Alberto Otárola fue presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Dina Boluarte. (Foto: Congreso)
Alberto Otárola fue presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Dina Boluarte. (Foto: Congreso)
Redacción EC

La presentó una denuncia constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros como presunto autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.

El documento se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

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Los hechos están referidos a los procesos de contratación de Yaziré Pinedo Vásquez en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Ministerio de Defensa.

Según la fiscalía, Otárola Peñaranda se habría interesado en dicha contratación a través de funcionarios de dichas instituciones, quienes formaban parte de su círculo de confianza desde que se desempeñó como presidente ejecutivo del Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Comunicado de la Fiscalía de la Nación.
Comunicado de la Fiscalía de la Nación.

Según diversas investigaciones periodísticas, en diciembre del 2022, cuando Alberto Otárola fue designado por Dina Boluarte como ministro de Defensa, la joven lo visitó en su despacho en dicha cartera.

Después, cuando él ya era primer ministro, Pinedo obtuvo dos contratos en el Mindef: uno en febrero del 2023 por S/18.000 y otro en mayo de ese mismo año por S/ 35.000.

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Pinedo fue contratada para archivar, ordenar y clasificar expedientes, elaborar oficios y cartas para la fiscalización posterior de las contrataciones del ministerio, entre otras actividades.

La joven también recibió un correo de la PCM para que envíe una cotización por el servicio de atención administrativa en la Oficina de Abastecimiento.

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Al respecto, la Contraloría General de la República advirtió, por medio de un informe, que halló irregularidades en la contratación de Yaziré Pinedo en el Mindef, principalmente porque se le dio empleo “a través de dos adjudicaciones sin procedimiento”, para realizar “actividades que no corresponden o son incompatibles” a la modalidad de contratación de locación por servicios.

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