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Juez que autorizó interceptación telefónica asegura que esta fue legal

Magistrado Cerapio Roque dice que cuando fiscalía solicitó la intervención a teléfonos se desconocía que pertenecían a los jueces César Hinostroza y Walter Ríos

Walter Ríos

El teléfono del  juez del Callao Walter Ríos fue uno de los intervenidos.  (Foto: Poder Judicial).

Archivo El Comercio

El juez Cerapio Roque Huamancondor, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de asuntos de corrupción y crimen organizado el Callao, quien ordenó la interceptación de los teléfonos de los jueces César Hinostroza y Walter Ríos, asegura que su medida fue legal y no ha violado ningún procedimiento.

A través de un comunicado, el magistrado señala que en el momento en que la fiscalía del crimen organizado del Callao solicitó el levantamiento de las comunicaciones de los números telefónicos que fueron intervenidos se desconocían los nombres de sus titulares y los cargos que estos tenían.

El juez indica que los números telefónicos solicitados correspondían, según la fiscalía, a personas, presuntamente involucradas con una organización criminal, conocidas solo con un nombre o un alías. 

La fiscalía pidió intervenir los teléfonos con los cuales los miembros del brazo legal de la banda dedicada al narcotráfico, extorsión y sicariato se comunicaba y que se sospechaba pertenecerían a miembros del sistema judicial que vendrían dando información a la organización.

"En tales requerimientos fiscales se peticionaban sobre números telefónicos involucrados en presuntos actos delictivos y no se señalaban nombres y apellidos de las personas (solo un nombre, sobrenombre y siglas), menos los cargos públicos que ejercían", dice el comunicado.

Se agrega que incluso la fiscalía solicitó a las compañías de telefonía informen los nombres de los titulares de los números comprometidos. 

El juez indica que su despacho resolvió bajo los parámetros de la Constitución y del Nuevo Código Procesal Penal "no violándose las disposiciones del proceso por razón de función pública que contempla la Sección II del Libro V del Nuevo Código Procesal Penal". Concluye que, por lo tanto, son "lícitas las medidas dictadas".

 

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CNM

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