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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) pagará los servicios de abogados para asumir la defensa legal de los consejeros Jaime de la Puente Parodi y Víctor Chaduví, en el marco de la investigación que se le sigue ante la Fiscalía de la Nación por el Caso Patricia Benavides.
De acuerdo a la Resolución N° 070-2025-DG-JNJ a la que accedió El Comercio, de la Puente Parodi realizó el requerimiento para que se le brinde defensa legal en atención de la Ley N° 30057-Ley de Servicio Civil.
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Tal como lo había informado este Diario, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación inició una investigación contra el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos y los consejeros María Teresa Cabrera, Víctor Chanduví, Jaime de la Puente, Germán Serkovic y Cayo César Galindo, por los presuntos delitos de omisión de funciones, avocamiento indebido del cargo y falsedad ideológica.
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Las pesquisas se dan en el marco de la decisión adoptada para la reposición de la suspendida Patricia Benavides, en el cargo de fiscal de la Nación, a través de la resolución N.° 231-2025-JNJ emitida el 12 de junio de 2025, que anuló su destitución en el cargo.

La reciente resolución emitida por la JNJ, fechada el 2 de julio del 2025, fue firmada por Katia María Del Carmen Nuñez Mariscal, directora general de la Junta Nacional de Justicia. Hasta la fecha se desconoce qué abogado o estudio de abogados asumirá la defensa legal autorizada para de la Puente Parodi.
No obstante, en el documento se señala que el consejero de la Puente Parodi justifica la contratación de un abogado al recordar que la Ley de Servicio Civil indica que corresponde asesoría legal, con cargo a los recursos de la Junta Nacional de Justicia para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad.
“Solicita se le brinde defensa legal, al haber sido comprendido en la investigación promovida por el Ministerio Público ante el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales por avocamiento ilegal de proceso en trámite y omisión de actos funcionales, recaído en la carpeta fiscal N° 200-2025.”

El documento argumenta que, mediante el Informe N° 001071-2025-URH-OAF-JN, la Unidad de Recursos Humanos informó que el doctor Jaime Pedro de la Puente Parodi se desempeña como miembro de la Junta Nacional de Justicia desde el 6 de enero de 2025. Asimismo, mediante el informe N°000336-2025-OAJ/-JNJ, la Oficina de Asesoría Jurídica informa que “la solicitud del recurrente cumple los requisitos de admisibilidad y procedencia para que se le otorgue el beneficio solicitado”.
Por ello, al tener el visado de las Oficinas de Administración y Finanzas y de Asesoría Jurídica, así como de la Unidad de Recursos Humanos, correspondía declarar procedente el otorgamiento de la defensa solicitada por el referido consejero.
“Declarar procedente el otorgamiento del beneficio de defensa y asesoría legal solicitado por el doctor Jaime Pedro de la Puente Parodi, miembro de la Junta Nacional de Justicia, comprendido en la investigación preliminar investigación promovida por el Ministerio Público ante el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales por Avocamiento ilegal de proceso en trámite y omisión de actos funcionales, carpeta fiscal N° 200-2025.”
Similar argumento se usó para declarar procedente el pedido para autorizar el pago de un abogado o defensa legal para el consejero Víctor Chaduví, implicado también en la investigación por haber beneficiado a Benavides Vargas.

Las resoluciones disponen que la Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Presupuesto, conforme al ámbito de sus competencias, adopten las acciones pertinentes para la contratación y ejecución de los gastos respectivos, bajo el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas, conforme a la disponibilidad presupuestaria con la que se cuente.

Hasta el momento, la JNJ no ha dado a conocer algún otro requerimiento de defensa legal que haya sido solicitado por los consejeros Gino Ríos (presidente) y los consejeros María Teresa Cabrera, Germán Serkovic y Cayo César Galindo, comprendidos también en la investigación fiscal junto a de la Puente Parodi.

Cabe precisar que, en marzo de este año, Ríos Patio también hizo uso de su facultad para solicitar que la JNJ pague su defensa legal, en otro caso vinculado a un procedimiento administrativo deontológico iniciado con Resolución N° 01-CE-CAL del 19 de febrero de 2025 por el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima.
De acuerdo al registro de contrataciones, en aquel momento, se dispuso el pago de S/42.800 al abogado Wilber Medina.

Consultado por este Diario, Medina confirmó la asesoría y anunció que también había sido contratado por Ríos Patio para asumir su defensa en la reciente investigación que le abrió ante la fiscalía de la Nación.
