JNJ: ¿Quiénes son los 15 candidatos que buscan integrar la Junta Nacional de Justicia?

A la fecha, de los 51 postulantes inscritos en el proceso de selección han quedado en carrera 15 abogados, tres de ellas mujeres.

Entre los postulantes que han quedado hasta el momento se encuentra el expresidente del Poder Judicial, Francisco Távara, quien actualmente tiene 73 años de edad. Teniendo en cuenta la interpretación del Congreso de la República -que en su momento inhabilitó a Inés Tello, como miembro de la JNJ por haber seguido en funciones pese a haber cumplido 75 años en el 2020- el exjuez supremo estaría en el límite de la edad y, de ser electo, solo podría ejercer por dos años el cargo.

Távara adelantó a El Comercio que, de ser el caso y ser electo como miembro de la JNJ, renunciaría al cargo al cumplir los 75 años de edad. Sin embargo, solicitó una precisión del marco normativo sobre ese punto.

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También se encuentra el abogado Iván Lino Guevara, quien en el 2021 fue sometido a un proceso sancionador por parte de la Academia de la Magistratura (AMAG) al ser hallado responsable de haber consignado información inexacta para inscribirse en un curso.

En la lista figura también el excongresista Cayo Galindo, quien en el 2013 fue parte de los abogados electos como miembros del Tribunal Constitucional en la denominada “repartija”, y la exjueza María Teresa Cabrera, quien dictó prisión preventiva contra la presentadora de televisión Magaly Medina.

Junto a ellos están los abogados Jaime de la Puente y Mónica Rosell, quienes quedaron en la condición de “accesitarios” en el cuadro de méritos de la selección de integrantes para la JNJ en el 2019, pero que se negaron a asumir los cargos cuando el Congreso de la República inhabilitó a los abogados Inés Tello y Aldo Vásquez.

Es abogado por la Universidad Católica del Perú, maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales y doctor en derecho por la Universidad San Martín de Porres.

Fue procurador publico Anticorrupción Ad Hoc, nombrado por el gobierno del expresidente Alan García, y estuvo en funciones desde agosto del 2006 hasta octubre del 2008.

Es presidente del centro de Estudios de Criminología de la Universidad San Martín de Porres, y exasesor jurídico de la Fuerza Aérea del Perú, exintegrante del Estudio Jurídico Manuel Sánchez Palacios Paiva, etc.

En su labor como procurador, interpuso denuncias contra altos funcionarios, entre ellos contra el expresidente Alejandro Toledo. Por ello, en el 2007, fue demandado ante el Tribunal Constitucional por haber proferido diversas afirmaciones respecto al expresidente Alejandro Toledo y haberlo denunciado ante la Fiscalía de la Nación.

El abogado José Eduardo Flores Milla, en representación de Toledo Manrique, interpuso un hábeas corpus ante el TC, pero este fue declarada improcedente por dicho órgano.

“Señala que el procurador demandado, valiéndose de su cargo público ha formulado declaraciones inaceptables contra el favorecido que atentan contra su derecho al honor y buena reputación. A tal efecto señala que el procurador Gino Ríos ha declarado que ‘El régimen de Toledo se inauguró con bombos y platillos; se decía el adalid de la lucha contra la corrupción y tanta cosa. Ahora mire donde está Toledo, es el animal político más corrupto, más que Fujimori’”.

José Eduardo Flores Milla, en demanda a favor de Alejandro Toledo.

Ríos Patio respondió a la demanda señalando que presentó ante la Fiscalía de la Nación diversas solicitudes de investigación preliminar y denuncias contra el beneficiario, Alejandro Toledo, así como contra altos funcionarios del Estado, las cuales se realizaron dentro del ámbito de sus competencias material y funcional establecidas mediante Resolución Suprema N° 143-JUS.

En el 2007, el programa Cuarto Poder reveló que Ríos Patio, aún a cargo de la Procuraduría Anticorrupción, había utilizando al personal y recursos de ese despacho para litigar en un proceso civil personal. En ese momento, el abogado del Estado señaló que ello “seguramente fue una situación de emergencia” para justificar el hecho.

