José Jerí impulsó fórmula legal que beneficiaría a constructoras

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La propuesta fue presentada inicialmente, en agosto del 2024, por el congresista Elvis Vergara (Acción Popular) y planteaba autorizar ajustes contractuales ante “caso fortuito o fuerza mayor”. Jerí tomó un rol más protagónico al remitir un oficio a la Presidencia del Congreso solicitando su adhesión formal al proyecto de ley. En diciembre de ese año, la iniciativa fue aprobada por la Comisión de Economía, presidida por Ilich López (Acción Popular). Jerí votó a favor.

En junio del 2025, al sustentar la propuesta ante el pleno, Ilich López citó el caso del aeropuerto internacional de Chinchero, al que describió como “una obra con años de retraso” y con dificultades presupuestales. Pese a ello, el proyecto no alcanzó los votos.

El coautor de la iniciativa, Luis Aragón (Acción Popular), solicitó una reconsideración, que quedó a la espera. También lo hizo César Revilla (Fuerza Popular). Pese a las movidas, a inicios de noviembre, el Legislativo rechazó los pedidos de reconsideración y la iniciativa pasó al archivo.

Semanas después, una disposición con la misma fórmula del proyecto rechazado fue incorporada en la Ley de Presupuesto 2026. La medida no había sido considerada en el dictamen de la Comisión de Presupuesto, sino que fue incluida durante el cuarto intermedio del debate en el pleno del Congreso, en el que participaron los ministros del gobierno de Jerí. La norma fue promulgada días más tarde con la firma del presidente Jerí.

La inclusión de esta cláusula flexibiliza lo dispuesto un año antes en la Ley de Presupuesto 2025, cuando se estableció que los contratos de Gobierno a Gobierno debían ejecutarse sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El exministro de Economía Luis Miguel Castilla explicó que la disposición aprobada altera las condiciones bajo las cuales se adjudicaron contratos que ya están en marcha. “Cuando se habilita la renegociación de montos hacia atrás, para contratos ya firmados, se está cambiando el factor de competencia con el que esos proyectos fueron adjudicados”, advirtió. En su opinión, esta facultad termina beneficiando al contratista que ya ganó la obra, al darle un marco legal adicional para solicitar mayores recursos, algo que no existía cuando presentó su propuesta inicial.

Para el exministro, introducir este tipo de cambios a través de la Ley de Presupuesto –una norma que debe aprobarse obligatoriamente– reduce la transparencia.

En línea similar, se manifestó el economista Armando Mendoza. “Justamente la idea de los contratos Gobierno a Gobierno era evitar estar haciendo constantes negociaciones. Se suponía que te garantizaban una estabilidad, pero lo que estamos viendo es que incluso ahí se están abriendo espacios para modificar montos sin que queden claros los límites”, sostuvo.

El proyecto del aeropuerto internacional de Chinchero, en Cusco, podría verse beneficiado con esta disposición. El contrato para la ejecución de las obras fue suscrito en el 2021, dentro del período comprendido por la norma aprobada.

La obra, a cargo de la empresa coreana Hyundai Engineering & Construction, registra retrasos acumulados y, según información del Ministerio de Economía, el proyecto ha reconocido una insuficiencia presupuestal en el 2025. En ese contexto, la nueva disposición podría permitir la renegociación del monto contractual del proyecto.

En los últimos días, se conoció que el presidente Jerí recibió, en diciembre del 2025, en Palacio de Gobierno a Tae-Sung Om, apoderado de Hyundai Engineering & Construction, y realizó días después una visita técnica a las instalaciones del futuro aeropuerto. El Comercio buscó la respuesta del Ejecutivo, pero no hubo respuesta.

Unidad de Investigación