(Foto: Presidencia Perú)
(Foto: Presidencia Perú)
Cecilia Valenzuela

El ambiente político está cada vez más enrarecido. El presidente se ha enredado en su memoria laboral y, aunque antes lo había negado en todos los tonos, ahora ha admitido que hizo una consultoría para un proyecto que manejó . La mayoría de los líderes de los otros partidos están investigados, se sospecha que plata sucia de la empresa brasileña financió parte de sus campañas electorales o sus vidas después de haber dejado el mandato. Desde el Congreso, los fujimoristas se enfrentan al Ministerio Público y al Poder Judicial, como si ambos actuaran política y personalmente al investigar la equívoca contabilidad de su organización.

La intemperancia de los políticos aumenta cada día la percepción de que el país va a la deriva. No entienden la indignación que causan las evidencias del tamaño de la corrupción que se devela. Y como conocen muy poco, aun de la historia reciente, ni siquiera imaginan las consecuencias que se pueden derivar de su comportamiento irresponsable.

Ayer, el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, conminó al presidente de la República “a que deje de esconderse tras el sillón presidencial y deje de mentir”. Esto como reacción a la renuncia de los representantes de Peruanos por el Kambio y Acción Popular a la Comisión de Ética. Ambas agrupaciones habían solicitado que Rosa Bartra, la presidenta de la Comisión Lava Jato que se había constituido en su local partidario apenas salió de la ducha y se enteró de que la fiscalía lo allanaba en busca de pruebas de una doble contabilidad, fuera investigada por abusar de su posición e intentar amedrentar a los policías y fiscales que cumplían con su función investigativa.

En octubre del 2003, el entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, tuvo que renunciar a su mandato constitucional porque las protestas y los disturbios en las calles de su país no le dejaron alternativa. Sánchez de Lozada había ganado las elecciones a las justas, su bancada en el Congreso no representaba ni un tercio del Parlamento y la oposición abusó de esa situación, poniéndole la cosa difícil desde el principio.

A la renuncia de Sánchez de Lozada, asumió su vicepresidente, Carlos Meza, un periodista respetado que año y medio después, en el 2005, también tuvo que renunciar presionado por la movilización callejera. Evo Morales, el mismo dirigente cocalero que había organizado las protestas violentas contra Sánchez de Lozada, se había encargado también de acabar con su mandato.

El movimiento cocalero que encabezaba Morales y la izquierda boliviana impidieron que el presidente del Senado asumiera la presidencia. Fue el presidente de la Corte Suprema quien tuvo que hacerse cargo y convocar a elecciones anticipadas. Para sorpresa de los partidos políticos que se habían cebado agudizando la conflictividad social y política en su país, Evo Morales, el candidato más radical y estatista, ganó las elecciones. Ahora el dictador boliviano va por su cuarta re-reelección.

Bolivia atravesaba una profunda crisis económica que fue aprovechada por los irresponsables opositores del gobierno de Sánchez de Lozada. La crisis moral que enfrentan los partidos peruanos también podría ser aprovechada por los opositores del sistema.

Los escándalos de corrupción amenazan con paralizar la economía, y si no se consigue alcanzar la serenidad, ese descrédito solo beneficiará a los extremos de la política.

Desde Lima, los políticos personalistas, enconados entre ellos y en abierta campaña contra la fiscalía y el Poder Judicial, no aprecian la forma como se está organizando la izquierda radical en el interior del país. A las voces extremistas de Antauro Humala y Gregorio Santos, se van a sumar las de Sendero Luminoso, que ahora se hace llamar Movadef, y Puka Llacta para las próximas elecciones del 2018, y es muy probable que ya estén planeando una movilización contra el gobierno que ahora está muy debilitado. El establishment está jugando a la ruleta rusa.

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