Luego, en un escrito, Ríos Patio aseguró que el abogado que había participado en sus asuntos personales, no era un funcionario designado a la Procuraduría; sino un locador de servicios, por lo que no había ninguna incompatibilidad.

Según registros del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), en setiembre del 2023, Ríos Patio siguió un trámite administrativo y apelación -declarada fundada- para obtener la calificación y clasificación como investigador en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica -RENACYT.

Este Diario buscó la versión de Ríos Patio sobre estos hechos, pero no hubo respuesta a través de su correo electrónico.

Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), es maestro en Derecho con mención en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la UNT, y maestro en filosofía e investigación por la Universidad Alas Peruanas.

Laboró en el Ministerio Público, empezando como fiscal adjunto provincial de Lima en el 2006 y en el 2009 fue nombrado como fiscal adjunto provincial titular Lima por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Posteriormente, en el 2016 renunció a su cargo de fiscal y funcionario del MP.

En setiembre del 2021, fue sometido a un proceso sancionador por parte de la Academia de la Magistratura (Amag) al ser hallado responsable de haber consignado información inexacta para inscribirse en un curso impartido por dicha institución jurisdiccional, según documentos obtenidos por El Comercio.

Según la Resolución de la Dirección Académica N.° 317-2021-AMAG-DA, el abogado Ivan Pedro Lino Guevara Vásquez logró inscribirse como alumno del Curso Especializado a Distancia “Valoración y Aplicación de la Pena” que se dictó del 4 de agosto al 7 de septiembre de 2021.

Sin embargo, según se indica en el documento, a través del Informe N°106-2021-AMAG-DA-PIU de fecha 13 de agosto de 2021, la coordinación de la sede Piura del Amag, remitió el informe a la Subdirección del Programa de Actualización y Perfeccionamiento, indicando que “…Queda confirmado que el abogado Iván Pedro Guevara Vásquez, NO pertenece a la magistratura y que la información consignada en su ficha de inscripción no es exacta.”

“En el marco de lo establecido por el artículo 25° del Reglamento del Régimen de Estudios, no es beneficiario de los servicios de la AMAG. En observancia y aplicación del artículo 31° del Reglamento del Régimen de Estudios el señor Iván Pedro Guevara Vásquez habría incurrido en falta grave sancionable con separación, al haber declarado un cargo o función que no corresponde. Compete a la Dirección Académica evaluar el presente informe y emitir el acto administrativo correspondiente, así como disponer las acciones legales que conciernan de acuerdo a ley.”

Informe N°923-2021-AMAG-DA-PAP

En sus descargos brindados ante la Amag, Guevara Vásquez señaló que se inscribió debido a la invitación que había recibido como muchas de varias personas. Sin embargo, la Amag reiteró que el hecho que reciba la invitación no quiere decir que pueda acceder al curso, puesto que estos están dirigidos a integrantes del Ministerio Público y Poder Judicial, o servidores jurisdiccionales en funciones.

Por ello, la Amag resolvió sancionar a Guevara Vásquez con la separación como alumno del curso “Valoración y Aplicación de la Pena” al cual fue admitido.

Guevara Vásquez también es autor de un libro denominado “La rebelión y otros delitos contra los poderes del estado y el orden constitucional” junto al jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, quien defendía al expresidente Pedro Castillo, asegurando que no dio un golpe de Estado.

El libro le dedica un capítulo al caso de Castillo Terrones, quien actualmente es acusado de presunta rebelión.

Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), maestro en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial por la UNT, y doctor en derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Ostenta un Doctor Honoris Causa, expedido en el 2007 por la Universidad Nacional de Tumbes, en reconocimiento a los relevantes merecimientos personales, profesionales y académicos al servicio de la educación universitaria del país.

Según el registro de proveedores del Estado, ha prestado servicios para la Universidad de Cajamarca y la Universidad Mayor de San Marcos, entre el 2019 al 2023, por la suma de S/62.920.

