Juan José Santiváñez: Los detalles y el camino que seguirá en el Congreso su denuncia contra la fiscal de la Nación

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En el documento enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la parlamentaria María Acuña (Alianza para el Progreso), pide la inhabilitación por 10 años de la fiscal de la Nación.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) acusa a la fiscal de la Nación de infringir los artículos 46 y 47 de la Ley de Carrera Fiscal, por permitir la difusión del requerimiento de su clave de Icloud; así como los numerales dos y cuatro del artículo 159 de la Constitución.

Como se recuerda, la fiscalía investiga preliminarmente a Santiváñez por el presunto delito de abuso de autoridad. Este expediente tiene que ver con un audio atribuido al ministro, difundido en junio pasado, en el que presuntamente pediría al capitán Izquierdo que interceda con el fin de ‘controlar’ a un periodista que criticaba su designación. El ministro ha rechazado que sea su voz.

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En la demanda, el ministro expresó su molestia por la supuesta filtración a la prensa sobre el requerimiento fiscal sobre su teléfono celular y el acceso a su cuenta ICloud.

“Se hizo de conocimiento público la providencia sin considerar que la investigación fiscal debe tener carácter reservado […]. El pedido efectuado [...] denota falta de conocimiento legal por parte de la fiscal de la Nación y/o interés en obtener información sensible de mi persona para realizar un show mediático”, señaló en la denuncia.

“Por tanto, el apartamiento de la actuación fiscal en contravención de su ejercicio funcional constituye un factor que afecta la rectitud en la administración de justicia, como órgano persecutor del delito, y por tanto constituye – directamente – la infracción de lo regulado en el numeral 2° del artículo 159 de la Constitución”, expuso.

“Si iniciamos una investigación fiscal vulnerando derechos y prerrogativas de investigados, quebramos la independencia institucional y la idoneidad en el ejercicio del cargo. Si a ello le sumamos la concurrencia de los elementos subjetivos de la responsabilidad disciplinaria, entonces llegaremos a la conclusión que el servidor público carece de atribuciones para desenvolverse en el cargo desempeñado. En este caso en concreto, el cargo de Fiscal de la Nación por parte de la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela”, añadió.

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Santiváñez remarcó que los ilícitos en los que habría incurrido la titular del Ministerio Público afectan gravemente el orden jurídico y alteran la recta administración de justicia.

“Estas conductas infractoras [...] se cometieron en su actuación como fiscal, en Carpeta Fiscal N° 203-2024, que tiene a su cargo, por mi calidad de aforado. 4.24. Y es que, en la Carpeta Fiscal N° 203-2024, se requirió mediante la disposición N° 12, de fecha 28 de noviembre de 2024, que en un plazo de 48 horas mi persona entregue de manera voluntaria los equipos telefónicos que tuviera en posesión y/o propiedad en los meses de abril a julio del año 2024″, detalló.

Señaló que, en respuesta al requerimiento, su abogado Junior Diego Mendoza Jesús, se presentó al despacho fiscal para hacer entrega del equipo telefónico de marca iPhone y que el celular se encontraba sin clave a fin de facilitar la labor de la fiscalía para la revisión del aparato telefónico.

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Agregó que, posteriormente, el Ministerio Público en el acta de deslacrado de su celular, de fecha 10 de enero del 2025, refirió que no había información en el celular que entregó y que debe entregarse la cuenta de iCloud y la contraseña para que puedan efectuar un respaldo de la información que contiene en la nube.

“Sin embargo, se ha omitido que el equipo telefónico entregado tiene chip virtual, por ello, al momento de cambiar de equipo celular, la información migró a mi teléfono actual”, expresó Santiváñez.

“En base a la actuación ilegal de la fiscalía, se me notificó la providencia N° 70, por la cual se requirió que en un plazo de 48 horas se proporcione mi cuenta personal de iCloud con su respectiva contraseña, así como el chip del equipo celular entregado el 02 de diciembre de 2024 [...] requerimiento que afecta gravemente mi derecho a la intimidad”, añadió.

Remarcó que, el Ministerio Público representando por la Fiscal de la Nación, hizo de conocimiento público la providencia N° 70, “sin considerar que la investigación fiscal debe tener carácter reservado”.

Asimismo, indicó que el pedido efectuado en dicha providencia “denota falta de conocimiento legal” por parte de Espinoza Valenzuela y “su interés en obtener información sensible de mi persona para realizar un show mediático”.

De otro lado, sostuvo que la fiscal no hizo nada ante la filtración de la información.

