María Caruajulca insiste en destituir a procurador del MTC que ve caso Silva y pide opinión a Servir

El Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE), que preside María Caruajulca, se reunió la tarde del lunes para discutir la continuidad del procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Ortiz. Tras el encuentro no se llegó a tomar aún una decisión respecto a dicho funcionario, puesto que su caso fue derivado a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Según pudo conocer El Comercio, la cita empezó al mediodía y tomó casi dos horas. Caruajulca y los otros dos integrantes del consejo –Ramón Alcalde y Luis Iglesias, respectivamente representantes del Ministerio de Justicia y de la Contraloría General de la República– se expresaron a favor de la consulta a Servir, aunque la procuradora general mantiene su postura de evaluar y separar a Ortiz.

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Una de las fuentes consultadas señaló que la iniciativa, que habría surgido de Alcalde, consiste en hacer una consulta técnica a Servir respecto de la experiencia de Ortiz para el cargo. No obstante, la decisión final la tomará el consejo directivo acorde al decreto legislativo del 2017 que creó la PGE. Cabe apuntar que, actualmente, está pendiente completar la conformación del tribunal disciplinario de la institución.

La medida se ha tomado pese a que aún no se ha implementado el régimen laboral de la Ley del Servicio Civil para los procuradores. No obstante, ello “no es óbice para que uno eleve en consulta este tipo de situaciones que entrampan la toma de decisiones”, acotó la referida fuente.

Precisamente, el reglamento del decreto indica que “el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, convoca, dirige, supervisa y establece los criterios para el proceso de evaluación y selección de los procuradores/as públicos/as y procurador/as público/as adjunto/as que se encuentran desempeñando el cargo a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1326″.

Además, el decreto legislativo que creó la PGE establece que “se respeta el régimen laboral de los/as trabajadores de las procuradurías públicas, hasta la implementación del régimen laboral regulado por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus normas conexas”.

Y como informó este Diario el pasado jueves, decisiones de Caruajulca han dejado en la incertidumbre el plazo de acción de la Comisión Especial para la formulación de un plan de implementación que busca que las procuradurías públicas de todos los niveles de gobierno sean transferidos –en aras de lograr independencia para sus acciones– a la Procuraduría General del Estado.

Otras fuentes consultadas para esta nota refirieron que la medida es preocupante, “porque Servir no tiene competencia, porque la PGE todavía no ha pasado a ese régimen”.

En tanto, se supo que el consejo directivo espera recibir una respuesta de Servir en estos días. La próxima reunión está prevista para el lunes 4 de julio. Por ahora, Ortiz se mantiene en el cargo.

Caruajulca emprendió las acciones para destituir al procurador del MTC. Ello luego de que este, el 6 de junio último, señalara a “Perú 21″ que se opuso a una conciliación planteada en noviembre del año pasado por un consorcio encargado de una obra en Puno, en la que habrían tenido interés el empresario Zamir Villaverde y el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, validando así parte de lo mencionado en un audio recientemente difundido. El abogado del Estado también ha tomado acciones respecto del Caso Puente Tarata, hecho de corrupción que involucra al propio presidente Pedro Castillo.

Debido a ello, en el entorno de Ortiz se atribuyó a una represalia política el hecho de que dicho procurador sea evaluado en su cargo, el cual desempeña desde el 2019.

En un comunicado la semana pasada, la PGE confirmó el intento por remover a Ortiz, pero argumentando que sus normas disponen el “término automático de las designaciones de procuradores que no cumplan los requisitos”. Asimismo, aseguró que el Consejo Directivo tomará una decisión “en estricto respeto del principio de legalidad y de la normativa vigente”, por lo que rechazó “cualquier especulación sobre hechos ajenos a este procedimiento”.