José Luna Gálvez: ¿Por qué la fiscalía pide prisión preventiva para el líder de Podemos Perú?

Lo último que se sabía de Luna Gálvez en el ámbito partidario era que se encontraba con licencia en sus funciones como presidente de Podemos Perú. Él mismo hizo el anuncio en octubre del año pasado luego del allanamiento fiscal en once inmuebles, entre ellos su vivienda. Esto en el marco de la investigación por lavado de activos, colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias en la que él, el exalcalde capitalino Luis Castañeda Lossio y otras 17 personas se encuentran incluidas en torno al Caso Lava Jato.

Aquella vez, Luna difundió un pronunciamiento público señalando que había solicitado licencia “hasta que la verdad esclarezca mi situación legal y prevalezca la justicia”. Incluso Daniel Urresti, cabeza de la lista de candidatos al Congreso en Lima, aseveró a inicios de enero en Canal N que en ese momento, el líder del partido era él. “José Luna está con licencia indefinida hasta que se solucionen sus problemas, él no va a regresar al partido”, acotó.

Sin embargo, casi cuatro meses después, Luna hizo acto de presencia en la sede del Ejecutivo para señalar que su licencia venció el día de las elecciones parlamentarias, el pasado 26 de enero. Su reaparición, además, se da en un contexto aún más complicado respecto de su situación legal, y no en los términos que él había anunciado. Y es que sobre el también exsecretario general del partido Solidaridad Nacional, su exaliado Luis Castañeda Lossio y la exfuncionaria edil Giselle Zegarra Flores pesa un pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva.

Se trata de un requerimiento más gravoso en contraste con la orden judicial de impedimento de salida del país que actualmente se encuentra vigente contra ellos y otros investigados. ¿Pero cuáles son los argumentos de la fiscalía para requerir tal medida contra José Luna Gálvez y cuál sería el papel de este en la presunta organización criminal que habría encabezado Luis Castañeda Lossio?

1. La recepción de dinero de OAS

El primer delito que la fiscal María Salazar Paiva, del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, imputa a José Luna Gálvez es el de lavado de activos, con el agravante de que perteneciendo a una organización criminal presuntamente liderada por Luis Castañeda Lossio habría ejecutado actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, así como transporte y traslado de dinero ilícito procedente de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht. Ello con el fin de darles una apariencia legal.

En cuanto a OAS, los hechos datan del año 2014, cuando Luna era secretario general y jefe de campaña de Solidaridad Nacional para las elecciones municipales. Según la fiscal, el también excongresista habría recibido en un local de la universidad Telesup, de su propiedad, “dinero cuyo origen ilícito debía presumir”, por una suma de US$480.000.

Precisa que de manera directa, en tres oportunidades distintas, en tres sobres manila y sin utilizar el sistema financiero nacional recibió los montos de parte de Martín Bustamante, exhombre de confianza de Castañeda y también investigado.

2. La recepción de dinero de Odebrecht

En cuanto a Odebrecht, en el mismo contexto de la campaña electoral, se le imputa el haber acudido al domicilio de Bustamante en Miraflores para recibir de este US$100.000 o US$120.000 “proveniente del acto de transferencia realizado” por este último.

Luego, de acuerdo a la imputación, Luna procedió a ingresar el dinero al sistema económico nacional a través de falsos aportantes para la campaña del 2014 y otros actos.

Bustamante, aspirante a colaborador eficaz, es quien ha declarado que “gran parte del dinero ilícito aportado” por OAS y Odebrecht para la campaña de Castañeda fue entregado na Luna para diversos gastos de campaña. Asimismo, hay diversos testimonios, registros partidarios y actas de allanamiento entre los elementos de convicción de la fiscalía.

3. Operador de una presunta organización criminal

El segundo delito que se le imputa a José Luna Gálvez es el de asociación ilícita para delinquir, en calidad de autor, puesto que habría constituido y promovido una organización criminal que, del 2014 al 2016, cometió diversos delitos.

