“La extradición de Toledo es de las más importantes en la historia del país”

La abogada Silvana Carrión es procuradora ad hoc del caso Lava Jato desde el 2017. Desde entonces ha tenido el caso de Alejandro Toledo como uno de los más importantes de esta trama de corrupción transnacional. En ese lapso, también ha participado en el proceso para extraditar al expresidente desde los Estados Unidos, el cual considera histórico y que se acerca a su desenlace con la decisión de la justicia estadounidense de ordenar su detención para que finalmente, luego de más seis años, pueda retornar al Perú.

En el mejor escenario, considera, el expresidente estaría en territorio peruano en las próximas dos semanas, por más recursos que pueda presentar para evitarlo. En cuanto a lo que ocurre con el caso en Perú, Silvana Carrión cuestionó las recientes decisiones de la Corte Suprema en el Caso Interoceánica Sur -precisamente por el que Alejandro Toledo será entregado al Perú- y en particular en el Caso Gasoducto Sur, por sus posibles implicancias negativas en otras investigaciones y en los millonarios arbitrajes que enfrenta el Perú con las empresas Odebrecht y Enagás.

—¿Qué pasará este viernes con Alejandro Toledo en EE.UU.? ¿De todas formas será detenido o podría realizar alguna maniobra legal para evitar su arresto?

Tenemos entendido que la orden del juez se tiene que ejecutar de todas maneras. Solo si hay una orden expresa de la corte de suspender la ejecución de la extradición, esta no se ejecutaría; pero si no, los pedidos presentados [por la defensa de Toledo] no paralizan el trámite. El juez Hixson ha ordenado que el Alejandro Toledo se entregue el viernes a las 9 am. Si no se presenta, entonces lo que procedería es la detención de Alejando Toledo y sería puesto en una cárcel. Solo en el caso que una corte indique lo contrario, está orden se debe ejecutar.

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—¿Hay todavía algún recurso que Alejandro Toledo podría presentar para evitar su extradición al Perú tras su detención?

Siempre existe la posibilidad de que la defensa del señor Toledo pueda plantear algún recurso, pero confiamos en que cualquier acción que haga de aquí en delante de cara a tratar de evitar la ejecución de la extradición va a ser resuelta pronto y en el sentido en que han venido siendo resueltos los últimos recursos que ha presentado. En las dos últimas semanas ha habido pronunciamientos, de diferentes cortes, donde finalmente no han aceptado los pedidos del señor Toledo. Esa ha sido la tendencia de los últimos pedidos, entonces, cualquier cosa que venga de aquí en adelante, entenderíamos que también el Poder Judicial estadounidense no lo acogería.

—Ustedes señalaron que los recursos que presentó Toledo en las últimas semanas no iban a prosperar y, efectivamente, no prosperaron. ¿Piensan lo mismo de cualquier nuevo recurso que pueda presentar en estos días?

Confiamos en que será así. Cualquier recurso que él vaya a presentar, incluso estando detenido o de repente ya de cara al traslado propio, confiamos en que no tendría acogida. Podría ser desestimado, además, en un corto tiempo, sobre todo porque las últimas decisiones del Noveno Circuito, de la Corte de Columbia, del juez Hixson, han sido bastantes enfáticas en señalar que los argumentos del señor Toledo para tratar de que no se ejecute la extradición no tienen mayor fundamento, no tienen mayor asidero legal en los precedentes que cita.

Es más, la Corte de Columbia ha sido bien enérgica en señalar que se trata de una persona que tiene condición de fugitiva de su país y que está siendo acusado por graves hechos de corrupción y de lavado de activos. Todos los precedentes a los que hace referencia Toledo para equiparar su caso al de otros, que tienen que ver con temas de Derechos Humanos, otro tipo de detenciones, la Corte de Columbia ha dicho que no se equiparan. Este el caso de un fugitivo que está enfrentando graves hechos de corrupción y de lavado de activos, y que tiene que responder ante la justicia de su país.

—¿Qué dicen las resoluciones de la justicia estadounidense sobre la solidez del caso contra Toledo?

Lo que ha dicho la Corte de Columbia es bastante importante: que este es un proceso que ya lleva bastante tiempo, que viene siendo conocido por varios jueces que se han abocado al caso. Mencionan alrededor de cinco jueces que han analizado profundamente el caso de la extradición del señor Toledo y con ese análisis no le han dado la razón o han certificado la extradición. Lo otro que han dicho es que cuando se ha evaluado el proceso, se trata de un caso que tendría la condición de causa probable, por los elementos con los que ha sido presentados, las evidencias para determinar que es una causa probable y los cargos que tiene el señor Toledo dentro de la acusación.

