Aníbal Torres y Félix Chero: los argumentos de la Fiscalía de la Nación para investigar a los ministros por organización criminal

Unidad de Investigación

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el ministro de Justicia, Félix Chero, fueron incluidos en la investigación preliminar que la Fiscalía de la Nación realiza por el delito de organización criminal.

El Comercio accedió a las disposiciones fiscales que detallan los argumentos de la decisión de la Fiscalía de la Nación, que también investiga al presidente Pedro Castillo por el caso.

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En el documento fiscal, emitido el jueves 1 de setiembre, se recoge el testimonio de Karelim López sobre los presuntos actos de obstrucción de Aníbal Torres cuando era ministro de Justicia, cargo que ocupó antes de asumir como jefe del Gabinete.

“[…] El premier quería que él [Bruno Pacheco] se vaya, que abandone el país. Yo lo acompañé a esa reunión, cuando ya Bruno estuvo fuera, yo fui la que lo acompañó y también forma parte el ministro Ayala de esa reunión, donde pedían que Bruno se vaya para que no hable”, dijo López ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, tal como se cita en la disposición fiscal.

Pacheco fue secretario general de Palacio de Gobierno hasta su renuncia en noviembre del 2021 ante escándalos como el de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Luego estuvo prófugo por tres meses, hasta que en julio de este año se entregó a la justicia. Actualmente es colaborador eficaz.

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Karelim López precisó que eso ocurrió en una reunión en San Borja, cuando Torres era titular de Justicia. Según la declaración de la colaboradora eficaz de la fiscalía, el representante del Ejecutivo le garantizó a Pacheco que no habría problema si huía del país porque ellos “iban a controlar todo”.

Este testimonio fue contrastado por la fiscalía con la declaración que el propio Torres rindió ante el mismo grupo legislativo.

Al respecto, Torres dijo: “Me reuní con el señor Bruno Pacheco cuando me conducía de San Isidro a Surquillo, en una calle en San Borja. Subió al vehículo y le digo ¿qué cosa pasó?, porque ya se sabía de los 20 mil dólares. Entonces, me dice: doctor, no es cierto lo que han manifestado”.

Otra presunta intervención

La Fiscalía de la Nación también ha recogido información del despacho de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, quien entregó la transcripción de la declaración del colaborador eficaz CEE-02-SD-2FPCEDCF-2022, que involucra al actual titular de Justicia, Félix Chero.

“[…] Quiero entregar en este acto un documento rectangular que es un pedazo de papel que tiene un manuscrito de un número telefónico 936961155, con tinta de lapicero color azul. Tengo conocimiento que ese documento fue entregado a Marco [Zamir] Villaverde García por un efectivo del INPE llamado Gómez M, según su identificación de uniforme con casaca negra”, cita el documento fiscal en referencia al testimonio del colaborador.

El trabajador del INPE fue identificado como José Carlos Gómez Medina, quien, de acuerdo con el colaborador eficaz, se presentó ante Villaverde “como asesor del presidente del INPE y dijo que venía por encargo del ministro de Justicia, para que […] se comunique con ese número, que le iba a atender la asistente del ministro hacia un teléfono satelital. Eso fue el día 27 de abril de 2022″.

Ese día, Villaverde, al igual que Edgar Vargas Mas y Víctor Valdivia Malpartida, investigados por el Caso Puente Tarata, fueron removidos de sus celdas del penal Ancón I debido a que tenían que presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Vargas y Valdivia aseguraron haber visto a Villaverde conversando, luego de la sesión del grupo legislativo, con quien creen era un funcionario del INPE.

“[…] Estaba conversando con una de las personas al fondo del ambiente del locutorio donde nos encontrábamos […]. Escuché que él [Zamir] le dijo a Víctor Valdivia que le habían enviado un mensaje. Estaba medio nervioso. Ello escuché cuando nos disponíamos a retirarnos del ambiente y escuché que Zamir Villaverde le dijo a Valdivia: ‘toma este número si me pasa algo’”, señaló Vargas.

Según la tesis fiscal, el personal de INPE, José Gómez, buscó cumplir con el encargo de proporcionar el número del ministro de Justicia, Félix Chero, a Villaverde con el objetivo de que se “comunique al referido interno el mensaje de la organización, esto es que no revele información sobre su existencia, la que estaba enquistada al Poder Ejecutivo”.

Para el Ministerio Público, estos hechos indican que el presidente Castillo lideraría una red criminal cuyos operadores serían los ministros Aníbal Torres y Félix Chero; el ahora exsubsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, y el exasesor presidencial Eder Vitón.