Juez brasileño le pide al Perú devolver información sobre Camargo Correa

La constructora brasileña Camargo Correa inició desde hace un año un camino silencioso para obstruir la investigación que la fiscalía peruana le sigue por los presuntos sobornos que habría pagado a ex funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García por las obras del tramo IV de la carretera Interoceánica y la planta de tratamiento de Huachipa.

Por medio de una serie de recursos de tutela de derecho, la firma brasileña ha solicitado acceder a la pesquisa del Ministerio Público y excluir la información que fue remitida desde Brasil sobre la operación Castillo de Arena, que se ejecutó en contra Pietro Giavina-Bianchi, ex directivo de la constructora.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, meses atrás, rechazó preliminarmente [sin analizar el fondo del asunto] dos pedidos de tutela que realizó el presidente de Camargo Correa, Marco de Moura Wanderley, a través de su defensa legal.

Sin embargo, una Sala Superior resolvió que el juzgado tenía que evaluar y volver a pronunciarse sobre el pedido.

El recurso fue planteado por ambos en contra la carpetas 06-2015 (Caso Madre), la carpeta fiscal 07-2016 (Caso Planta de Huachipa) y la carpeta fiscal 14-2016 (Caso del Tramo IV de la Carretera Interoceánica).

Es así que la tutela de derecho se ventiló esta semana en el Cuarto Juzgado, a cargo del juez Ángel Mendivil. La principal alegación fue la exclusión de los documentos de la operación Castillo de Arena y todos los elementos probatorios que hasta el momento han sido obtenidos por el equipo especial liderado por el fiscal Hamilton Castro, a raíz de las diversas diligencias actuadas en los tres casos.

Brasileños habilitados
Durante la audiencia, el primer revés para la Fiscalía se produjo cuando el juez Mendivil terminó por aceptar que tanto Camargo Correa como De Moura Wanderley, estaban legitimados para presentar la tutela.

El fiscal Javier López Romaní se opuso al pedido argumentando que una tutela de derecho no podía ser presentada por una persona o personas jurídicas que no estaban siendo investigadas.

Explicó que Camargo Correa y De Moura Wanderley no están incluidos en las pesquisas de las carpetas 6 y 7. Precisó que solamente son investigados por la obra del tramo IV de la carretera Interoceánica (carpeta 14).

Los abogados Jorge Paredes y Fernando Silva, que representan a la constructora y su dueño, presentaron el oficio N°3190-2019, fechado el 19 de marzo del 2017 y que fue enviado por el juez brasileño Diego Páez Moreira, en el que requiere a la fiscalía peruana devolver las pruebas que fueron remitidas desde Sao Paulo.

Esta información fue remitida por la fiscal brasileña Karen Jeanette Kahn, quien tiene a su cargo la investigación de la operación Castillo de Arena.

En Brasil, Camargo Correa interpuso una queja por la transferencia de información y el juez Páez Moreira le dio la razón y le exigió al Perú devolver el material que la fiscal Kahn le remitió, vía cooperación internacional, aduciendo que las pruebas son ilegales y no pueden ser usadas por nadie.

“Se le requiere que devuelva esas pruebas mal compartimentadas, porque han sido declaradas nulas e ilícitas, porque se ha ordenado su destrucción”, sostuvo Paredes en audiencia.

Pero no solo eso, Camargo Correa y De Moura Wanderley también accionaron contra la prueba derivada, es decir aquella obtenida de las pesquisas que se hizo sobre la documentación recibida de Castillo de Arena. Entre estos documentos está un “post it” de la cuenta Nº 010138867306 del Ocean Bank de Miami (transferencia de US$ 55.000.000), ligada a de Enrique Saco Jaramillo y por el que se abrió investigación sobre la planta de tratamiento de Huachipa (carpeta 07-2015).

La constructora brasileña, además, cuestionó la anotación de la cuenta de la empresa Trailbridge Ltd. del City Bank London a nombre a Josef Maiman, a la que se transfirió US$91 mil y por la cual se inició pesquisa por el tramo IV de la carretera Interoceánica (carpeta 14-2016).

No se debe permitir impunidad
La respuesta del fiscal Javier López Romaní, fue enfática y tajante: “En ningún momento Brasil ha remitido pruebas”. Por el contrario, aclaró que la investigación en el Perú nació a principio del 2015 por información pública que fue difundida por medios de comunicación nacional e internacional.

Fue en razón a dicha investigación (carpeta 06-2015) que se requirió la asistencia judicial a Brasil para que se remita toda la información del caso que ya se investigaba en nuestro país.

Además, sostuvo que la fiscal Karen Jeanette Kahn aclaró a las autoridades de Brasil que ella no remitió ninguna prueba al Perú, pues lo que hizo fue remitir cuatro discos con información de fuente abierta y certificar que ello corresponde al caso y que era de dominio público.

“Por tanto, la autoridad extranjera, en este caso la peruana, nosotros; no podemos devolver algo que no se nos ha remitido”, aseveró.

En todo caso, acotó, vía cooperación internacional se ha enviado a Brasil un documento de asistencia judicial para que se reformule la consulta y se precise si se puede o no usar el material enviado por Brasil sobre Castillo Arena y si es cierto que se ha dispuesto su destrucción.

Finalmente, el fiscal López hizo hincapié en que “se debe rescatar el principio de soberanía legal”, pues las decisiones de los jueces de Brasil son distintas a la de los jueces peruanos.

Agregó que lo que se determinó fue que los elementos probatorios de Castillo de Arena no podían ser usados contra el funcionario que se le incautó la documentación, es decir Pietro Giavina Bianchi; mas no para otros casos.

López exhortó al juez para que rechace el pedido de Camargo Correa y De Moura Wanderley, pues si resuelve excluir la documentación o darle valor de prueba prohibida, “estaríamos generando un ámbito de impunidad grosero porque se estaría impidiendo que el Ministerio Público no pueda investigar”.