Dicha organización, considera la fiscalía, incurrió en tráfico de influencias, colusión agravada, negociación incompatible y lavado de activos en el marco de las elecciones por la alcaldía de Lima del 2014 y la concesión del proyecto Línea Amarilla y afines, obra que fue propuesta de Castañeda Lossio.

En esa línea, se señala a Luna como “uno de los operadores económicos” de la organización criminal.

4. Peligro de fuga y de obstaculización de la justicia

En cuanto al peligro procesal, la fiscalía sostiene que si bien Luna ha presentado documentación para acreditar su arraigo familiar, tiene capacidad económica y facilidad para abandonar el país, “situación que resultaría peligrosa en la medida que el factor económico le permitiría pasar a la clandestinidad”. Asimismo, señala que el impedimento de salida del país que actualmente pesa sobre él es una medida insuficiente.

Respecto al arraigo laboral, se cuestiona que Luna pretenda acreditarlo mediante documentación de la Escuela Internacional de Posgrado S.A.C., empresa fundada por él mismo en la que ejerce los cargos de presidente del directorio y gerente general. Esto, para el Ministerio Público, debilita el arraigo que el investigado refiere.

La situación de Luna en Podemos Perú también es mencionada. Se considera que aunque José Luna Gálvez haya pedido licencia en el partido, su labor como presidente de la agrupación en modo alguno constituye arraigo laboral.

En tanto, la fiscalía advierte peligro de obstaculización de la justicia debido a que Luna se habría comunicado con una testigo de la investigación a fin de persuadirla para que no rinda su declaración. También, se da cuenta del hallazgo de un currículim vitae de la hija de un testigo propuesto por la fiscalía, durante el allanamiento al domicilio del investigado, así como de documentos contables personales de Luis Castañeda Lossio, lo que “permite concluir que ambos investigados estaban organizando la posición de defensa que tendrían frente a los cargos que se les formulan”.

5. Las penas contempladas

La fiscalía plantea una pena de entre 13 años y 4 meses a 16 años y 8 meses por el presunto delito de lavado de activos.

Por el delito de asociación ilícita para delinquir, se propone una sanción de entre 10 años y 4 meses a 12 años y 8 meses de cárcel.

Asimismo, se precisa que en este caso se aplican las reglas del concurso real de delitos, que establece la sumatoria de penas.

6. Los descargos de Luna y la posición desde Podemos

Tras participar de la reunión con el presidente Vizcarra, José Luna declaró a la prensa que su partido ha acordado que “no va a haber blindaje para nadie” y dijo estar a disposición de la fiscalía, y a dar la cara.

“Yo no tengo nada, ni a mí me van a acusar de ladrón, coimero o cobarde. Por eso estoy acá. Yo ni conozco a los brasileños, a OAS ni he estado trabajando en el municipio ni nada parecido”, aseveró. Sobre Castañeda Lossio, manifestó: “Él tendrá que resolver su problema, pero yo no he participado en nada, no he ido a la municipalidad, no conozco a ningún brasileño, ninguno me señala, no tengo nada que ver. Por eso es que estoy total y absolutamente tranquilo”, añadió.

En tanto, Daniel Urresti, quien encabezó la lista de Podemos Perú en Lima, insistió ante la prensa respecto a la labor de la bancada: “Nosotros no vamos a blindar a nadie, no vamos a mover un dedo ni a decir ni una sola palabra en defensa del señor Luna”.

Mientras tanto, se está a la espera de que el Poder Judicial convoque a la audiencia en la que se evaluará el pedido fiscal contra José Luna Gálvez, cuya situación ya ha empezado a evidenciar discrepancias al interior de la futura bancada de Podemos Perú. Por un lado Daniel Urresti aseguró a RPP que el líder del grupo es él y que no habrá blindaje; por otro, Enrique Wong respondió que el partido responde a su comité ejecutivo.