Han sido bien enfáticos en señalar que este ha sido un proceso largo. Tiene más de cuatro años que viene siendo analizado en el Poder judicial, en el Departamento de Estado también varios meses. Eso rescatan las decisiones y observan que cualquier recurso que ha presentado el señor Toledo en los últimos meses, han sido recursos dilatorios que buscan es evitar la ejecución de la extradición.

"Si no hay ninguna incidencia, ningún recurso que presente el señor Toledo, lo que viene después es que las autoridades estadounidenses con las autoridades peruanas tienen que coordinar para ver cómo se efectúa esta entrega"

—En el escenario en el que Alejandro Toledo ya esté detenido, ¿qué viene después?

Si no hay ninguna incidencia, ningún recurso que presente el señor Toledo, lo que viene después es que las autoridades estadounidenses, a través del Departamento de Justicia, con las autoridades peruanas, a través de la autoridad central del Ministerio Público, tienen que coordinar para ver cómo se efectúa esta entrega. Una comitiva por parte del Perú tiene que viajar a EE.UU. para poder recibir al señor Toledo y hacerle un traslado a nuestro país. Entendemos que en esta comitiva tienen que estar efectivos policiales de la Interpol.

Nosotros estimaríamos que sería importante que viaje un fiscal, de preferencia uno que conozca el Caso Interoceánica, que está a cargo del fiscal José Domingo Pérez. No sé si él o alguien de su equipo. Que viaje alguien de Medicina Legal también es importante para que garantice y dé seguridad sobre el estado de salud del señor Toledo, que el traslado sea con todas las garantías que corresponden. Esta comitiva tendría que viajar a Estados Unidos, hacer las coordinaciones que hay que hacer con el Departamento de Justicia, con los alguaciles de Estados Unidos, y luego proceder a la extradición. Lo que entendemos, además, es que el señor Toledo sería trasladado en un avión comercial.

—En este escenario, ¿cuándo tendríamos a Toledo ya en territorio peruano?

No podemos saber cuántos días exactamente porque depende de las coordinaciones que hagan las autoridades, pero estimaríamos que hacia la próxima semana o la subsiguiente podríamos tener ya noticias de su estadía en el país. Siempre que no haya algún recurso que presente.

—Si bien él puede presentar recursos que eventualmente serían rechazados, como ha pasado hasta ahora, ¿estos podrían al menos demorar el pase de la detención en EE.UU. a su llegada el Perú?

Podría ser si es el gobierno estadounidense decide esperar a que se resuelva algún recurso que presente el señor Toledo antes de proceder con la extradición. Es una decisión que podrían tomar ante un eventual recurso que presente.

—¿Depende entonces de Estados Unidos de que la próxima semana pueda estar acá? Porque él puede presentar recursos, pero ellos lo pueden entregar antes de que estos se resuelvan

Sí, es una decisión del estado norteamericano. Ellos están habilitados en este momento para poder hacer la entrega del señor Toledo, en el marco de la ejecución de la extradición, sin esperar cualquier resolución de un eventual recurso que pueda presentar. Pero esta es una decisión que tomará el gobierno norteamericano.

—¿Cuál sería para ustedes el mejor escenario a nivel de plazos?

A nivel de plazos, sería un escenario óptimo que en un par de semanas el señor Toledo ya se encuentre en nuestro país para enfrentar la justicia.

—Y una vez acá, ¿qué es lo que le corresponderían?

Él tiene un mandato de prisión preventiva. Tendría que llegar este a nuestro país y ser calificada su situación respecto a qué establecimiento penitenciario debe ser asignado por el INPE. Luego va a ser presentado a las audiencias que sean convocadas por el caso Interoceánica, porque él está viniendo por el Caso Interoceánica.

—¿Qué se sabe de Eliane Karp? Ustedes están pidiendo su extradición por el Caso Ecoteva, pero sin Toledo en EE.UU. es posible que ella salga del país…

Sabemos que ella sigue en EE.UU., vive con el señor Alejandro Toledo. El proceso de extradición respecto a ella, que es solamente por el Caso Ecoteva, ya fue presentado a los Estados Unidos, está en el Departamento de Justicia, siendo evaluado para poder ser presentado al Poder Judicial.