“Es decir, durante todos estos meses en donde la referida carpeta fiscal ha estado bajo cuidado y administración de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, esta no ha tenido la diligencia ni de resguardar la discreción de los actos practicados en ella, y mucho menos ha iniciado acto alguno para establecer responsabilidades, en el supuesto negado que no hubiera presumiblemente contribuido a su vulneración”.

Por lo tanto, a su juicio, la fiscal habría incurrido en el presunto delito de abuso de autoridad e infracción a la Constitución. Finalmente, cuestionó que las investigaciones en su contra se dividan en dos carpetas, una como aforado y otra como no aforado.

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En diálogo con los medios de comunicaciones, el titular del Mininter defendió su demanda.

“Lo que hemos hecho es interponer una denuncia constitucional por la afectación al artículo 159 de la Constitución, numeral 2 y 4, en lo que refiere a lo que constituye una garantía del derecho al debido proceso y a la violación de todas las investigaciones cuando las hace públicas. Termina un funcionario denunciado e inmediatamente todo está en los medios de comunicación porque la fiscalía lo comparte, aun cuando el artículo 46 y 47 del Ministerio Público indica que las investigaciones son reservadas”, dijo tras una actividad oficial.

Cabe recordar que Santiváñez también ha denunciado a la fiscal Espinoza ante la Junta Nacional de Justicia.

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Los constitucionalistas Erick Urbina y Alejandro Rospigliosi señalaron que la denuncia carece de fundamentos y estimaron que será archivada.

Urbina dijo que Santiváñez “no está siendo víctima de ningún abuso”. No obstante, indicó que corresponde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso dar cuenta sobre la denuncia y elaborar un informe de calificación.

Añadió que, si la denuncia prospera tanto en la SAC como en la Comisión Permanente, pasa al pleno donde necesitará dos tercios del número legal (aproximadamente 67 votos), pero que esto dependerá de la recomendación que se haga en el informe final.

A su criterio, la acusación no prosperará porque el Congreso va a medir mucho este acto y tomar en cuenta que el ministro no goza de la aprobación de la población. No le veo mucho futuro a esta denuncia.

Urbina consideró que la denuncia de Santiváñez, al estar implicado en una investigación, “podría interpretarse como un entorpecimiento de la justicia”.

“Primero denunció a la fiscal ante la JNJ y ahora lo hace ante el Congreso, sobre un proceso en el que ha mostrado poca calidad de cooperación e incluso un entorpecimiento. Es una persona que con su accionar está demostrando que no colabora con la justicia y que busca todos los medios para evitar que lo investiguen”, opinó.

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Para Rospigliosi, se trata de una denuncia que “no tiene razonabilidad, ni proporcionalidad”.

“La fiscal le podrá o no gustar al investigado y, en el último caso, tiene mecanismos dentro del Poder Judicial y la fiscalía para impugnarlos sin llegar a una denuncia constitucional”, dijo.

“En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hay una fila de denuncias que están esperando ser tramitadas, así que en el mejor de los casos será vista por el próximo congreso, con nuevas bancadas, con nuevos integrantes”, aseveró también.

A su juicio, la demanda no prosperará porque “no tiene anclaje constitucional”. “Lo van a rechazar de plano”, advirtió.

“Lo que el ministro del Interior quiere es distraer la atención de la ineptitud de su sector. La fiscal no le ha causado ningún daño. En el supuesto caso de que la denuncia prosperase, cualquier juez constitucional la dejaría sin efecto como pasó con los integrantes de la JNJ”, puntualizó.

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De acuerdo con el artículo 89 del reglamento del Congreso, que establece el proceso de una denuncia constitucional, una vez que se informa (da cuenta) de la demanda, la subcomisión tiene 10 días hábiles para calificarla, es decir, revisar si cumple con los criterios de forma, principalmente que la persona denunciada esté comprendida dentro del artículo 99 de la Constitución.

Si la denuncia se declara procedente en la SAC, esta pasará a la Comisión Permanente en un plazo de 48 horas. Si también prospera en dicha instancia, se otorga a la subcomisión un plazo de 15 días hábiles para investigar y elaborar un informe final.

En esta etapa la SAC nombra a un congresista delegado del caso que se encarga de realizar las pesquisas. Además, se notifica al denunciado sobre el proceso para que formule sus descargos y presente los medios probatorios.

Luego, viene la etapa de audiencias, en esta fase participan todos los involucrados: denunciantes, denunciados, testigos y los integrantes de la subcomisión.

Posteriormente, el congresista delegado elabora el informe final que recomienda si se acusa o se archiva la denuncia. Se debate y se vota en la SAC. Tras ello, el documento se debate se y vota también en la Comisión Permanente. Si prospera en las dos etapas pasa al pleno, que tiene la decisión final.