Dos aspirantes a colaboradores eficaces señalaron a la fiscalía que la presunta organización criminal dirigida por Vladimir Cerrón exigía “aportes” para el partido Perú Libre (PL) a los trabajadores del Gobierno Regional de Junín contratados bajo la modalidad CAS.
Así lo reveló el miércoles pasado el fiscal de lavado de activos Richard Rojas Gómez, durante la audiencia en la que el juez John Pillaca, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, evaluó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Cerrón por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
El fiscal informó que el colaborador 04-2021-FPCEDCFJ2D detalló que en el 2019 y el 2020, los trabajadores CAS que ganaban entre S/1.200 y S/1.500 tenían que aportar S/30; entre S/1.500 y S/2.000, S/50; y de S/2.000 en adelante, S/80.
Según el mismo colaborador, esos montos fueron replicados a todas las entidades públicas administradas por el Gobierno Regional de Junín y en todas las alcaldías donde el burgomaestre era de PL.
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De acuerdo con ese testimonio, a los trabajadores que no aportaban no se les renovaba el contrato.
En tanto, el aspirante a colaborador eficaz 01-2021- FPCEDCFJ2D aseguró que la militante de Perú Libre Marina Vásquez López fue designada en un puesto clave en el Gobierno Regional de Junín para que se encargara de la contratación del personal, especialmente de personas vinculadas al partido, “con la intención de presionarlos y que apoyen a la campaña”.
El colaborador señaló que Marina Vásquez, quien fue jefa del Área de Personal de la Dirección Regional de Transportes de Junín, “confeccionaba los perfiles de cada puesto a su antojo”.
Ambos colaboradores también señalaron que los trabajadores eran obligados a participar en las marchas que organizaba PL.
Uno de ellos precisó que, en el 2019, los trabajadores pedían permiso a cuenta de sus vacaciones para apoyar en vigilias a favor de Vladimir Cerrón, cuando este estuvo recluido en el penal de Huancayo por el delito de negociación incompatible, con una condena de cuatro años y ocho meses de cárcel efectiva, que luego fue reformulada a prisión suspendida.
El colaborador agregó: “También se nos solicitó que debíamos ir al penal a recibirlo y hacer arengas, además hacer marchas en apoyo a países como Bolivia, cuando Evo Morales huyó a México, todo esto era ordenado por la cúpula de Perú Libre”.
El fiscal Rojas presentó el miércoles pasado en audiencia los testimonios de trabajadores del Gobierno Regional de Junín que corroboran las versiones de los colaboradores. Uno de ellos, identificado como Jhon Miranda Apolinario, reconoció que realizó tres depósitos a Perú Libre, luego de que una mujer pasara por su oficina y le entregara un papel con un número de cuenta.
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Otro trabajador, identificado como Alberto Mejía Castañeda, declaró el pasado 27 de setiembre que cuando entró a trabajar a la oficina de Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Junín, se le comunicó que debía “abonar por el puesto de trabajo”.
Mejía contó que “una secretaria de nombre Lizet, quien trabajaba para Rogelio Huamaní” se le acercó y le brindó un número de cuenta anotado en un papel.
El gobierno de Pedro Castillo nombró a Rogelio Huamaní en el cargo de director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) en octubre del 2021, pero ocho meses después lo retiró luego de la anulación de la segunda licitación de compra de fertilizantes por indicios de malos manejos denunciados por la contraloría.
Cerrón aseguró esta semana ser víctima de una persecución política. La audiencia por el pedido de prisión preventiva continuará este viernes 18.
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