En su declaración jurada también se registró como accionista de la empresa Estudio Chanduvi Cornejo Ugarte del Pino y Asociados S.A.C., entre 2010 al 2023.

Es abogado por la Universidad Pedro Ruiz Gallo, maestro en Derecho con mención en Constitucional y Gobernabilidad, y doctor en Derecho y Ciencia Política por la misma universidad.

Fue postulante para la selección de magistrados del Tribunal Constitucional en el 2021 por parte del Congreso de la República, quedando en el cuarto lugar del cuadro de méritos. Sin embargo la selección se supendió debido a la medida cautelar emitida por el Poder Judicial, que fue interpuesta por el abogado y exministro Walter Ayala.

Fue designado juez superior en reserva del Distrito Judicial de Lambayeque (2010-2011) y coordinador de la Sede Lambayeque de la Academia de la Magistratura del Perú (1999-2008).

Es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo y maestro en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial por la misma casa de estudios.

Fue magistrado del Poder Judicial , iniciando como secretario judicial de la Corte Superior de Justicia de Amazonas en 1978 y vocal suplente desde 1983 hasta 1997. Tras un periodo como notario regresó a la judicatura a través de un concurso público convocado por el ex Consejo Nacional de la Magistratura -hoy Junta Nacional de Justicia- ocupando el cargo de juez supremo titular desde el 2001 hasta el 2021, que cesó en sus funciones por límite de edad.

Entre el 2012 al 2016 ocupó el cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como representante del Poder Judicial. Fue precisamente en dicho cargo que su gestión fue cuestionada debido a que el Pleno de dicha entidad excluyó de carrera en las Elecciones Generales del 2016 a los entonces candidatos presidenciales Julio Guzmán y César Acuña.

“El caso de César Acuña y Julio Guzmán fueron los casos más complejos que hemos tenido en este último proceso electoral. Defiendo la manera de conformación que tiene el pleno del JNE, aquí no interviene para nada el Ejecutivo ni el Legislativo como sucede en otros países”, dijo en su momento a IDL Radio.

Posteriormente, como juez supremo fue citado como testigo dentro del megacaso de corrupción judicial conocido como “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Por ello, fue mencionado en la Denuncia Constitucional que presentó la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el prófugo juez supremo César Hinostroza y el ex juez supremo Martín Hurtado, por presunto tráfico de influencias.

Según recoge la denuncia, Távara Córdova declaró como testigo en este caso y se le puso a la vista el Registro de Comunicación 147 de fecha 08.05.2018, a las 17:35:41, entre los números atribuido a “César” y del consignado como “Panchito”, ante lo que el entonces juez reconoció su número telefónico y que su interlocutor Hinostroza Pariachi, siempre le decía “Panchito”.

No obstante, el exmagistrado siempre ha negado haber tenido una “amistad” o relación cercana con Hinostroza Parichi, aseverando que solo era un compañero de trabajo.

En diálogo con El Comercio, Távara Córdova reiteró que nunca fue amigo de César Hinostroza o del ex juez Walter Ríos.

El exjuez supremo precisó que lo único que se identificó fueron dos registros de llamadas con Hinostroza, de pocos segundos, y que no tenían vinculación con temas jurisdiccionales.

“Solo una precisión, yo nunca he sido mencionado en ese tema, que tenía dos llamadas yo del señor Hinostroza, pero eran llamadas de menos de un minuto y no se hablaba de ningún tema jurisdiccional”, señaló.

Távara Córdova también negó haberse reunido de manera privada con alguno de los implicados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Finalmente, respecto a su edad, el abogado consideró que se “debería precisar normativamente” para evitar las interpretaciones disímiles que hizo el Congreso de la República y la misma Junta Nacional de Justicia (JNJ) respecto al caso de la abogada Inés Tello.

En todo caso, de no haber una precisión normativa y llegase a ser designado miembro de la JNJ, el exmagistrado anunció que renunciaría al cumplir los 75 años de edad.

