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El juez Concepción vs. el contralor Shack, por Juan Paredes Castro

La disyuntiva consiste en atacar la corrupción en su punto de partida o asumir que ni cien jueces Concepción podrán detenerla en su punto de llegada

Odebrecht

(Composición: El Comercio)

Lo que este columnista diga aquí podría caer como un baldazo de agua fría sobre el caldeado clima anticorrupción.

Lo cierto es que sin acusaciones fiscales ni sentencias judiciales firmes no podemos cantar victoria sobre los que consideremos villanos, como tampoco lamentar la suerte fiscal o judicial adversa de quienes creemos inocentes.

Las investigaciones, detenciones preventivas y allanamientos domiciliarios podrían convertirse en pantomimas ridículas si sus resultados no demuestran, a la postre, que todos somos iguales ante la ley y que la justicia, por severa que sea, no puede justificar atropello alguno contra la democracia, las libertades y el desarrollo económico.

Ello exige, de jueces y fiscales, una actuación ponderada de cara a la ley, antes que de cara al espectáculo mediático.

Que no sepamos hasta ahora cuáles son las razones fiscales, judiciales y políticas por las cuales no se tiene expedito el cuadernillo de pedido de extradición del ex presidente Alejandro Toledo, presunto receptor de más de 20 millones de dólares de sobornos de Odebrecht, encierra una responsabilidad de Estado muy grave.

Hay pues un bastión de impunidad que se mueve precisamente desde las poderosas interioridades del propio Estado.

Nos hemos encontrado de pronto con fiscales y jueces carentes de recursos para dar una respuesta contundente a los tentáculos corruptores de Odebrecht. Estos alcanzan de tal forma al Perú, que el déficit entre lo deseable y lo posible, en materia de investigación y juzgamiento de hechos punibles, es terriblemente desalentador.

Entendemos, así, que desterrar la corrupción no depende únicamente de una maquinaria fiscal-judicial que espere al final del escabroso camino administrativo estatal a quienes deben ser puestos en celdas de tres metros cuadrados.

Se trata de echar a andar algo más potente y duradero: un compromiso eficiente de control que actúe al comienzo de ese escabroso camino administrativo, para evitar que proveedores, concesionarios, contratistas y sobre todo funcionarios venales puedan meterse al bolsillo, con abierto cinismo e impunidad, millones de soles y dólares del Tesoro Público.

El juez Richard Concepción Carhuancho, con su carrusel de carcelería temporal, no va a terminar con aquello de “en arca abierta el justo peca”. Para eso está Nelson Shack, el nuevo contralor, obligado no solo a cerrar esa “arca abierta”, mediante un sistema de alertas a los gestores públicos sobre los riesgos a identificarse en los procesos de contratación de bienes, servicios, obras y consultorías, sino a que ese sistema de alertas funcione de verdad, antes que se concreten posibles inconductas funcionales o actos de corrupción propiamente dichos.

El ejemplo del que parte Shack es el de la gestión concurrente de la contraloría en el proceso de reconstrucción de las zonas devastadas por El Niño costero, donde el monitoreo de riesgos de fraudes en las obras y sus costos viene a ser un arma letal contra la corrupción, ahí donde esta intenta brotar y abrirse cancha.

La disyuntiva consiste en atacar la corrupción en su punto de partida o asumir que ni cien jueces Concepción podrán detenerla en su punto de llegada.

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