Josué Gutiérrez: Las investigaciones fiscales que rodean al Defensor del Pueblo

Sin embargo, dichas situaciones se habrían convertido en un patrón y por ello, de acuerdo a documentación obtenida por El Comercio, el Ministerio Público (MP) viene investigando la designación y contratación de personal sin contar con los requisitos necesarios.

Incluso, el mismo Gutiérrez Cóndor también es objeto de investigación por haber realizado asesorías a un municipio, presuntamente, sin contar con los requisitos que exigía dicha labor.

Como se recuerda, el Congreso de la República eligió a Gutiérrez como Defensor del Pueblo en mayo del 2023, con los votos de Fuerza Popular (FP) y Perú Libre (PL).

Antes de ello, se había desempeñado como asesor parlamentario de PL y abogado de Vladimir Cerrón, fundador de dicho partido.

También estuvo vinculado al desaparecido Partido Nacionalista Peruano- liderado por el expresidente Ollanta Humala- siendo elegido congresista por la agrupación del 2011 al 2016.

En su hoja de vida también suma haber participado como integrante de la comisión de transferencia del Ministerio de Comercio y Turismo de la gestión del vacado y sentenciado exmandatario, Pedro Castillo.

A continuación, algunos casos que se encuentran en curso ante el Ministerio Público y su situación actual.

En mayo del 2026, el segundo despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios -Fiscalía Anticorrupción en adelante- dispuso iniciar investigación por la designación de Betbiary Mariel Díaz Coral - en el cargo de confianza- de Jefe del Programa del Derecho a la Salud de la Adjuntía para la Administración Estatal. Su designación, entonces, fue firmada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez a través de la Resolución Administrativa 097-2024-DP.

Junto a ella, la investigación incluyó a José Antonio Flores Centurión, quien se desempeñaba como Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo.

Desde entonces, la Fiscalía Anticorrupción los investiga por el presunto delito de negociación incompatible puesto que, la beneficiada Díaz Coral no habría cumplido con los requisitos para asumir el cargo al que fue designada.

Pese a ello, en junio del 2026, el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, haciendo uso de su prerrogativa para designar a personal de confianza, la ascendió y reubicó en el cargo de adjunto de la Adjuntía para el Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo.

Según la documentación fiscal, las indagaciones preliminares iniciaron en enero del 2026, pero, en ese momento, no se había identificado a los implicados.

Y, en abril del 2026, la Procuraduría Anticorrupción adjuntó al despacho fiscal el Informe específico Nro. 003-2025-2-0680-SCE en el que se detectaban “Hechos con evidencia de irregularidad practicado en la Defensoría del Pueblo”.

Por ello, en mayo, la fiscalía identificó a los primeros investigados y dispuso la continuación de las diligencias.

De acuerdo a la investigación, los hechos se circunscriben al año 2024, cuando Betbiary Mariel Díaz Coral fue designada como jefa del Programa del Derecho a la Salud de la Adjuntía para la Administración Estatal dando como válida experiencia que “no se encontraba acreditada ni guardaba correspondencia con las funciones del cargo” que iba a asumir y validando tiempo que “no concuerda con el consignado en los documentos presentados” por la investigada.

En el caso de José Antonio Flores Centurión, de acuerdo a la fiscalía, emitió un informe donde consignó como experiencia de la beneficiada los cargos de “Coordinadora en la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos” y “Responsable de Recursos Médicos” del SAMU, pese a que los documentos del legajo de Díaz Coral no acreditaban ni la duración, ni las funciones a las que fue asignada.

Además, habría consignado que su co-investigada había permanecido 3 años, 2 meses y 15 días en el primer cargo, cuando los documentos sólo acreditaban 7 días.

Y, en el segundo cargo, habría consignado 1 año y 10 días de experiencia, cuando la documentación sólo precisaba la fecha de inicio mas no la de término.

