A diferencia de lo ocurrido ese mismo día con la mandataria, quien optó por no responder preguntas, el ministro no se acogió al silencio y sí atendió las interrogantes.
Sin embargo, fuentes de El Comercio señalan que sus respuestas fueron cortas, alegando desconocimiento de planes operativos, y que su defensa objetó repetidamente las interrogantes que se le hicieron. Ello motivó que la diligencia se prolongue por varias horas.
De forma general, el titular de la PCM negó cualquier responsabilidad en las muertes bajo investigación. La Fiscalía de la Nación llevó un pliego de unas 40 preguntas, mientras que la Procuraduría General del Estado (PGE) formuló unas 30, y las defensas de las deudas, menos de una decena.
De ellas, según las fuentes, los dos abogados de Alberto Otárola impugnaron varias. Ello provocó frecuentes debates para determinar si estas objeciones estaban fundadas o si el investigado debía pasar a responder.
La presentación de Alberto Otárola en la fiscalía de dio en medio de un amplio despliegue policial. Foto: GEC / Anthony Niño de Guzmán
Luego, cuando Alberto Otárola pasó a responder, las fuentes señalan que remarcó que se enteró de las muertes por los medios de comunicación, que en su condición de ministro de Defensa no tenía injerencia sobre operativos, y que no era su función supervisar o dirigir las acciones de la Policía o las Fuerzas Armas ante las protestas. También optó por remitirse a las respuestas que dio en un interrogatorio previo por este caso.
En otro momento, se le hicieron preguntas específicas, como las referidas a que los militares nunca habrían recibido órdenes superiores para detener sus acciones. Ante ello, indican las fuentes, replicó que no tenía conocimiento de esos aspectos. Agregan que el ministro se apoyó constantemente en sus abogados para dar sus respuestas.
El titular de la PCM llegó a la sede central de la Fiscalía de la Nación a las 2:30 p.m. y se retiró pasadas las 9 p.m. El plazo de esta investigación preliminar vencerá a fines de octubre próximo, con lo que se espera que las declaraciones de Dina Boluarte y de Alberto Otárola del último miércoles sean las últimas que den ante la fiscalía por este caso, al menos en esta fase de la indagación.
Alberto Otárola había brindado una primera declaración a fines de enero ante la fiscalía y la PGE, la cual se interrumpió por el contexto de las protestas de esos días. En la continuación de la diligencia, el 16 de febrero, no participó la PGE. Ello motivó un recurso ante el Poder Judicial que autorizó la participación de la defensa del Estado y de los abogados de los deudos como partes agraviadas en el caso.
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