Pérez señala que nuevas conversaciones de La Botica refuerzan tesis fiscal

El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial para el caso Lava Jato, señaló que las nuevas conversaciones del chat La Botica —reveladas el último fin de semana por "Panorama"— respaldan la tesis de su despacho respecto de la situación de Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular. 

"Son situaciones que vienen corroborando la tesis del Ministerio Público que ha planteado y que simplemente reafirma el por qué se impuso una medida de prisión preventiva contra la investigada, Keiko Fujimori", dijo ante la prensa.

José Domingo Pérez brindó declaraciones luego de acudir a las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para reclamar ante las demoras en la atención a la orden judicial para trasladar fuera del penal Castro Castro a Jaime Yoshiyama y a Pier Figari.

"Mi presencia acá refuerza la tesis de que se sigue obstaculizando el normal desarrollo de una investigación", reiteró el fiscal con relación al caso Keiko Fujimori.

En las conversaciones difundidas por "Panorama" y que se habrían registrado en julio del 2018, Úrsula Letona, entonces vocera de Fuerza Popular, pedía a sus colegas "garantizar" que Pedro Chávarry asuma el cargo de fiscal de la Nación pese a las críticas en su contra.

"Tenemos que garantizar que Chávarry llegue", escribió la legisladora, seguido por: "Y que en el PJ no asuma [el juez supremo César] San Martín. Quiere entrar en reorganización".

Tras la difusión de este chat, Úrsula Letona aseguró que solo se trataba de direcciones políticas y no órdenes para respaldar o blindar al ex fiscal de la Nación. "En mi condición de vocera del partido, trasladaba instrucciones políticas a miembros de la bancada para mantener una línea política", declaró a Canal N.

Cabe recordar que, en el marco del proceso por lavado de activos que involucra a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, la fiscalía considera que en dicho partido se conformó una organización criminal paralela y que los chats de La Botica evidencian una presunta protección a implicados en hechos de corrupción en el sistema judicial.