Testigo de investigación por el golpe de estado admite reunión con Aníbal Torres, pese a prohibición judicial

En diciembre del 2022, la fiscalía pidió prisión preventiva para el expresidente del Consejo de Ministros, tal como hizo con el expresidente. El Poder Judicial rechazó imponerle esa medida por su edad (actualmente 81 años) y sus problemas de salud, dictando en su lugar comparecencia con restricciones.

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Entre esas restricciones, se le impuso la “prohibición de comunicarse con los demás investigados y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación”.

Una de esas personas es el exministro de Defensa Gustavo Bobbio, quien fue testigo durante la etapa de indagación y hoy está ofrecido como testigo en la acusación del caso. Pese a ello, el general (r) recientemente admitió haberse reunido y conversado sobre los hechos del golpe de estado con Aníbal Torres en su vivienda de San Isidro, en lo que sería una ruptura de esa regla de conducta.

La admisión del exministro ocurrió el pasado 12 de enero en una entrevista con el periodista Fernando Vivas en RPP Noticias, donde se comentaba la acusación penal presentada por el Ministerio Público por este caso, la cual incluye al exjefe de la PCM. Gustavo Bobbio afirmó allí que cree que Aníbal Torres “no estaba involucrado” en el golpe de estado.

“Yo creo en algunas personas. Yo creo en Aníbal. He hablado con él hace una semana. Después de ese 7 de diciembre [del 2022], he hablado hace una semana. Lo llamé y le dije ‘Aníbal, quisiera conversar contigo’. ‘Vente a mi casa’. Salí corriendo, vivo a 40 cuadras de él. Le dije ‘¿qué pasó?’. Me dijo: yo no tenía la menor idea, como tú tampoco. Nada más”.

Según se consigna en la acusación fiscal, Bobbio vive en Magdalena. Su dirección, en efecto, está relativamente cerca de la vivienda de Aníbal Torres, en la calle Roma de San Isidro.

Luego, el exministro de Defensa se reafirmó que “no hay ningún elemento probatorio contra él”. “Yo creo que Aníbal Torres era muy inteligente para haber hecho eso y creo que Betssy Chávez era muy poco inteligente para haber escrito eso [el discurso del golpe de estado]”.

Previamente, en su declaración a la fiscalía, Bobbio había relatado que él estuvo en el Despacho Presidencial junto a Aníbal Torres mientras Pedro Castillo leía el mensaje del golpe de estado. Detalló que le dijo “esto no va” a Aníbal Torres, quien le replicó: “es decisión del presidente”.

El Comercio llamó a Gustavo Bobbio para consultarle sobre el mismo tema. En conversación telefónica, el exministro se ratificó en que se reunió recientemente con Aníbal Torres.

“Sí, claro. Me dijo ‘yo no sabía nada y sé que tú tampoco sabías nada’. ‘Ah bueno’, le digo, ‘gracias’. Nada más”. Respecto a cuando fue la reunión, estimó que fue “hace una semana” en la casa del también exministro de Justicia. “Fue la primera vez desde que Pedro Castillo lee eso”.

Respecto a si Aníbal Torres le comunicó que tenía una prohibición para comunicarse con testigos de la investigación, respondió que no. “Él sabía que yo no sabía nada y que él tampoco sabía nada. Me dejó tranquilo y punto. Nada más”, declaró.

Este Diario también llamó a Aníbal Torres para que confirme su participación en esa reunión. El expresidente del Consejo de Ministros afirmó que no iba a dar declaraciones, pero ante la pregunta directa de si tuvo una reciente reunión con Bobbio como él mismo declaró, replicó: “seguramente pues, pero no voy a hacer una declaración”.

Consultado sobre si esa era una infracción a su regla de conducta, dijo “bueno, lo que ustedes están buscando es eso. Pero no voy a hacer ninguna declaración”.

El Comercio también contactó sobre el tema al abogado de Aníbal Torres, Duberlí Rodríguez, quien confirmó que Gustavo Bobbio visitó a su defendido en su vivienda. Sin embargo, negó que ello haya sido una infracción a su regla de conducta porque, según dijo, no saben si fue testigo ante la fiscalía y desconocen si está entre los testigos de la acusación.

“El exministro Bobbio no tiene la condición de procesado y no hay ninguna infracción en la visita que le hizo en su casa al Dr. Aníbal Torres. Otra cosa distinta sería que si sabiendo que ya tiene la condición de testigo admitido en un eventual auto de enjuiciamiento se reúnan”.

