificado entonces que la orden de prisión preventiva cumple con los requisitos de acuerdo a ley…

Que es legal, que es debida, que es constitucional y que por lo tanto se ha evidenciado el peligro procesal que la fiscalía ha señalado, es decir, la obstaculización clara a la investigación a través de actos de obstrucción que ha desarrollada la investigada Keiko Fujimori.

¿Considera que es un triunfo de su despacho y una derrota judicial para Keiko Fujimori?

Yo no quiero hablar de triunfos ni derrotas, lo único que quiero señalar es que hay un reconocimiento a los argumentos del equipo especial.

Finalmente la sala no tomó en cuenta la opinión del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, quien se pronunció en contra de la prisión preventiva...

Ha quedado totalmente descalificada la actuación del fiscal supremo porque presentó argumentos señalando que no correspondía un mandato de prisión preventiva a través de un informe escrito que no fue a sustentar oralmente. Pretendió interferir en el normal desarrollo de este proceso presentando ese dictamen que no tenía ningún asidero.

¿Ocurre como dice el fujimorismo que el Poder Judicial ha cedido a algún tipo de presión?

Lamentablemente quienes están siendo investigados y de quienes estamos descubriendo crímenes de corrupción y lavado de activos van a plantear una defensa común. Estamos viendo que salen determinados operadores que con algún interés están tratando de desprestigiar el trabajo de la fiscalía y ahora de los jueces que no favorecen a esos intereses oscuros. Incluso hoy (viernes) vemos al fiscal supremo Tomás Gálvez cuestionando decisiones del Poder Judicial amparando pedidos del Ministerio Público. Nunca hemos visto en nuestra vida democrática que un fiscal supremo salga a descalificar a los jueces. Es una situación que nos está demostrando que las organizaciones criminales utilizan diversos tentáculos para afectar la autonomía de la fiscalía y los jueces.

La orden de 36 meses de prisión preventiva fue dada en octubre pasado, ¿hoy el contexto es el mismo para insistir en el mismo plazo?

Soy del criterio que el plazo debe ser de 36 meses porque estamos ante una organización criminal. Espero que el nuevo juez supremo llamado a votar también comparta este criterio. Es una investigación compleja, no es una investigación sencilla, implica diversos actos de investigación y si queremos llegar a la verdad, que nos permitan ese plazo, no para solo investigar, luego de ser el caso se tendrá que acusar y llegar a un juzgamiento y durante ese desarrollo tenemos que cautelar el proceso.

Si finalmente Keiko Fujimori permanece en prisión con una orden de 18 meses, hasta abril de 2020, ¿usted podría presentar su acusación antes de que venza ese plazo?

El equipo especial se traza metas de trabajo y esperamos cumplir con la investigación en el debido plazo, no puedo asegurar una fecha determinada, pero sí que se den las condiciones para poder llevar a cabo la misma, una de ellas es cautelar los fines del proceso. Ese ha sido el criterio que ha considerado la Corte Suprema.

¿Qué elementos faltan para cerrar el círculo de la investigación y que se presente una acusación? Se tenía previsto que sea este año…

Y aún no acaba el año. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible, estamos ya en una actividad de investigación un poco más científica, seguimos recibiendo el testimonio de diversas personas, pero tampoco olvide que el juez Concepción Carhuancho fue retirado de este caso a pedido de la defensa, ahora tenemos un nuevo juez, pero a él también lo han recusado. Hay actos que están dificultando el normal desarrollo de la investigación. Si realicé un pedido de 36 meses es porque se justificó, dentro de la estrategia de investigación este puede variar, pero el plazo de 36 meses no es solo para investigar, sino poner a la persona para el cumplimiento de las otras dos etapas que estarían pendientes, de ser el caso: intermedia y juzgamiento.

En el TC ya existe un habeas corpus, ¿teme que corra la misma suerte que el que presentó Ollanta Humala y Nadine Heredia? Finalmente son casos muy similares…

Usted bien lo ha dicho, tiene circunstancias similares en las modalidades criminales que se está investigando. Estaremos a la expectativa, confiamos que debe haber un respeto a la justicia. No me imagino una decisión distinta por parte del máximo intérprete de la constitución, que sea discordante con la posición de tres instancias de la justicia ordinaria, ¿Cuáles serían los aspectos que podría considerar el Tribunal Constitucional que se ha afectado las garantías de la investigada, si esto ha sido objeto de análisis, de revisión, de casación por parte de los jueces?

