La Corte Suprema dispuso renovar la orden de ubicación y captura nacional e internacional contra la exministra Betssy Chávez, quien fue condenada a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado. La medida fue establecida mediante la Resolución N.° 1, emitida el 14 de agosto de 2026 por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
La Corte Suprema dispuso renovar la orden de ubicación y captura nacional e internacional contra la exministra Betssy Chávez, quien fue condenada a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado. La medida fue establecida mediante la Resolución N.° 1, emitida el 14 de agosto de 2026 por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
La resolución ordena continuar con la ejecución provisional de la sentencia condenatoria efectiva dictada contra Chávez y otros procesados. Asimismo, dispone que se cursen los oficios correspondientes a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima y a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima para contribuir al cumplimiento de la orden de captura.
El documento señala que el 19 de mayo de 2026 ya se había enviado un oficio a la Policía Judicial para disponer la inmediata ubicación y captura de Chávez a nivel nacional e internacional. La nueva resolución establece la renovación periódica de dicha medida.
Corte Suprema dispone ejecución provisional de condena contra Betssy Chávez y renueva orden de captura.
Condena contra Betssy Chávez
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Chávez como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión, previsto en el artículo 349 del Código Penal.
La pena impuesta es de 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva, con descuento del tiempo que permaneció privada de su libertad bajo prisión preventiva.
La sentencia también estableció dos años de inhabilitación para Chávez, que comprenden la privación de la función, cargo o comisión que ejercía y la incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
Además, la Corte fijó en S/12 millones el monto de la reparación civil que deberán pagar de manera solidaria Chávez, José Pedro Castillo Terrones, Aníbal Torres Vásquez y Willy Arturo Huerta Olivas. El pago deberá efectuarse durante la ejecución de la sentencia a favor del Estado, representado por la Procuraduría General del Estado.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso que la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima y la Oficina Central Nacional de Interpol Lima reciban los oficios correspondientes para los fines pertinentes.
La resolución también ordena tener presente la comunicación remitida por la Sala Penal Especial, agregarla al expediente y cumplir con la ejecución provisional de la sentencia condenatoria efectiva dictada en diciembre de 2025.