“Expuestos así los hechos, preliminarmente, respecto de José Antonio Flores Centurión, es posible calificar las conductas antes citadas, en condición de autor y como cómplice a Betbiary Mariel Díaz Coral, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública-Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo.”

Fiscalía Anticorrupción

Betbiary Mariel Díaz Coral no brindó sus descargos para este informe, pese a nuestra solicitud.

José Antonio Flores Centurión señaló que no haría comentarios. “Por motivos de reserva de la información no realizaré ninguna declaración sobre el tema a algún medio periodístico”, señaló.

Otra investigación que se encuentra pendiente en el Poder Judicial (PJ) se vincula a seis órdenes de servicio, emitidas entre 2023 y 2024, a favor del hoy funcionario Ayrton Hernán Carretero. Todo ascendió a un pago global de S/139,500.

Posterior a ello, en marzo del 2025 y a través de la Resolución Administrativa Nro. 0031-2025-DP, Carretero Saravia fue designado por Josué Gutiérrez como Asesor I de la Defensoría en 2025 y, actualmente, es encargado del Centro de Estudios Defensoriales de dicha entidad.

Esta investigación, iniciada en 2024, implicó a Karina Yomar Pérez Salazar, José Antonio Flores Centurión, Juan Carlos Gonzáles Hidalgo y Rosa Margarita Chacón Malpartida, funcionarios y exfuncionarios de la Defensoría del Pueblo, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Los investigados, en sus respectivas áreas, invitaron a Carretero Saravia a prestar servicios de “asistencia legal” bajo la modalidad de Teletrabajo (Ley 31572). Incluso, se le remitió la invitación un día antes de que los Términos de Referencia (TDR) con el perfil del puesto, sean elaborados.

“Se tiene que, en mérito a las cuatro primeras órdenes de servicio, el señor Ayrton Hernán Carretero Saravia realizó actividades de naturaleza permanente e, incluso, señala el denunciante, fungía de asesor del Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo (OGDH), por ser una persona cercana al Defensor del Pueblo y Margarita Yahuana-jefa del Área de Remuneraciones de la OGDH”, señaló la fiscalía en la disposición de la Formalización de la Investigación Preparatoria en julio del 2025.

En noviembre del 2025, la Procuraduría Anticorrupción solicitó al juzgado ser constituido como actor civil y requirió que los investigados Pérez Salazar, Flores Centurión Gonzáles Hidalgo y Chacón Malpartida paguen, de manera solidaria, una reparación civil ascendente a S/139,500

Sin embargo, recién en mayo de 2026, el Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso la tramitación de la constitución de la Procuraduría Anticorrupción en la investigación preparatoria.

Y, pese a ello, el 10 de julio pasado, el Ministerio Público, a través de la fiscal anticorrupción, July Rosales, formuló un requerimiento de “sobreseimiento” (archivo) de la investigación.

El juzgado deberá emitir un pronunciamiento sobre dicha postulación de la fiscalía, después de resolver la constitución de la Procuraduría Anticorrupción como actor civil.

Si se decide su constitución -es decir, ser parte del proceso- de la Procuraduría, esta podría solicitar al juzgado que se rechace el pedido de archivo de la investigación formulada por la fiscalía anticorrupción. Debido a ello, la investigación aún no ha sido archivada.

Incluso, el último 3 de setiembre del 2026, el Juzgado de Investigación Preparatoria declaró “fundado” el requerimiento fiscal para declarar “reo contumaz” a la investigada Karina Yomar Pérez Salazar, por no haberse apersonado al proceso pese a que incluso, ha sido notificada a través de familiares directos.

Como se recuerda, Pérez Salazar, quien fue militante de Alianza para el Progreso (APP), fue objeto de informes de SERVIR y de la Contraloría General de la República (Informe N° 019-2023-2-0680-SCE).