Si Keiko Fujimori y los otros investigados salen de prisión antes de lo previsto, ¿esto aún significaría un riesgo para su investigación?

El peligro de obstaculización subsiste, es una investigación contra una organización criminal, y no hay que ser ingenuos en lo que implica ello. Dentro del contexto de investigaciones contra organizaciones criminales, estas utilizan diversas aristas para frustrar el papel de los agentes de la investigación. Hemos puesto a disposición de los jueces los testimonios de personas que se han visto afectadas porque se buscó alterar la manifestación de lo que había sucedido en la realidad, hemos visto la intromisión de abogados que han buscado que testigos den una versión falsa, hemos presentado los chats de La Botika, donde congresistas hablaban de la interferencia a la fiscalía, también la cercanía o vinculación de jueces o fiscales sindicados por su pertenencia a los cuellos blancos con estos grupos de investigados. El peligro de obstaculización persiste, y esperemos que podamos cumplir con los fines de la investigación.

La defensa de Keiko Fujimori señala que la prisión preventiva contra su defendida está sustentada en el testimonio de un solo testigo protegido...

La tesis que plantea la abogada de Keiko Fujimori no es cierta, la Corte Suprema ha indicado que se está dando los elementos para que los investigados permanezcan presos. Da alegaciones que no son consecuentes con los actos de investigación, incluso ella está implicada como investigada por haber obstruido la investigación. Es absurdo pensar que por la manifestación de una persona se dicta la prisión preventiva, eso no es cierto.

-Sobre el acuerdo con Odebrecht-

En su informe sobre Odebrecht, el fiscal Rafael Vela solo considera investigaciones preparatorias y no preliminares, pero ¿estas no son también investigaciones? ¿Por qué no fueron consideradas?

En el proceso de colaboración eficaz se hace una recopilación de toda la data de investigaciones o procesos respecto a las personas que están sometidas al proceso de colaboración eficaz. Si en la investigación preparatoria no ha sido incorporada la empresa Odebrecht, no podemos hablar que hay una investigación contra ella. Pero usted me dirá que algún fiscal en alguna parte del país consideró que la empresa debía ser investigada preliminarmente. Eso lo habrá plasmado en una teoría fáctica, pero legalmente el estadio es la investigación preparatoria. Podemos tener discrepancias, interpretaciones, podemos entender una decisión administrativa distinta, pero dejemos que el órgano jurisdiccional resuelva esta controversia. Lamentablemente se está aprovechando esta cláusula para atacar la eficacia del acuerdo de colaboración eficaz.

¿Entonces el informe del doctor Vela se trata de una interpretación de acuerdo a ley?

El doctor Rafael Vela ha sido víctima de un ataque incesante en estas semanas por haber defendido un instrumento como la colaboración eficaz que está señalada en la ley. Él ha procedido dentro del marco de la legalidad. ¿Quiénes están interesados en que el acuerdo con Odebrecht fracase? Todos los que se van a ver involucrados. Y llama la atención que esta semana, el mismo día que se recaba información que implica a un ex alto funcionario del gobierno, un funcionario como el procurador Amado Enco presente una denuncia contra el procurador ad hoc descalificando el proceso de colaboración eficaz, ¿qué busca el señor Amado Enco? ¿Qué intereses entonces estaría tratando de favorecer?

¿Para usted cuál es la motivación de esta denuncia?

No es oportuna, se publicó el acuerdo hace algunas semanas, se tuvo conocimiento del desarrollo del proceso de colaboración este año e incluso el año pasado, y el señor Amado Enco no mencionó nada al respecto, pero en la semana donde Jorge Barata va a declarar precisamente respecto a una obra que ha involucrado a un ex alto funcionario del gobierno, presenta una denuncia. A mí me preocupa esta actuación, sobre todo porque esto puede perjudicar las investigaciones y procesos.

Está pendiente el informe la Procuraduría ad hoc sobre las investigaciones a Odebrecht. ¿Cree que el procurador Jorge Ramírez se pronuncie en sentido contrario a lo manifestado por la Fiscalía?