“Ahora, llegado el caso y no hubiera una precisión normativa, desde ya digo que dejaría el cargo al cumplir los 75 años.”

Francisco Távara, exjuez supremo

Según la Sunedu, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú , además tiene un grado de Magíster en Derecho Internacional Comercial por la Universidad de Londres.

Actualmente tiene 60 años, con lo cual se encuentra facultada para asumir una de las plazas en el Pleno de la JNJ.

No es la primera vez que postula para ocupar un cargo como integrante de la JNJ. En la primera convocatoria del 2020, ocupó el puesto diez en el cuadro de méritos final con un puntaje de 79.00 y se posicionó como accesitaria.

En abril de este año, rechazó asumir el cargo de suplente luego de que los abogados Inés Tello y Aldo Vásquez fueran removidos de sus cargos por decisión del Tribunal Constitucional (TC). Tello y Vásquez retornaron a sus cargos posteriormente.

Fue vinculada a la ex primera dama Nadine Heredia indicándose que esta última la habría favorecido en su designación a diversos cargos; e incluso se le preguntó sobre ello durante la entrevista personal que brindó en su primera postulación a la JNJ. Sin embargo, la abogada afirmó que solo conocía a la exprimer dama “por la televisión” y que su nombramiento fue por concurso público en el Ministerio del Ambiente.

“Debo decir que, desde un punto de vista jurídico, esta denuncia carece de fundamentación. No solo porque no hay prueba, solo adjuntan una nota periodística donde ni siquiera estoy mencionada”, afirmó la abogada, rechanzado la denuncia.

Según su hoja de vida, tiene estudios predoctorales en el Max Planck Institut de Hamburgo, Alemania, fue consultora del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de la Producción, de la Corporación Andina de Fomento y del Organismo Andino de Salud, entre otros.

Es abogada por la Universidad Garcilaso de la Vega y tiene título de doctor y maestro en Derecho Penal por la misma casa de estudios.

Fue técnico judicial y secretaria de mesa de partes de la desaparecida Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), entre 1993 al 2016.

Porteriomente fue designada juez de Paz Letrado y juez penal de Reos Libres y Reos en Cárcel, entre 2016 y 2002.

Según documentos del Poder Judicial y de la Ocma, cuando ejerció como magistrada fue objeto de diversos procesos disciplinarios. Uno de ellos estuvo vinculado a la condena efectiva que le impuso a la conductora de televisión Magaly Medina en el proceso por difamación que le entabló el futbolista Paolo Guerrero.

Cabrera Vega, en su condición de jueza penal, fue objeto de un proceso disciplinario luego de que su exsecretaria de despacho Margaret Huamán, afirmó que la magistrada había recibido un presunto pago ilícito para emitir un fallo adverso a Medina.

Sin embargo, la exmagistrada negó dichas imputaciones y se defendió indicando que la instancia superior ratificó su decisión en la mayoría de sus extremos. No obstante, cabe precisar, el tribunal revocó la condena efectiva por sentencia suspendida.

Por el mismo caso también afrontó un proceso disciplinario por la tramitación del expediente y diversas decisiones que adoptó en contra de la acusada, como la ampliación del periodo de suspensión de la pena y el levantamiento de un acta de transgresión de las normas impuestas, entre otros hechos.

En una investigación seguida por la Ocma, señalada como la Investigación Definitiva Nro.3674-2015-LIMA del 21 de octubre del 2020, Cabrera Vega fue incluida dentro de un grupo de jueces de Paz Letrado que habían sido designados en diversos cargos, sin que se encontrasen aptos para ser designados como Jueces Supernumerarios o hayan sido declarados aptos en la Resoluciones Administrativas N° 858-2013-P-CSJLI/PJ y N° 190-2014-P-CSJLI/PJ.

Tras renunciar al Poder Judicial, se afilió al partido Podemos Perú (PP) en marzo del 2019, y logró ser electa por dicho partido como congresista de la República en las Elecciones Congresales Extraordinarias del 2020. En su cargo congresal, presentó una Denuncia Constitucional contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Para las elecciones General del 2021, también postuló en la lista presidencial de PP para el cargo de primera vicepresidenta de la República, sin éxito.