Cuando se le señaló que la prohibición incluye a quienes declararon como testigos durante la investigación fiscal, el abogado respondió: “No sabemos si declaró”. Sin embargo, el documento de la acusación fiscal señala que Bobbio sí declaró a la fiscalía en al menos dos fechas: el 9 de diciembre del 2022 y el 18 de febrero del 2023. Sus declaraciones también están en la carpeta fiscal, a la que tienen acceso las defensas de los procesados.

“Nadie sabe formalmente quién es acusado y quiénes son testigos. Para los procesados es un secreto cuando deberían ser los primeros en enterarse. Esperamos que pronto se notifique la acusación a las partes para que digan lo que tienen [...] Mientras no tengamos la acusación estamos limitados para cualquier aclaración”, agregó Rodríguez.

Fuentes ligadas al caso comentaron que lo revelado sería, en efecto, una falta de Torres a las reglas. El penalista Andy Carrión opinó igual, aunque precisó que ello no llevaría directamente a que se le revoque sus restricciones por una prisión preventiva, sino que antes es necesario un “apercibimiento” o advertencia del Poder Judicial.

“Si luego insiste en no cumplir la regla, ahí sí se evaluaría la variación por la prisión preventiva”, dijo.

El primer paso sería que la fiscalía informe al Poder Judicial y requiera el apercibimiento contra el acusado, lo que sería evaluado en una audiencia. De dictarse, esto llevaría a que –en términos futbolísticos– Torres juegue el resto del partido amonestado, con tarjeta amarilla. La tarjeta roja, en este caso, sería una prisión preventiva.

Este Diario también pudo conocer que la fiscalía ya está al tanto de lo revelado públicamente por Bobbio.

El testimonio de Gustavo Bobbio como testigo es clave para uno de los extremos de la acusación de la fiscalía por el golpe de estado. Para el Ministerio Público,, el fallido intento golpista de Pedro Castillo tuvo también un fallido intento de tener a un general “afín” a sus intenciones dentro del alto mando de las Fuerzas Armadas.

La acusación del Ministerio Público por los hechos del 7 de diciembre del 2022 -a la que accedió El Comercio- señala que el expresidente firmó con ese objetivo dos documentos al poco rato de dar su mensaje golpista: la resolución que dio de baja al entonces comandante general del Ejército, Walter Córdova, y la resolución con la que nombró a su sucesor, David Ojeda.

Ese intento, como mucho de lo relacionado a Pedro Castillo aquel día, fracasó. Las resoluciones no se publicaron, el Ejército y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas manifestaron su rechazo al intento de romper el orden constitucional y el otrora candidato de Perú Libre acabó destituido y detenido. Ojeada reemplazó a Córdova como jefe del Ejército ya durante el gobierno de Dina Boluarte y hoy es jefe del Comando Conjunto.

Sin embargo, la fiscalía hace énfasis en ese aspecto para sustentar su acusación y la intención -aunque fallida- de Pedro Castillo de que su mensaje golpista se plasme en un alzamiento de armas para lograr los objetivos anunciados en su mensaje: la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y el gobierno por decreto con el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas.

En este aspecto de su acusación, el relato de la fiscalía se remonta al 6 de diciembre cuando Gustavo Bobbio, quien había sido nombrado ministro de Defensa el día anterior, “traslada” al entonces comandante general del Ejército la decisión de Pedro Castillo de pedirle que renuncie al cargo.

Ese cargo era del general Walter Córdova Alemán desde noviembre del 2021. Su llegada al cargo se dio luego de que el general José Vizcarra fue pasado al retiro en medio -según denunció- de pedidos para ascender a recomendados del presidente. Aquella denuncia fue la génesis del ‘Caso Ascensos’, el primer caso de corrupción ligado al expresidente.

Córdova declaró para la investigación fiscal del golpe de estado que Bobbio lo llamó aquel 6 de diciembre a las 5 p.m. y que se dirigió a su despacho en el Ministerio de Defensa (Mindef). “Me comunica que por encargo del señor presidente debo cesar el cargo y que redacte la carga de cese”.

Sin embargo, no la firmó porque la ley establecía que el presidente debía comunicarle personalmente el motivo de su cese. Lina Sánchez Kamada, exsecretaria el Mindef, declaró a la fiscalía que esto le fue comunicado por uno de los abogados del ministerio y que luego ella se lo comunicó a Bobbio. Córdova, agregó, también había pedido hablar con el presidente.

El entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jesús Gómez de la Torre, declararía luego a la fiscalía que Córdova fue esa noche a su oficina para informarle sobre el pedido que le hicieron para que renuncie, “debido a una serie de problemas que se habían presentado”. Su gestión, vale decir, se había visto manchada por denuncias como la del caso de violación a una joven en una fiesta en la residencia destinada para él y su familia, en Chorrillos. Pese a ello, Pedro Castillo lo mantuvo en el cargo hasta el final de su gobierno.

Ya dentro de aquel agitado 7 de diciembre, desde las 6 a.m. hubo una reunión entre el ministro de Defensa y los altos mandos militares: Córdova como jefe el Ejército, Alfonso Artadi como jefe de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Alberto Alcalá como jefe de la Marina de Guerra, y el propio Gómez de la Torre. Luego de esta, Bobbio y Córdova se dirigieron a Palacio de Gobierno.

Allí, ambos tuvieron una breve reunión con el presidente Pedro Castillo, registrada a las 7:30 a.m: “En ese momento, el acusado Castillo Terrones, ejerciendo su prerrogativa presidencial ordenó a este último que preste su renuncia al cargo”, advierte la fiscalía. “El señor presidente me dijo que era conveniente que yo cese el cargo”, afirmó Córdova.

Para el Ministerio Público, este pedido para que renuncie se hizo “con la finalidad de nombrar como nuevo comandante general del Ejército a un oficial afín con sus intereses o por cooptación que respaldara sus decisiones anunciadas” en el posterior mensaje a la Nación. Según la acusación, para entonces Castillo, Aníbal Torres y Betssy Chávez ya habían elaborado el discurso golpista.

A las 7:40 a.m., Bobbio y Córdova volvieron al Mindef. Allí, este “suscribió su carta de renuncia al cargo”. “Regresó el ministro Bobbio junto al general Córdova y en mi oficina ambos firmaron la renuncia”, declaró la exsecretaria del ministerio. El documento, conocido ese mismo día, tiene fecha del 6 de diciembre, pero el cargo de recepción es del 7 de diciembre a las 8:40 a.m.

El ministro de Defensa volvió a Palacio de Gobierno a las 11:08 a.m. luego de que Betssy Chávez convocó a los miembros de su gabinete anunciando que iba a ser un “día histórico”. Minutos después, según ha reconocido él mismo y según corroboran testigos, fue uno de los presentes en el Despacho Presidencial mientas Pedro Castillo daba su mensaje golpista.

“Yo estaba cerca del dr. Aníbal Torres, me acerqué y le dije: ‘esto no va’ y el dr. Aníbal Torres me dijo: ‘es una decisión del presidente’”, declaró luego Bobbio sobre lo ocurrido en ese momento.

Para la fiscalía, el mandatario “materializó el alzamiento en armas a través del mensaje a la nación, ya que el anuncio de sus decisiones conllevó de manera implícita la disposición de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para suprimir el régimen constitucional”.

Junto a esto, una vez culminado el mensaje, la fiscalía indica que Castillo ejerció su “mando militar supremo” y “dispuso del Ejército del Perú”, para lo que pidió al ministro de Defensa que le dé la resolución para el nombramiento del nuevo comandante general de esa institución, firmándola y entregándosela de vuelta.

“Miró al ministro de Defensa y le preguntó ‘me trajo el documento’; y este le respondió ‘sí, señor presidente’. En ese momento, el exministro Bobbio Rosas se acercó y puso en el escritorio del expresidente Castillo Terrones un fólder manila con documentos dentro, los cuales este se puso a leer y los firmó. Luego, el ministro Bobbio Rosas cogió el fólder manila con los documentos firmado por el expresidente Castillo Terrones y regresó al lugar donde estaba”, declaró a la fiscalía el ministro del Interior, Willy Huerta, hoy también acusado por este caso.

Gustavo Bobbio, quien ha sido ofrecido por la fiscalía como testigo en un futuro juicio por este caso, declaró el último viernes en RPP que Córdova le había dicho que iba a “darse de baja” dos días antes del golpe.

Con esto, la fiscalía sostiene que “se evidencia que el acusado Castillo Terrones disponiendo del Ejército del Perú, suscribió la resolución de nombramiento del comandante general de dicha institución armada con la finalidad de contar con un oficial afín o que por cooptación respalde sus decisiones anunciadas en el mensaje”.