Él va a proceder de acuerdo a su criterio, basado en los análisis técnicos de su grupo de trabajo y esperamos que cualquier decisión que sea, finalmente pueda determinar una solución a esta controversia que se ha originado. El contexto en el cual nos encontramos es inaudito, sorprendente, no visto anteriormente, que un procurador denuncie a otro procurador. Entonces no sé si esta circunstancia de la denuncia que ha interpuesto Amado Enco provoque alguna respuesta en el informe que tenga que evacuar Jorge Ramírez.

Es muy probable que la jueza tenga la última decisión sobre el reembolso, si lo niega, Odebrecht puede retroceder y no seguir colaborando. ¿Se ha planteado ese escenario?

No me pongo en ningún escenario que no esté dentro del marco de la legalidad y entiendo que la magistrada va a actuar en ese contexto. Sería una situación donde hubo un triunfo de quienes buscaban la impunidad y que finalmente los casos no lleguen a instancias estelares, como un juzgamiento. Si eso sucediera sería desafortunado para la lucha anticorrupción, pero esperamos que ello no suceda.

Si Odebrecht se niega a continuar con sus obligaciones, ¿quién pierde más, la empresa o el estado peruano?

De no lograr la condena de estos crímenes de corrupción, quienes nos vemos perjudicados somos los ciudadanos. Para mí estamos en un momento decisivo, hay varios fiscales que están arriesgando su ejercicio funcional, su entorno familiar. Pero si se ataca lo que se ha avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta.

Además, si la empresa y los exejecutivos dejan de cumplir con lo acordado, ellos pueden ser procesados…

Son las consecuencias que señala la ley.

¿Cuál es el balance que hace sobre las últimas diligencias en Brasil con Jorge Barata y Ricardo Boleira?

Ha resultado aceptable. Se había proyectado dos jornadas de trabajo dentro de la ejecución del acuerdo de colaboración, pero tuvimos que reducir la jornada de trabajo a un solo día, esto significa que aún hay más documentación que tenemos que recabar. Por eso que tenemos que estar más firmes en la defensa de los intereses que buscan la averiguación de la verdad respecto a la labor que viene cumpliendo el equipo especial.

¿Barata y Boleira pudieron decodificar todos los codinombres a los que ustedes como fiscalía han tenido acceso?

En su mayoría, sí. Hay información que está pendiente, las 12 horas que estuvimos en Sao Paulo no fueron suficientes.

¿Los colaboradores firmaron actas aceptando su culpabilidad en obras fuera del acuerdo?

Eso se va a conocer conforme se vayan desarrollando las investigaciones como consecuencia de esas declaraciones de culpabilidad.

Gracias a los últimos interrogatorios se ha pudo conocer que César Villanueva habría recibido 60 mil dólares, ¿se le va a abrir investigación al congresista?

Es la consecuencia lógica, ante una sospecha inicial tiene que venir una investigación.

Es el paso que sigue…

Es el paso siguiente dentro del marco de un proceso penal.

Villanueva ha desmentido a Barata, ¿existe la posibilidad de que el colaborador haya dado información no precisa sobre esto?

¿Qué investigado hasta el momento de los que ha ocupado un alto cargo ha reconocido su crimen? Los colaboradores están sometidos a estas obligaciones, ellos saben cuáles son las consecuencias de dar una información que no sea cierta. No hemos viajado a Brasil para obtener una información, sino que teníamos información que debía ser decodificada, no hemos ido para obtener simplemente una versión, sino para complementar la información que ya tenía el equipo especial.

Odebrecht dio el nombre de Villanueva a raíz de que tuvo que aceptar culpabilidad en esa obra para proteger el dinero de Chaglla. ¿La empresa también pudo haber incurrido en ilícitos en otras obras fuera del acuerdo?

Me parece que es una premisa que no es tan cierta, lo cierto es que la empresa tiene que darnos la documentación. La plana ejecutiva que desempeñan los actuales cargos, no es la misma que cometió los actos criminales, la información que se maneja en el servidor incautado por la procuraduría brasileña tenía información de todos los países donde intervino la caja 2 y son de varios años. Tenemos que seguir persistiendo en la entrega de mayor información, este proceso de colaboración es progresivo y continuo.

¿El caso del Gasoducto Sur y las otras obras en las que Odebrecht se ha declarado culpable, van a ser incluidas en el acuerdo mediante adenda?

Esta colaboración progresiva puede implicar eso, pero no sé si con esos términos (adenda), la ley señala “acuerdo”, dentro del mismo trámite o en otro trámite. Una vez que resuelva eso, tengo que tener la aprobación judicial.