Según su declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República, al momento de su elección como congresista, Cabrera Vega consignó tener un patrimonio de S/83,500; y este año, para presentarse al concurso público para acceder a la JNJ, señaló tener un patrimonio de más de S/220 mil.

También fue postulante para la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) que el Congreso de la República realizó en el 2021.

Tratamos de contactar a la abogada, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

Es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), tiene una maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la UNT y un magíster en Desarrollo Ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En el 2003 fue designada como jueza superior titular en Lima Norte, y en el 2017 fue designada jueza suprema provisional de la Segunda Sala Penal Transitoria.

Dicho tribunal, como se recuerda, estuvo presidido por el hoy prófugo exjuez supremo César Hinostroza. Por ello, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar contra los integrantes de dicha sala suprema, incluida Pacheco Huancas, por la demora en la tramitación de un expediente; sin embargo la JNJ decidió no iniciar proceso disciplinario y archivar la denuncia.

Según su declaración jurada ante la Contraloría General de la República, la exmagistrada consignó que en el 2009 su patrimonio correspondía a S/104,910.90; mientras que para el 2024 informó que ascendía a cerca de S/2 millones.

La magistrada presentó su renuncia como jueza del Poder Judicial en diciembre del 2023.

Es abogado por la Universidad Pedro Ruiz Gallo y doctor en Derecho y Ciencia Política por la misma universidad. Según la Sunedu, también tiene un título de maestría en Derecho con Especialidad en Litigación Oral por la California Western School Of Law de Estados Unidos.

Según su declaración jurada de intereses tiene una empresa inmobiliaria y también dirige el Instituto Latinoamericano de Litigación Oral, tiene un estudio jurídico y es profesor universitario en la Universidad San Martín de Porres.

Fue abogado del exalcalde del Chiclayo, Roberto Torres, quien fue investigado y sentenciado en el caso conocido como “Los Limpios de la Corrupción”.

Según los actuados, Esteves Torres fue exgerente general de la municipalidad de Chiclayo durante la gestión del exalcalde. Incluso, fue militante y personero legal del partido “Todos Por Lambayeque-Manos Limpias”, fundado por el prófugo exalcalde de Chiclayo.

En el 2019, Esteves Torres fue sancionado por el Consejo de Ética Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque y a través del expediente N°013-2019-CEP-ICAL se le impuso una sanción de suspensión en el ejercicio profesional de abogado por el plazo de dos años. La medida fue confirmada el Tribunal de Honor del ICAL mediante resolución número 12 del diez de agosto del 2020.

Finalmente, en el 2021, logró que el ICAL emita una nueva resolución, mediante la cual se declaró la nulidad de todo lo actuado en dicho expediente y se dejó sin efecto la sanción de suspensión por dos años impuesta al ahora demandante.

El abogado inició una demanda constitucional para anular dicha sanción, proceso que llegó al Tribunal Constitucional que declaró improcedente el amparo presentado por Esteves Torres al haberse anulado su suspensión.

Es abogado por la Universidad San Martín de Porres y es magíster en derecho constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Actualmente, es asesor en el Poder Judicial bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios según reportes de dicha entidad.

En marzo de 2023, según el registro de proveedores, obtuvo una orden de servicio con el Poder Judicial bajo el requerimiento de un “profesional en derecho constitucional para elaborar informes sobre temas relacionados a su especialidad” por la suma de S/20,000.00

Ese mismo año, fue designado como representante del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de Adopciones por el período de dos años, a través de la Resolución Ministerial N° 290-2023-MIMP.

En el 2022 postuló como candidato al proceso de selección para miembros del Tribunal Constitucional (TC), pero fue descalificado por haber presentado una declaración jurada sin registrar que mantenía deudas financieras. Pese a que presentó una reconsideración, adjuntando información de que había cumplido con pagar la misma, la Comisión Especial de Selección rechazó su recurso y quedó fuera de carrera.