Sin embargo, la versión que da hoy Bobbio difiere de la acusación fiscal. Segú dijo el exministro a El Comercio, la firma de las resoluciones de baja y de nombramiento del nuevo jefe del Ejército fue antes de que Pedro Castillo firme el mensaje. “Después del mensaje no se firmó nada. Fue antes”, afirmó.

¿Y quién era el elegido para reemplazar a Córdova? Se trata del general David Ojeda, por entonces jefe del Estado Mayor y número dos del Ejército. Hoy es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Según dijo Bobbio a RPP, fue él quien llamó a Ojeda la mañana del 7 de diciembre, antes del golpe, para que él sea el nuevo comandante general del Ejército. “Se aseguró eso. [Castillo] no me objetó”. También corroboró que cuando volvió a Palacio de Gobierno, minutos antes del golpe, lo hizo con las resoluciones de baja y de nombramiento.

En su declaración a este Diario, Bobbio afirma que se comunicó con Ojeda luego del anuncio del golpe de estado. “El mensaje fue claro: simplemente que no salga ningún soldado. Lo que yo quería evitar es que haya un enfrentamiento entre tropa, por si acaso Castillo hubiese convocado gente a que vaya a asaltar el Congreso, algo así”.

Su ascenso a jefe del Ejército recién se concretó el 20 de diciembre, ya durante el gobierno de Dina Boluarte. En su acusación, la fiscalía no le atribuye haber sido afín al golpe o haber intentado seguir las órdenes del mensaje, como sí se hace con tres oficiales de la PNP. No hay en la acusación fiscal evidencia o sospecha de que la supuesta intención de Castillo de tener un general “afín” haya tenido eco.

El entonces viceministro de Políticas para la Defensa del Mindef, Andrés Salas Jaén, declaró a la fiscalía que vio al gral. Ojeda llegar en sede del ministerio alrededor del mediodía del 7 de diciembre, minutos después del golpe. “Le dije muy enérgicamente que no acepte el cargo que se le estaba ofreciendo, porque me parecía que lo querían perjudicar, ya que no podía asumir el cargo con una resolución suprema que no había seguido su curso regular [...] y porque su designación se estaba haciendo por un presidente que acaba de dar un golpe de estado”.

La investigación también recoge la declaración del propio Ojeda: “[Bobbio] me dijo que el gral. Córdova había presentado su solicitud de pase a retiro y que él iría a Palacio de Gobierno a recomendarle al señor presidente Castillo que sería yo, el sucesor de Córdova”.

Sin embargo, las resoluciones firmadas por Pedro Castillo para dar de baja a Córdova y nombrar en su lugar a Ojeda no llegarían a publicarse. De hecho, Córdova asistiría como jefe del Ejército horas después a la juramentación de Dina Boluarte como presidenta. Su pase al retiro y su reemplazo por Ojeda recién se concretaría dos semanas después, bajo la rúbrica de la actual mandataria.

El fracaso del plan atribuido a Castillo se hizo evidente menos de doras horas después de su mensaje, cuando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía publicaron su comunicado en rechazo al golpe de estado. Por su parte, Bobbio renunció a su ministerio junto al resto del gabinete.

Pese al fracaso de las intenciones golpistas de Castillo, la fiscalía sostiene que lo anunciado en su mensaje fue “un acto de disposición implícita de las armas en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”. “Las decisiones que anunció conllevaron, de manera implícita, la disposición e intervención de dichas instituciones para suprimir el régimen constitucional”.

Es decir, que la intentona golpista haya fallado no libra de responsabilidad penal al expresidente: “No es posible revestir de impunidad la conducta del promotor del alzamiento armado por el hecho de que las instituciones armadas leales al Estado de derecho decidieron no acatar lo ordenado en sujeción al régimen constitucional”

Conocida la presentación de la acusación por este caso, donde se pide una condena de 34 años para Pedro Castillo, la defensa del expresidente mantiene su posición que es inocente y que los hechos del 7 de diciembre no fueron un delito. Todo fue, afirman, una proclama política y el verdadero golpe de estado se lo dieron a él.

En tanto, Bobbio tiene una opinión propia. En la citada entrevista, afirmó que a su criterio “Pedro Castillo no cometió un intento de golpe de estado: lo que hizo fue una estupidez. “No soy abogado, pero me hubiera ido por la [defensa de] inimputabilidad. O sea, es un idiota. Porque para leer eso [el mensaje del 7 de diciembre], hay que ser idiota”.