Allanan 23 inmuebles de personajes vinculados a José Jerí ante “un patrón sistemático de direccionamiento de contrataciones y designaciones”

Por ello, ordenó el allanamiento de los inmuebles de 23 personas tras declarar fundado el pedido de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, según una resolución a la que accedió El Comercio.

La medida fue dictada contra Ledy Guadalupe Vela Ramírez, Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva y Violeta Emperatriz Beas Otero, sindicadas amigas de Jerí Oré y presuntas beneficiadas de contratos y órdenes de servicio.

También incluye a Benito Roberto Villanueva (ex secretario general presidencial); Luis Álvaro Solorzano Yabar (ex subsecretario genera y actual Jefe de Gabinete de Asesores Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social); y Magali Meza Mundaca (Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación).

Ademas el operativo alcanza a Hernán Piero Cuba García (ex jefe de la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial); Royer Azañero Álvarez (ex jefe de Jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial); y Yazmín Ivonne Meléndez Fiestas de Galdo (ex integrante del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo del Despacho Presidencial) y otros.

“Autorizar la medida restrictiva de búsqueda de prueba y restricción de derechos de allanamiento el mismo que comprenderá el registro domiciliario (de ambientes interiores y demás dependencias cerradas como vehículos), con descerraje en caso de negativa o ausencia de personas en los bienes inmuebles o mueble.”

Juzgado de Investigación Preparatoria

En este caso se investiga a los no aforados (personas que no son altos funcionarios). Sin embargo, por los mismos hechos, el expresidente José Jerí Oré es investigado ante la Fiscalía de la Nación.

La fiscalía anticorrupción, a cargo de la fiscal Roxana Espinoza, realiza la investigación por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias, luego de conocerse que las jóvenes habrían visitado Palacio de Gobierno durante la gestión de Jerí y, posterior a ello, recibieron órdenes de servicio o fueron designadas en puestos en el Despacho Presidencial y los ministerios de Producción, Educación y Ambiente, así como Essalud.

La medida de allanamiento -ejecutada la madrugada del viernes- incluye el registro domiciliario y personal, así como la incautación de los bienes vinculados a la investigación.

El juzgado ordenó además el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones. Esto permitirá a la fiscalía realizar distintas diligencias mediante la visualización y extracción, así como monitoreo o grabación (vía su reproducción, copiado o traslado a otro dispositivo), de información o data digital (grabada o que son registros de comunicaciones telefónicas, radiales, internet o de cualquier otra forma de comunicación).

Todo ello en las especies incautadas, como teléfonos móviles, tabletas, computadoras, laptops, USB’s, discos externos, entre otros, así como redes sociales vinculadas cualquier dispositivo tecnológico y otros similares.

“El allanamiento garantizará la preservación, incautación y aseguramiento de evidencia digital altamente volátil, especialmente mensajes de WhatsApp, archivos ‘vista una vez’, historiales de llamadas, capturas, conversaciones eliminadas, registros de operaciones financieras, así como documentos o soportes que sustenten la simulada ‘influencia constitucional’ ofrecida.”

Juzgado de Investigación Preparatoria

Según el documento judicial, el Ministerio Público señaló que habrían existido acciones y conductas que permiten sostener la comisión de actos de diversos funcionarios con posible connotación delictiva en la contratación de las proveedoras Ledy Guadalupe Vela Ramírez, Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva y Violeta Emperatriz Beas Otero.

Tras analizar los hechos presentados por la fiscalía, el Juzgado de Investigación Preparatoria consideró que “se sustentan en un patrón de direccionamiento de contrataciones y designaciones”, cuya materialización se habría producido a través de coordinaciones informales, comunicaciones digitales, intercambio de archivos y registros electrónicos.

“En ese sentido, existen indicios razonables de que en los domicilios y espacios bajo control de los investigados se encuentran bienes, dispositivos electrónicos, documentación física y digital, así como registros de comunicaciones, tales como mensajería instantánea, correos electrónicos, historiales de llamadas, archivos digitales, versiones preliminares de documentos y demás información relevante, que permitirían acreditar la existencia de coordinaciones previas, direccionamiento funcional y vínculos entre los intervinientes.”

Juzgado de Investigación Preparatoria

Por ello, consideró “razonable” considerar que los investigados guardan cosas relevantes y además que los elementos de convicción evidenciarían “hechos de apariencia delictiva (direccionamiento a favor de la contratación de las investigadas y la participación en la contratación)”.

Señaló que se justificaba autorizar las medidas de allanamiento, registro personal y domiciliario e incautación pues allí se podrían encontrar bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, como documentos, equipos celulares, anotaciones o diversos bienes que permitan conocer si estos se interesaron indebidamente en la contratación de las investigadas Vela Ramírez, Beraún Rojas, Beas Otero, Melgarejo Sánchez, y Camargo Leyva, “que se habría dado como resultado del presunto direccionamiento o intervención de Jerí Oré”.