—Si se le devuelven su pasaporte o si Toledo ya está en Estados Unidos, ella podría tranquilamente saldrá de ese país y sería muy difícil extraditarla...

Hasta donde tenemos entendido, no tiene ninguna medida que le impida salir del país [EE.UU.], ninguna orden judicial.

—¿Y un eventual impedimento depende exclusivamente de Estados Unidos?

Sí, depende de lo que haga el gobierno estadounidense, a través del Departamento de Justicia, porque todo pedido tiene que ser en el marco del proceso de extradición, que está evaluando el Departamento de Justicia, para poder ser presentado al Poder Judicial.

—¿Qué balance hace sobre el trabajo que hizo el estudio Foley Hoag en apoyo al Perú para la extradición de Toledo?

El estudio Foley, que fue contratado por el Ministerio de Justicia para que apoye en este seguimiento, ha sido un apoyo bastante importante. Ha ido monitoreando este proceso, haciendo el seguimiento y probablemente dándonos las alertas que corresponden para que nosotros podamos evaluar las acciones que correspondan también desde nuestras competencias. Este caso extradición está a cargo del Departamento de Justicia en los Estados Unidos, ellos han definido la estrategia, los momentos, porque es un órgano autónomo. Representan los intereses del Estado peruano, pero la estrategia la definen ellos.

Nosotros simplemente hemos ayudado en el soporte y en la información que se no has sido requerida en su momento. El estudio Foley ahí nos ha ayudado con ese monitoreo y esas alertas que han sido necesarias para la mejor entrega no de la información, conforme lo exigen las normas americanas. Ellos, como conocen el sistema de justicia americano, nos pueden avisar de las resoluciones que se emiten con prontitud para que podamos también tener alguna evaluación y ser proactivos para poder alcanzar información del caso u otra información vinculada a la extradición que haya necesitado el Departamento de Justicia.

—¿Qué le deja todo este largo proceso para extraditar al expresidente?

Ha sido un esfuerzo importante, amplio, por parte de varias autoridades. La fiscalía está a cargo del Caso Interoceánica y nosotros, como procuraduría, participamos en ese caso. Conjuntamente con ellos, con Rafael Vela y José Domingo Pérez, hemos viajado a Estados Unidos para dar el soporte y estar a disposición del Departamento de Justicia en la información que se requiere. Pero no somos las únicas autoridades pendientes de este caso: Cancillería ha tenido un rol muy importante en este proceso, porque a través de ellos se hacen las comunicaciones formales; el Poder Judicial cuando tuvo que aprobar los cuadernos de extradición.

El esfuerzo ha sido mucho, largo, pero creo que el caso del señor Toledo lo ameritaba. Estamos llegando a un resultado positivo para nuestro país, donde sentimos que todo este esfuerzo valió la pena porque se haría justicia respecto a que el señor Toledo pueda responder por estos graves cargos de corrupción en nuestro país. Ahora, sí es cierto que ha sido mucho tiempo, han sido cuatro años, pero en el balance eso tiene su parte positiva también. Lo positivo es que el señor Toledo ha tenido todos los medios y los recursos para poder ejercer su defensa de manera amplia y no decir, ante ninguna instancia, que no se ha cumplido el debido proceso por parte de las autoridades estadounidenses. Le han dado toda el espacio y el tiempo para que él presente todos los recursos, hasta el último momento, para que se defienda. Y se ha resuelto conforme al debido proceso.

"Este es un caso histórico, casualmente por el perfil de la persona: es un expresidente comprometido en graves hechos de corrupción y sobornos"

—Para ponerlo en perspectiva, en la historia de los procesos de extradición que hemos tenido en la historia de la justicia peruana, ¿qué lugar le asignaría a la extradición de Toledo?

Sin duda alguna, este proceso de extradición es uno los más importantes que probablemente tengamos en la historia del país. Ya hemos tenido un proceso de extradición de otro expresidente, pero sin duda este es un caso histórico, casualmente por el perfil de la persona: es un expresidente comprometido en graves hechos de corrupción y sobornos. Dentro del esquema Lava Jato, el señor Toledo está siendo acusado por haber recibido casi 32 millones de dólares, que de los otros casos que vemos en Lava Jato, no ha habido comprometida una coima tan alta como la que significó para el señor Toledo. Es que era un funcionario de alto perfil, el más alto perfil público que puede haber un país, que es el presidente. […] Que él pueda finalmente dar cuenta de esos actos ante la justicia peruana es un hecho sumamente importante.

