José Jerí: Fiscalía buscó en Palacio de Gobierno contratos y copias de videos ¿qué otras diligencias realizó?

El equipo del Ministerio Público (MP) estuvo encabezado por el fiscal adjunto supremo Ramón Flores Ñañez y los fiscales José William Bustamante Rafael y Ana Karina Manrique Farfán. Todos adscritos al despacho de la Fiscalía de la Nación.

Fuente de El Comercio señalaron que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, también dispuso que el grupo de trabajo se constituya hasta las instalaciones de la Casa de Pizarro para recabar copia de las imágenes de video-vigilancia de la Casa de Pizarro.

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“Fueron para recabar los documentos de los contratos de las señoritas y en la tarde fueron por las imágenes de las cámaras de Palacio”, explicaron las fuentes.

Dichas actuaciones, indicaron, forman parte de las diligencias fiscales que se realizan contra Jerí Oré, por las contrataciones y/o designaciones de Ledy Vela, Rubiel Beraun, Violeta Beas, Fiorella Melgarejo, Alicia Camargo, Sheyla Briones, Susana Gutiérrez, Rossmary Malpartida, Rosa Rueda e Hilda Zapata.

Personal de la Policía Contra la Corrupción (Dircocor-PNP) también participó de la diligencia en Palacio de Gobierno.

Como se recuerda, las mencionadas se reunieron con Jerí Oré, algunas de ellas permanecieron hasta altas horas de la noche en las instalaciones de Palacio de Gobierno; y posteriormente a dichas reuniones se le otorgó contratos de servicios y algunas fueron designadas en diversos puestos de oficinas adscritas al despacho presidencial.

Por ello, las imágenes de los videos de Palacio son necesarias a fin de verificar la permanencia y desplazamiento de las personas que se reunieron con el exmandatario y cuyos contratos son objeto de investigación.

Todas ellas, cabe remarcar, han sido citadas a declarar como testigos, entre el 23 y 27 de febrero, ante la Oficina del Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

En este caso, el censurado expresidente es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado.

Palacio de Gobierno señaló a El Comercio que se entregó la información requerida y todo lo que había quedado “pendiente” de entregar.

“Es parte de las diligencias, tanto por el tema de las contrataciones y las que quedaron pendientes”, indicaron brevemente.

De otro lado, las fuentes consultadas por este Diario confirmaron que entre hoy jueves y el viernes estarán enviando al Poder Judicial (PJ) el requerimiento del levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones de José Jerí Oré.

Precisaron que la defensa del investigado, hasta ayer miércoles, no había alcanzado a la FN ningún informe sobre el registro de llamadas que anunció públicamente.

La citación para que Jerí Oré rinda su declaración por este caso, hasta el momento, está programada para el próximo 2 de marzo a las 14:30 horas. Debido a que cesó en el cargo presidencial, el investigado deberá acudir hasta las instalaciones de la Fiscalía de la Nación.

Jerí Oré rindió una primera declaración ante la FN, pero por la investigación que se le sigue por las reuniones no registradas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, así como las visitas de estos últimos a Palacio de Gobierno.

En este caso, el vacado exmandatario es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

En este caso, las empresas de Zhihua Yang tienen contratos con el Estado, mientras que Ji Wu Xiaodong, esta vinculado a una investigación por presunta organización criminal dedicada al tráfico de madera de la Amazonía Peruana.

El Comercio buscó la versión de Ricardo Caldas, abogado de Jerí Oré, pero señaló que se encontraba en diligencias. Al cierre de este informe no volvió a brindar una respuesta.

El abogado penalista Daniel Jurado, sostuvo que de acuerdo a la sentencia 00006-2024-CC del Tribunal Constitucional (TC), el Ministerio Público (MP) puede continuar desarrollando las diligencias necesarias tras la destitución del expresidente, José Jerí.

Recordó que la referida sentencia, en su fundamento 172, señala que una vez que se concluya el período presidencial, la fiscalía realizará diligencias que no podía realizar cuando el mandatario estaba en funciones.

Y es que, dijo, el TC estableció un límite para el Ministerio Público sobre ciertas diligencias que eran “más invasivas y limitativas de derecho”, a fin de que la Presidencia de la República tenga un tratamiento privilegiado en función al cargo que se ostentaba, las funciones y atribuciones; y por lo tanto se le había protegido con dicho “blindaje legal”.

Sin embargo, anotó el abogado, una vez que cesa en el cargo, es posible que el Ministerio Público efectúe las diligencias que impliquen medias restrictivas de derechos, allanamientos, levantamiento del secreto bancario y comunicaciones, requerimiento de información forzada, incautaciones, y tomar declaraciones al investigado las veces que sea necesario sin ninguna limitación.

“Los temas vinculados a los ciudadanos chinos, los temas vinculados al presunto tráfico de influencias o negociación incompatible por el contrato de profesionales femeninas en el Despacho Presidencia, todas las diligencias deben realizarse sin limitación y ahora sí se encuentra habilitado todo acto de investigación que sea restrictivo de derecho. Medidas limitativas de derecho, entre allanamientos, incautaciones, levantamiento de secreto bancario, del secreto de comunicaciones e incluso un eventual impedimentos de salida del país que el fiscal ha indicado que lo puede evaluar en determinado supuesto.”

Daniel Jurado, abogado penalista

Sin embargo, Jurado señaló que para un eventual pedido de prisión preventiva debe formalizarse la investigación preparatoria y para ello tiene que existir, previamente, una denuncia constitucional de parte de la Fiscalía de la Nación.

“En el tema de altos funcionarios tiene como presupuesto; que exista una acusación constitucional ante el Congreso de la República. En el nuevo Congreso, la Cámara de Diputados hace suya la acusación y la Cámara de Senadores será la que autorice. En ese escenario sí podría proceder una prisión preventiva, lo cual no veo muy cercano”, indicó.