Aportes, confesiones y un juicio pendiente: la cronología del caso de Villarán y el rol clave de José Miguel Castro

A José Miguel Castro no solo lo alcanzaban las sindicaciones de testigos y colaboradores eficaces, documentos y registros telefónicos. También lo condenaba su propia confesión: reconoció presuntos actos ilícitos que habría cometido en autoría con la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Su muerte repentina no borra el legado de irregularidades que, según el Ministerio Público, cometió como uno de los hombres más poderosos en la administración municipal de Villarán. Su historia permanece en cientos de documentos que serán claves en el juicio que se avecina contra la exalcaldesa, quien enfrenta una acusación que podría llevarla a cumplir hasta 29 años de prisión.

Antes de que el seudónimo “Budián” se hiciera conocido en los archivos del Caso Lava Jato en Perú, Castro era un colaborador leal y de absoluta confianza de Villarán. Según la investigación fiscal, ambos se conocieron en el 2010, cuando ella aún era candidata a la alcaldía de Lima.

Tras su elección como alcaldesa, Villarán no tardó en otorgarle poder: en enero del 2011 lo nombró gerente de Finanzas, y en enero de 2012 lo ascendió a gerente municipal, el cargo más alto después del suyo.

De funcionario de confianza a eje del caso

Castro también fue colocado en los directorios de instituciones estratégicas como Protransporte, la Empresa Municipal de Mercado (EMMSA) y la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima.

En paralelo, el entorno político de Villarán se fue tornando más frágil. A inicios de 2012, se activó el proceso de revocatoria en su contra. Desde entonces, y según el Ministerio Público, se empezó a tejer una compleja red de decisiones, contratos y financiamiento ilegal que tuvo como eje el círculo de confianza más cercano a la alcaldesa: Castro fue su operador principal.

Ese mismo año, se impulsó el proyecto “Vías Nuevas de Lima”, cuya iniciativa privada fue declarada de interés público por la Municipalidad de Lima. En pocos meses, y tras un proceso que el Ministerio Público considera direccionado, se adjudicó directamente a Odebrecht. La empresa brasileña —junto con OAS— no solo fue concesionaria de obras, sino también financista de campañas políticas a cambio de beneficios contractuales.

En 2013, la gestión de Villarán firmó el contrato de concesión con Rutas de Lima. Poco después, según las pesquisas fiscales, ejecutivos de Odebrecht entregaron dinero en efectivo a José Miguel Castro.

El Ministerio Público también ha dado cuenta de una reunión en la que se habría solicitado US$ 3 millones a OAS para financiar la campaña contra la revocatoria. Parte del dinero ingresó a través de contratos ficticios con empresas fachada y cuentas mancomunadas. La rendición de cuentas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como consta en el expediente fiscal, se hizo con documentos adulterados y nombres de falsos aportantes.

Tras vencer en la consulta popular de marzo de ese año, la administración de Villarán habría continuado recibiendo fondos irregulares para financiar su campaña de reelección en 2014. En este segundo capítulo, el patrón se repitió: contratos sobrevalorados, pagos en la sombra y reuniones de coordinación con ejecutivos brasileños, incluyendo el compromiso de OAS de aportar US$4 millones más.

Incluso después de perder las elecciones de octubre de 2014, se firmaron adendas y actos administrativos orientados —según el Ministerio Público— a compensar económicamente a las constructoras por su respaldo ilegal. La ONPE recibió informes financieros con datos inexactos. Y, aunque la campaña concluyó, los pagos ilícitos habrían continuado en el 2015.

La Fiscalía formalizó la acusación en 2017, y en noviembre de 2024 se emitió el auto de enjuiciamiento, que selló el pase a juicio oral, programado para septiembre próximo.

Incluso, en mayo de 2019, Villarán admitió que recibió aportes de Odebrecht y OAS para la campaña contra su revocatoria en el 2013. “Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, dijo en entrevista con radio Exitosa.

La exalcaldesa añadió: “[Fue] un error del que me arrepiento, me arrepentí hace mucho tiempo”.

Entre los principales acusados por el Ministerio Público están Villarán, exfuncionarios de su gestión y empresarios vinculados a los pagos. Pero la bisagra entre las decisiones políticas y la ejecución técnica fue José Miguel Castro.