—Cuando Toledo llegue al Perú, ¿en qué estado encontrará su proceso por el caso Interoceánica? Si bien hay una acusación presentada, el caso aún no está en fase de juicio

El caso Interoceánica este ha tenido algunas complejidades procesales. En un caso que tiene más de 30 investigados, es un caso grande, con mucha información, mucha prueba. Recientemente, la Corte Suprema decidió que se podía desacumular una parte del caso. No la parte del señor Toledo, esa sigue su curso. Con eso, el juez Concepción Carhuancho ahora está habilitado para que pueda convocar a una audiencia de la etapa de intermedia, la de control de acusación. Luego de que superemos esta etapa, ya pasará a otro juzgado para que inicie el juicio oral.

—¿Entonces el juicio, por los antecedentes de otros casos similares, podría iniciar en un año?

Es probable que tome unos meses, un año, esperemos que un poco menos. En un control de acusación se controla la acusación propiamente dicha, pero también las pruebas ofrecidas por las partes. Y en este caso son abundantes las pruebas ofrecidas.

—¿Cuánto de reparación civil piden en este caso de Toledo y cómo pueden asegurar que haga ese pago?

Tenemos medidas cautelares fijadas para el Caso Interoceánica como tal. La reparación civil que se ha pedido es aproximadamente de 1,800 millones de soles, dirigida de manera solidaria contra todos los investigados, que son más de 30, y las empresas que han formado parte del esquema de corrupción.

—La próxima semana inicia el juicio en el Perú por el Caso Ecoteva. Si bien Toledo aún no está extraditado por ese caso, ¿allí también piden una reparación civil?

Sí, nosotros este participamos en el caso Ecoteva. El miércoles se va a dar inicio al juicio oral. En este caso, este el señor Toledo no está siendo extraditado, efectivamente, por ese caso. Tendrá que ampliarse la extradición cuando el Departamento de Justicia presente o el juez [de EE.UU.] otorgue la extradición también por este caso. Estamos pidiendo una reparación civil de 46 millones de dólares aproximadamente contra los seis investigados y las empresas que están comprometidas.

—Si se inicia el juicio y Toledo no está acá, Eliane Karp tampoco, ¿qué va a pasar con ese caso?

Se va a iniciar contra las personas que estén presentes y se reservará contra los que todavía no estén disponibles por el juicio. Se procederá a la reserva.

—Justamente hablando del caso Interoceánica, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema hace poco decidió excluir a uno de los abogados que estaban implicado. ¿Cómo tomaron esta decisión?

Definitivamente hemos lamentado esa decisión de la Corte Suprema respecto a la exclusión del doctor Juan Monroy Gálvez, vinculado a este proyecto al Interoceánica, porque consideramos que había elementos para que siga en el caso. Ese recurso que presentó, que se llama excepción de improcedencia de acción, está dirigido a que sea excluido de manera temprana del proceso. Se discute simplemente si el hecho constituye delito, no es una declaración de culpabilidad o inocencia […] El informe legal del doctor Monroy permitió la firma de ese contrato a pesar de la advertencia de la Contraloría, [fue] elaborado en menos de una hora entre el pedido y la entrega del informe. Definitivamente había elementos para investigar y que vaya a juicio oral.

—¿Pasó algo similar en el Caso Gasoducto con los abogados del Estudio Echecopar?

Sí, es similar, la consecuencia ha sido la misma. Lo que ha hecho la misma sala de la Corte Suprema es excluir a los abogados Jorge Danós y Ana Reyna, vinculados al proyecto Gasoducto, por haber elaborado un informe legal en representación del Estudio Echecopar. La Corte Suprema también ha hecho un desarrollo respecto a que habrían tenido una conducta neutral. No le han dado ningún valor, y eso es lo que nos ha preocupado, a que en los hechos se haya indicado por parte de la Fiscalía que la empresa Odebrecht y Enagás -las favorecidas con el Gasoducto- hayan sido clientes del Estudio Echecopar al momento que emitió el informe.

Eso significa que el Estudio Echecopar hizo el informe a favor de su cliente, porque con este se descalificó al consorcio competidor de sus clientes. Había un conflicto de interés claro, evidente, y eso implica que no existe una conducta neutral de parte del abogado que hace el informe en este caso en específico. Eso no fue tomado en cuenta por la Corte Suprema.

—¿Golpea esta decisión al desarrollo de la investigación del Caso Gasoducto?

