El Ministerio de Energía y Minas, actualmente a cargo de Juan Carlos Liu Yonsen, es un sector clave en torno al proyecto gasoducto del sur y un actor fundamental frente a la demanda arbitral iniciada por Odebrecht contra el Estado Peruano, e incluso parte de las negociaciones antes de que la constructora brasileña decidiera adoptar tal medida ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Sin embargo, un informe de “Panorama” reveló este domingo que Liu Yonsen fue, a través de su empresa Conasac, realizó consultorías para Odebrecht. “Prestamos en algunos momentos, algunos servicios a Odebrecht, pero era de naturaleza regulatoria”, reconoció el ministro, aunque en su declaración jurada de intereses no consigna haber brindado tales servicios.
Pero no solo brindó servicios a la empresa brasileña, sino que posteriormente se desempeñó como asesor del ministerio.
De acuerdo a su declaración jurada de intereses, Liu Yonsen fue asesor del ministerio entre el 2010 y 2014. Sin embargo, también fue consultor externo de la misma cartera.
Es así que al finalizar el 2012 se le solicitó a su empresa preparar un informe de evaluación para definir si el proyecto de gasoducto de sur era cofinanciado o autosostenible. “Lo que nosotros en este informe señalamos que esa APP (asociación público-privada) podía ser autosostenible”, explicó al citado dominical, precisando que la elaboración del documento tomó “una semana, algo así”, declaró.
Y como era un informe “urgente” y de “mínima cuantía”, recordó el ministro, la consultoría se decidió sin necesidad de concurso.
“Si ProInversión hubiera estado seguro que el proyecto era auto sostenible y no tenía dudas, de repente hasta hubiera prescindido del informe […] Lo que de alguna manera nosotros evaluamos […] fue si los ingresos que podían provenir de las tarifas, podían cubrir eventuales costos del sistema”, explicó.
El documento se tituló: Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano.
Ese informe que data de diciembre del 2012 fue presentado el 3 de enero del 2013 por el entonces titular del sector, Jorge Merino Tafur, al director de ProInversión. Merino solicitó, además, incorporarlo al proceso que dio origen a la licitación del gasoducto, adjudicado en el 2014 al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que encabezó Odebrecht.
Actualmente, Merino es investigado por colusión por la fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, en el marco de caso gasoducto. Precisamente, entre las imputaciones, se le señala por haber solicitado a ProInversión incorporar el proyecto propuesto en el informe de Liu Yonsen.
“Este informe fue presentado por el ministro como parte de lo que reglamento de la ley de las APP de esa época, señalaba que debía presentarse. El Ministerio de Energía y Minas de la Época, no podía encargar a ProInversión que lleve adelante este proyecto sin el informe que se denominaba en el propio reglamento: informe de evaluación”, detalló.
Un hecho que se relaciona a ese informe se dio el 13 de diciembre del 2012. El Congreso de la República Ley N° 29970 o Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país, norma que permitió financiar trabajados del gasoducto. Dicha norma se derogó en enero del 2017, tras conocerse el escándalo de corrupción de Odebrecht.
El ministro aseguró no conocer a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú. Sin embargo, dijo que durante su gestión se ha reunido con algunos funcionarios de la empresa antes de que esta decida presentar la demanda arbitral, pidiendo US$1.200 millones como indemnización.
Minutos antes de las 11 p.m. se difundió este comunicado del Minem: