Alejandro Toledo salió libre: ¿tendrá impacto en el proceso de extradición? | ANÁLISIS

La apelación de la fiscalía federal de Estados Unidos a la decisión del juez de la Corte del Distrito Norte de California Thomas S. Hixson, fue rechazada. El requisito más importante para que Toledo retorne a su domicilio era el pago de US$500 mil en efectivo, de un total de S$1 millón exigidos como fianza.

En este caso, el proceso de extradición en el que se encuentra Toledo responde a la investigación en el Perú en torno a los US$20 millones que habría recibido de la empresa Odebrecht como soborno a cambio de que esta sea favorecida con la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur durante su gobierno. Al otrora líder de Perú Posible se le imputan los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

Una nueva diligencia de extradición está programada para el próximo 9 de abril, aunque, inicialmente, el Estado de California permanecerá en cuarentena hasta el 7 de abril. Los abogados de Toledo buscan que se obligue a la fiscalía norteamericana a entregar 16 folios de información documentaria sobre el proceso de extradición que impulsa el Perú.

Roberto Su, abogado del exjefe del Estado, se ha mostrado conforme con la decisión adoptada por el juez Hixson, quien también ha dispuesto que Alejandro Toledo cuente con un grillete para que sea monitoreado por GPS. Por su lado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, ha dicho que se respeta la decisión adoptada por el magistrado, ya que esta no generará ninguna afectación al proceso de extradición. ¿Esto es cierto?

Perspectivas

Para el exprocurador anticorrupción Iván Meini, la variación de la prisión por el arresto domiciliario responde a una coyuntura excepcional que “de ninguna manera puede ser tomado como un triunfo de la defensa legal de Toledo”.

“No se ha reducido el peligro de fuga, es un asunto de sanidad pública que se aplica a él y a otras personas. El proceso sigue como tal y esto debe ser visto como lo que es: una medida de salud para evitar contagios masivos de coronavirus”, indicó a El Comercio.

Similar posición expresa el abogado penalista Rafael Chanjan, quien sostuvo que el carácter humanitario de la decisión del juez Hixson no supondría un obstáculo o retraso para el proceso de extradición, el mismo que “ya está bastante avanzando”.

Chanjan afirma que si bien se buscar anular la probabilidad de que se produzca una fuga, las posibilidades de que esto ocurra son casi inexistentes a raíz de que Alejandro Toledo será permanentemente monitoreado.

Respecto a la justificación, o no, de la medida, Meini precisa que, dado el contexto planteado por la presente pandemia, se comprende que haya salvedades respecto a las medidas de restricción impuestas contra investigados.

Asimismo, Chanjan estima que es innegable que el exmandatario tendrá, en adelante, mayor comunicación con su defensa legal en el Perú. No obstante, dijo creer que dicha circunstancia difícilmente fortalecerá su posición ante las investigaciones que se le siguen o ante la justicia de Estados Unidos.

Cabe recordar que durante los ocho meses que ha estado en prisión, el exmandatario ha presentado cinco anteriores recursos buscando su libertad, y argumentando incluso que la cárcel afectaba su salud mental. Lo que tuvo fueron solo reveses judiciales, hasta que la coyuntura por el coronavirus jugó a su favor.

En esa línea, el exprocurador anticorrupción Yván Montoya explicó que, en la decisión de juez, no primó el factor psicológico o mental alegado por Toledo en un anterior pedido de libertad bajo fianza, sino el de riesgo de contagio de coronavirus.

Por tanto, refirió que se trata de una decisión humanitaria y resaltó que, en las condiciones actuales, no hay riesgo de fuga. “La fiscalía, una vez que se supere esta situación, estoy seguro que pedirá su reingreso a una suerte de prisión preventiva porque creo que ya estaríamos muy cerca a un pronunciamiento final del juez”, acotó.

El estado del proceso

El Estado Peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, envió el 25 de mayo del 2018 a la embajada peruana en Washington la solicitud de extradición, a fin de que sea presentada de inmediato a la Oficina de Aplicación de la Ley e Inteligencia del Departamento de Estado de EE.UU.

Se trata de un expediente de más de 6 mil folios traducido al inglés, cuya copia fue remitida por el Departamento de Estado a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE.UU. Esta empezó a revisar la documentación a fines de enero del 2019.

El caso llegó a la Corte del Distrito Norte de California, estado de residencia de Toledo, en donde el juez Thomas S. Hixson ordenó la detención del expresidente en julio del 2019. Por esos días, el entonces ministro de Justicia peruano y hoy primer ministro, Vicente Zeballos, estimó que el proceso de extradición podría tardar un año.

Actualmente se está en ese plazo. Sin embargo, para Montoya, la justicia de EE.UU. tendría que haberse pronunciado ya sobre el fondo, aunque los tiempos han variado a raíz de los recursos presentados por Toledo para salir en libertad y la situación actual.

“Con una serie de recursos planteando su libertad, [Alejandro Toledo] ha impedido que el juez tome una decisión de fondo. Y esta situación ha venido también a aplazar aún más la fecha en la que el juez tenga que tomar una decisión de fondo sobre la extraditabilidad de Toledo. Es solo el plazo el que se ha afectado. Es una cuestión de tiempo. Ha tenido un poco de suerte y él también ha estado perturbando el proceso normal por los pedidos reiterados que ha estado haciendo sobre su libertad”, explicó.

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