Definitivamente es una decisión importante, que impacta en el caso. Una de las líneas importantes del caso de los productos casualmente la descalificación irregular del consorcio competidor de Odebrecht y Enagás. Entonces, excluir a uno de los estudios de abogados que participó o colaboró para esa descalificación, es un impacto importante de manera negativa en el caso. La Fiscalía va a seguir investigando esa línea irregular respecto a la calificación, respecto al otro estudio de abogados y respecto a los miembros de ProInversión, pero ha quitado uno de los elementos de esta línea. Eso, sin duda alguna, va a ser tomado además por las defensas este de los otros investigados que están comprometidos en esta línea de investigación, pero sobre todo también va a ser tomado por la defensa de las empresas que están litigando los arbitrajes internacionales contra el Estado peruano

—Hace poco, luego de esta decisión de la Corte Suprema, representantes de Enagás manifestaban su confianza en que iban a ganar su arbitraje al estado peruano...

Un día después...

—¿La decisión de la Corte Suprema puede favorecer a Enagás y Odebrecht en sus litigios contra el Perú?

Creemos que la decisión de la Corte Suprema puede ser utilizada, aprovechada por las defensas de Odebrecht y Enagás en los arbitrajes internacionales. Como en esos casos también hay temas de corrupción alegados, esta decisión a va a ser uno de los puntos que ellos podrían aprovechar en los arbitrajes internacionales para expresarlos antes los tribunales. Esta decisión no solo impacta al proceso penal interno peruano, sino en este litigio internacional donde la empresa Enagás ha demandado al estado peruano por 500 millones de dólares; y Odebrecht, por 1,200 millones.

—¿Para cuándo se tendría una resolución de esos arbitrajes?

El de Enagás ha sido primero, debería existir laudo este año. En el caso de Odebrecht todavía va a tomar un tiempo más, un año más.

—¿Podría tener un impacto en otros caos de Lava Jato donde están implicados abogados?

Hemos identificado en Lava Jato por lo menos cuatro casos que tienen el insumo de informes legales de estudios abogados importantes. Ya en dos casos han sido excluidos. En el Caso Arbitrajes se tiene, por ejemplo, también el componente de informes legales de estudios de abogados, casualmente también del Estudio Echecopar. Entonces sí, los argumentos de la Corte Suprema, plasmado en la decisión de Monroy, en la decisión de Danós y Reyna, van a ser utilizados por las defensas seguramente, como ya lo han anunciado en una reciente audiencia.

—¿Están evaluando alguna medida para tratar de revertir lo decidido por la Corte Suprema?

Estamos evaluando el caso en general, cómo seguir en el Caso Gasoducto. De hecho, hubo una buena noticia, nos han constituido como actor civil, el juez admitió el ingreso de la Procuraduría para representar los intereses del estado […] Hemos pedido nosotros ahí 1,300 millones de dólares como reparación civil de manera preliminar. Esto nos permite continuar pidiendo las medidas cautelares y los embargos contra todos los investigados, que es lo que queremos; otras acciones civiles, que es casualmente lo que estamos evaluando ahora: las acciones civiles que debemos hacer en el Caso Gasoductos para continuar con el aseguramiento de la reparación civil

—¿Lo decidido por la Corte Suprema no se puede revertir?

Ante la misma instancia o fuera judicial penal, no, pero existe otras opciones que se pueden evaluar en otros fueros. Estamos en esa evaluación.

—¿Los 1,300 millones de dólares son la cifra de reparación civil más alta en todo el caso Lava Jato?

Gasoducto es la cifra más alta que se ha planteado como monto de reparación civil en el proceso abierto por parte de la Procuraduría. Recordemos que Gasoducto ha sido el proyecto licitado en donde hubo una propuesta económica más alta. Fueron más de siete mil millones de dólares los que se ofrecieron como propuesta económica de inversión o por parte del contratista. Era una asociación pública privada autofinanciada. Sí ha sido el monto más alto el planteado este en el caso Lava Jato.

Y solamente para cerrar este este punto de la Corte Suprema: nosotros, los actores de justicia, tratamos de litigar intensamente, hacemos mucho esfuerzo por avanzar en las investigaciones […] Somos conscientes de que la lucha conta la corrupción debe darse desde todo nivel: procuraduría, fiscalía y también el Poder Judicial, como lo ha venido haciendo. Sin embargo, las últimas decisiones de la Corte Suprema debilitan, de alguna manera, debilitan el esfuerzo que venimos haciendo los otros actores de justicia.