En dichos documentos se advertía que Pérez Salazar fue contratada como jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo, luego de que el defensor Josué Gutiérrez Cóndor, remitiera su currículum documentado para su contratación en dicho cargo.

El Comercio solicitó la versión de los implicados. Hasta el cierre de este informe solo respondió José Antonio Flores Centurión, quien indicó que no daría comentarios; mientras que Rosa Margarita Chacón Malpartida no respondió.

En el caso de Karina Yomar Pérez Salazar, llamamos al teléfono consignado por la fiscalía, pero no hubo respuesta. También tratamos de ubicarla a través de las oficinas del IPD (donde laboró) y de la Defensoría, pero indicaron que ya no laboraba allí.

También buscamos la versión del exsecretario General de la Defensoría del Pueblo, Juan Carlos Gonzáles Hidalgo —esposo de la sobrina del líder de Alianza por el Progreso, César Acuña- y quien se desempeña actualmente como Secretario General del Ministerio de Salud (Minsa), pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos su respuesta.

Ayrton Hernán Carretero tampoco respondió a nuestra solicitud para recoger su versión.

Sin embargo, las investigaciones por presuntos beneficios con órdenes de servicio o puestos laborales en la Defensoría del Pueblo no solo son de algunos funcionarios de la institución.

El mismo Josué Gutiérrez es objeto de una investigación , a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Anticorrupción de Lima Este, por el presunto delito de negociación incompatible por haber realizado asesorías, presuntamente, sin contar con los requisitos.

De acuerdo a la documentación obtenida por este Diario, Gutiérrez Cóndor es investigado en su condición de asesor externo para el despacho de alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Antonio; junto a Marisol Ordoñez Gutiérrez, exalcaldesa de dicha comuna.

La investigación fiscal se inició en junio del 2024, cuando Gutiérrez Cóndor ya ejercía el cargo de Defensor del Pueblo, tras una denuncia presentada por la Procuraduría Anticorrupción.

“De la denuncia se desprende que los actos irregulares estarían referidos a que el denunciado Gutiérrez Cóndor, no cumpliría con el perfil requerido, toda vez que no contaría con una especialización en Derecho Municipal y Gestión Pública.”

Ministerio Público en junio del 2024

De acuerdo a los documentos, se habría generado un presunto interés en beneficiar a Gutiérrez Cóndor con órdenes de servicio, entre el 2019 y 2020, lo que habría generado un perjuicio al Estado por la suma de S/18,000.

Ello, debido a que los informes presentados para la conformidad del servicio, de acuerdo a las pesquisas, no se habrían ajustado a los términos de referencia que tenía como requisito contar con “capacitación acreditada y especializada en Gestión Pública”; situación que no habría sido acreditada por Gutiérrez Cóndor.

Sin embargo, un mes después de abrir investigación, en julio del 2024, la fiscalía emitió una disposición señalando que no habían elementos para formalizar investigación preparatoria contra Gutiérrez por el presunto delito de negociación incompatible y falsedad genérica. Es decir, proponía el archivo.

Ante ello, la Procuraduría Anticorrupción solicitó que un fiscal superior revise la actuación del fiscal provincial y anule la decisión de archivo.

Así ocurrió. En 2025, con Resolución Superior Nro. 59-2025-1FSPSJL-DFLE-MPFN anuló la decisión de la fiscalía provincial que buscaba archivar el caso y dispuso que se realice una nueva evaluación de los hechos.

Sin embargo, el pasado 24 de agosto del 2026, el fiscal José Bustíos Ledesma, volvió a señalar que no habían elementos para inferir que los hechos denunciados contra Gutiérrez, configuren delito.

El último 3 de setiembre, la Procuraduría Anticorrupción solicitó que todos los actuados sean elevados al Fiscal Superior para su reevaluación, con la finalidad de que se revoque la decisión ordene que se formalice la Investigación Preparatoria en contra de Gutiérrez Cóndor y otro.