MOMENTOS CLAVES

1

Octubre de 2010

Susana Villarán es elegida alcaldesa de Lima para el periodo 2011-2014. El inicio de la presunta organización criminal se remonta a este año, según la fiscalía. En la foto, aparece tras jurar en el cargo, en diciembre del 2010.

2

Enero de 2012

Opositores a la gestión municipal adquieren kits electorales de la ONPE para iniciar un proceso de revocatoria contra Villarán. Ese mismo mes, ella asciende a José Miguel Castro al cargo de gerente municipal.

3

Enero de 2012

Susana Villarán asciende a José Miguel Castro Gutiérrez al cargo de Gerente Municipal Metropolitano. Previamente fue gerente de finanzas de la municipalidad.

4

Enero de 2013

Se firma el contrato de concesión "Vías Nuevas de Lima" (Rutas de Lima). Se realiza una presunta entrega de dinero ilícito a José Miguel Castro Gutiérrez por parte de Odebrecht.

5

Marzo de 2013

Se realiza la consulta popular para la revocatoria de autoridades municipales. Susana Villarán obtiene un resultado favorable y no es revocada.

6

Abril de 2013

Por disposición de Villarán, se presenta ante el Tribunal de Honor del JNE el Informe de Ingresos y Egresos de la Campaña por el No a la Revocatoria con información adulterada y falsos aportantes, para ocultar el origen ilícito del dinero, de acuerdo con la fiscalía.

7

Abril de 2017

La fiscalía abrió investigación preliminar contra Villarán luego de que el publicista brasileño Valdemir Garreta declarara que recibió US$3 millones de Odebrecht y OAS para trabajar en la campaña contra la revocatoria.

8

Abril de 2018

El equipo especial de la fiscalía del Caso Lava Jato allanó la casa de Susana Villarán.

9

Mayo de 2019

Villarán admitió que recibió aportes de Odebrecht y OAS para la campaña contra su revocatoria en 2013. “Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, dijo en entrevista con radio Exitosa.

10

Noviembre de 2024

Se emite el auto de enjuiciamiento, formalizando el proceso penal contra Villarán, Castro y otros.

11

Junio de 2025

Hallan muerto a José Miguel Castro, quien se encontraba sometido a un proceso de colaboración eficaz.

Confesiones

En declaraciones del 14 y 20 de enero de 2021 ante el Ministerio Público, José Miguel Castro reconoció que José Adelmario Pinheiro Filho (“Leo Pinheiro”), presidente de OAS, se comprometió a aportar US$ 4 millones para la campaña de reelección de Villarán en las Elecciones Municipales de 2014, durante una cena en el Hotel Westin. Él comunicó esta cena a Villarán.

“El señor Leo Pinheiro me buscó para tener una cena en el Hotel Westin. [...] En esa cena que ha debido ocurrir aproximadamente en el mes de septiembre de 2014, el señor delante de todos y mío también se comprometió a apoyar la campaña de reelección de la alcaldesa Susana Villarán; cosa que había hecho 16 meses antes para apoyar la campaña de la no revocatoria contra la también alcaldesa. Y [en] esa cena se comprometió en aportar tres o cuatro millones de dólares para la campaña de reelección de la alcaldesa”, dijo ante la fiscalía el 14 de enero de 2021.

El ex hombre de confianza de Villarán reconoció que Valdemir Garreta lo buscó en Brasil en junio de 2014, por encargo de Leo Pinheiro, para abordar soluciones económicas y legales para el Proyecto Línea Amarilla. Sus movimientos migratorios corroboran su viaje a Brasil en esa fecha.

Las declaraciones de Castro y otras pruebas permitieron al Ministerio Público “colegir razonablemente” que él y Villarán mantenían reuniones con los principales ejecutivos de la empresa OAS., quienes tenían un interés concreto con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En tanto, Jorge Henrique Simões Barata declaró que los pagos a José Miguel Castro continuaron incluso después de que la campaña de revocatoria había terminado, debido a que Castro reclamaba que tenía deudas de campaña que necesitaban ser canceladas.