“Se trata de un conjunto de actuaciones que no tienen un valor aislado o autónomo, sino que, por el contrario, agrupados suponen un conjunto de conductas que, de manera concatenada, denotarían un interés indebido y decisión común de lograr las contrataciones de Vela Ramírez, Beraún Rojas, Beas Otero, Melgarejo Sánchez, y Camargo Leyva (se verifica que las contrataciones de las investigadas vienen precedidas de visitas realizadas a Jerí Oré como Presidente de la República (…)”, precisó.

El PJ concluyó que el allanamiento y la incautación busca evitar que la información recabada no sea alterada o eliminada.

“De esta forma, el Ministerio Público podrá allanar y registrar cada uno de los inmuebles descritos e incautar todo aquello relacionado con la presunta comisión del delito de negociación incompatible, conforme al marco fáctico referido a la contratación de las investigadas, durante finales de 2025 e inicio de 2026, lo que permitirá esclarecer los presuntos hechos ilícitos”, indicó el juzgado.

De acuerdo al documento judicial, la solictud de la fiscalía sostiene que diversos investigados habrían incurrido en el presunto delito de negociación incompatible, previsto en el artículo 399 del Código Penal.

Según la tesis fiscal, anota el juzgado, se habría desplegado “un patrón sistemático de direccionamiento de contrataciones públicas y designaciones funcionales” en distintas entidades del Estado (ministerios de la Producción, Ambiente y Educación, así como Despacho Presidencial y EsSalud).

“Del análisis de los elementos de convicción recabados, se advierte que los investigados, en el ejercicio de sus funciones, habrían intervenido de manera reiterada en procesos de contratación y designación, orientando indebidamente tales decisiones a favor de determinadas personas, a través de la emisión de requerimientos, elaboración de términos de referencia, validación de perfiles, otorgamiento de conformidades, tramitación de pagos y formalización de actos administrativos.”

Juzgado de Investigación Preparatoria

Los elementos fiscales fueron admitidos por la judicatura para autorizar la medida de allanamiento, incautación y levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Defensa de Jerí sorprendido por allanamiento

Ricardo Caldas, abogado de Jerí Oré rechazó la mención de su patrocinado en la resolución que ordena el allanamiento.

Sostuvo que no conoce el contenido del documento judicial, pero consideró que no debía haber un pronunciamiento sobre el fondo de una investigación en curso.

Remarcó que Jerí no se encuentra comprendido en la carpeta fiscal donde se dispuso los allanamientos. Su patrocinado, confirmó luego, viene siendo investigado por estos hechos ante la Fiscalía de la Nación.

“Al margen que no participamos de esta investigación, porque mi cliente no se encuentra investigado en esta carpeta fiscal, pero me sorprende una medida de tal tipo, un despliegue tan grande de recursos personales, económicos, de esfuerzos, cuando creo que el país tiene problemas más serios.”

Ricardo Caldas, abogado de José Jerí

El abogado consideró que se investiga presunta negociación incompatible, que es un delito que tiene un trámite procesal y no se estila realizar allanamientos.

Dijo que como abogado, junto a su patrocinado, respetan y confían en el Ministerio Público y, en esa línea, han colaborado con las investigaciones.

Sin embargo, insistió en que se encuentra sorprendido que la Fiscalía Provincial Anticorrupción que ejecuta el allanamiento, pida o realice este tipo de acciones frente a un delito de negociación incompatible cuando esto -dijo- se acredita de manera documental.

Por ello, calificó de “extraño” que dicho despacho fiscal realice la diligencia en la coyuntura actual y no descartó que tenga “un interés distinto que solamente aclarar la verdad”.

“Mi cliente y yo, como defensa, confiamos en la institución del Ministerio Público y de sus autoridades, pero no estamos muy de acuerdo y nos llama mucho la atención el comportamiento de algunos despachos de manera puntual, como el despacho que ha llevado a cabo esta medida de allanamiento ¿Qué pretendían hacer con toda esta intervención, qué pretendían encontrar que ya no tuvieran?”, cuestionó.

Finalmente, precisó que su patrocinado ya declaró ante la Fiscalía de la Nación por estos hechos en la investigación que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencia.

Además, indicó que se ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones y bancario en otra investigación que se sigue en la Fiscalía de la Nación por las reuniones no registradas con los empresarios chinos chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Indicó que su patrocinado no se opone a las medidas solicitadas por la FN, siempre que sean objetivas.

Muestra de ello, dijo Caldas Fernández, es que ya se le levantó el secreto bancario dentro de la investigación que se sigue contra Jerí Oré por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“¿Qué proporcionalidad tendría solicitar eso cuando ya han pasado cuántos meses? En la carpeta fiscal donde mi cliente es investigado, la mayoría de las personas que hoy (viernes) han tenido el allanamiento han participado como testigos y han declarado y han dicho que no han tenido comunicación con mi cliente (…) La fiscalía provincial, ese despacho está realizando acciones que para nosotros vulneran los derechos de esos investigados y de mi cliente, porque mi cliente no figura como investigado allí, pero todo lo que están haciendo allí le va a repercutir. Y lo mencionan, qué opción tenemos de defendernos allí, ninguna”, añadió el abogado.