En el sustento del pedido se señala que el contenido de los entregables elaborados por Gutiérez Cóndor eran similares entre sí y no presentaban documentación complementaria para verificar la efectiva realización de los actividades que supuestamente ejecutó.

“Los hechos materia de investigación no se circunscribieron únicamente a determinar si Josué Manuel Gutiérrez Cóndor cumplía formalmente con el perfil exigido, sino que comprenden también el análisis de la necesidad de la contratación, la regularidad del procedimiento seguido, la correspondencia entre los términos de referencia y las prestaciones ejecutadas, la autenticidad y contenido de los informes presentados, la actuación de los funcionarios que otorgaron las conformidades, la procedencia de los pagos efectuados y la eventual existencia de un favorecimiento indebido en la contratación”, señaló la Procuraduría.

Por ejemplo, expresó la procuraduría en su pedido de nulidad, no existe constancia de que alguna dependencia de la municipalidad implicada hubiera invitado al proveedor a cotizar; y tampoco se verifica la existencia de cartas de invitación dirigidas a otros potenciales postores. Lo cual, acotó, sería “un indicio relevante de que la contratación del proveedor habría sido direccionada por la investigada Marisol Ordóñez Gutiérrez.”

Sumado a ello, la fiscalía provincial tampoco habría considerado la inusual celeridad con la que se llevó a cabo la contratación, y se habría advertido una serie de irregularidades, como la falta de sustento para la necesidad del servicio, la entidad municipal no contaba con presupuesto para contratar a un asesor externo, entre otros hechos.

“Si esta definición la trasladamos al caso concreto, tenemos que sí existen elementos de convicción que se han recabado que a este momento permiten dilucidar que estamos frente a un grado de sospecha reveladora y no inicial, por cuanto y conforme hemos ya lo desarrollamos, existen serios indicios de que la investigada Marisol Ordóñez Gutiérrez de forma indebida se habría interesado en la contratación del tercero Josué Gutiérrez Cóndor.”

Procuraduría Anticorrupción

Por todo ello, la Procuraduría solicitó que el superior jerárquico ordene que se formalice la investigación preparatoria y se realicen otros actos para esclarecer los hechos; entre ellos levantar el secreto de las comunicaciones de los implicados, copia de registro de ingreso al municipio, copias fedateadas de los términos de referencia, entre otros actos.

Actualmente, el pedido de la Procuraduría Anticorrupción aún está pendiente de pronunciamiento ante la Fiscalía Superior.

El Comercio solicitó por varios días la versión del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sobre su caso y de los funcionarios mencionados en el informe. Sin embargo, nos requirió acudir a su oficina.

“Usted me fija la hora y la fecha, como hoy (martes) he dispuesto documentación complemetaria, yo le doy los files de todos (los funcionarios); y más allá de la investigación del Poder Judicial o del Ministerio Público, lo que sea, existe el deber de transparentar los documentos que tenemos, del legajo de cada uno. Con eso, mi comentario o de los demás, es irrelevante”, señaló Gutiérrez vía telefónica.

El jueves, día de la reunión, acudimos hasta su despacho; sin embargo no nos atendió. Inicialmente se nos indicó que acudiría a la Comisión de Justicia del Congreso y posteriormente, se nos informó que se encontraba en reuniones con algunos diputados.

Se nos entregó un file donde solo se encontraba un informe referido al caso de la funcionaria Betbiary Mariel Díaz Coral, adjunta de la Adjuntía para el Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo, quien actualmente es investigada por la fiscalía anticorrupción.

El Informe Nro 0473-2026-DP/OGRH señalaba que de la revisión de su legajo, “su designación se ajusta a lo dispuesto por la Ley Nro 31419, Ley que establece disposiciones para garantiar la ideoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción”.

De acuerdo a la hoja de vida, indica el documento de la Defensoría, la funcionaria acreditaba 10 años, 11 meses y 18 días de experiencia a julio del 2024.