Según la Sunedu, es abogado por la Universidad de Lima. Tiene una Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también es abogado especialista en derecho ambiental, constitucional, previsional y de la seguridad social y laboral.

Laboró en el Tribunal Constitucional(TC) como asesor jurisdiccional, desempeñándose como coordinador de la Comisión Especializada en Asuntos Previsionales. Asimismo, ha sido procurador público adjunto del TC.

Participó en el primer concurso para selección para designar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia del 2019, quedando en el puesto diez del cuadro de méritos final y siendo designado “accesitario”.

Tras la inhabilitación de los abogados Inés Tello y Aldo Vásquez -que luego fue revertida por un fallo judicial- De la Puente Parodi fue convocado a ocupar una de las plazas, pero rechazó la propuesta.

De acuerdo al registro de proveedores obtuvo la suma de S/234,600 por servicios entre el 2018 y 2020, con el Ministerio de Justicia por asesoría en materia legal y constitucional.

Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y magíster con mención en política jurisdiccional por la misma casa de estudios.

Se desempeño como secretario general del Jurado Nacional de Elecciones entre 2009 al 2023 y antes de ello se desempeñó como juez de Paz Letrado titular- Los Olivos entre 2003 al 2009.

Fue asesor de la comisión del Congreso que investigó un denunciado fraude en el Proceso de Elecciones Generales 2021, que presidió el congresista Jorge Montoya.

Antes de eso también fue asesor de la Comisión Investigadora de las empresas brasileñas implicadas en el Caso Lava Jato del Congreso presidido por la excongresista de Fuerza Popular (FP), Rosa Bartra. Posteriormente fue contratado como asesor de la citada exparlamentaria.

Según el registro de proveedores también prestó servicios para el Ministerio de Energía y Minas, la Corte Superior de Justicia de Lima y dos universidades.

Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), tiene un máster en Derecho por la Universidad de Lima y un máster en Gobernabilidad por la Universidad San Martín de Porres.

También postuló en el primer concurso para la selección de integrantes de la Junta Nacional de Justicia del año 2019, llegando hasta la segunda etapa.

Balarezo Rengifo fue asistente legal del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre octubre a diciembre del 20223.

Antes de ello, asumió el cargo de Asesor de Alta Dirección II de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) durante el gobierno del acusado expresidente Pedro Castillo. Desempeñó su función desde agosto del 2022 hasta el 12 de diciembre de ese mismo año, bajo la gestión del exdirector de la Dini, José Luis Fernández Latorre, procesado por presuntos actos irregulares en el gobierno de Castillo.

Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Fue electo congresista por el agrupación Unión por el Perú en las Elecciones Generales del 2006. Se afilió al Partido Nacionalista del Perú, liderada por Ollanta Humala, entre el 2005 hasta setiembre del 2021.

También fue designado como viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el gobierno de Humala Tasso, y fue asesor de la Presidencia del Congreso de la República y asesor de la Oficialía Mayor del Congreso de la República.

Fue parte de la terna de candidato electos durante el concurso de magistrados para el Tribunal Constitucional del 2013, que desencadenó el escándalo conocido como “la repartija” en el Congreso.

Su designación, junto a otros abogados se realizó a través de la Resolución Legislativa 004-2012-2013-CR el 17 de julio del 2013. Sin embargo, tras las movilizaciones, ese mismo día el entonces presidente del Congreso, Víctor Isla, emitió la Resolución Legislativa 006-2012-2013-CR dejando sin efecto la designación de Galindo y otros como miembros del TC.

Volvió a postular para el concurso de magistrados del TC que realizó el Congreso en el 2022, sin éxito.

Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desenvuelto en el ámbito privado. Ante la Comisión Especial para la selección de la JNJ, ha informado sobre sus acciones en empresas en el extranjero.

Además, fue asesor legal de dos empresas consignadas en su declaración jurada y director responsable del área de consultoría y litigación en el estudio Ruiz Morales Abogados. Postuló en el primer concurso para la selección de integrantes de la Junta Nacional de Justicia del año 2019.

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