La presidenta Dina Boluarte es investigada por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de encubrimiento personal. (Foto: Presidencia)
La presidenta Dina Boluarte es investigada por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de encubrimiento personal. (Foto: Presidencia)
/ Olea
Redacción EC

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluó este lunes 3 de febrero la solicitud de control de plazo presentado por la presidenta , a fin de que se dé por concluida la investigación por el ‘Caso Cofre’, que involucra al prófugo exgobernador regional de Junín .

Durante su intervención, el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, señaló que no se debe permitir la “arbitrariedad” del Ministerio Público al presentarse –desde su punto de vista- una notificación fuera de fecha que declara compleja la investigación y la amplía por ocho meses más.

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Asimismo, señaló que los plazos y formalidades en las notificaciones deben llevarse a cabo en las fechas establecidas por la ley y no pueden ser “ninguneados” por el Ministerio Público.

Señaló que la resolución que dispone ampliar la investigación debió ser notificada a su patrocinada el mismo día que se emitió, el 20 de diciembre del 2024, y no seis días después, el 26 de ese mismo mes.

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“Llegar a este razonamiento es permitir que el Ministerio Público utilice discrecionalmente sus plazos, sus propias decisiones. Para no permitir la arbitrariedad y cautelar, en ese sentido, una notificación democrática es que no se debe validar la fecha en la que esta emita, porque finalmente queda en escrutinio y fuero del Ministerio Público, sino en la fecha que se ha sido notificada”, expresó.

“En esa línea, señor juez, solicito que se declare fundada la demanda de solicitud de control de plazos porque los derechos, los plazos y las formalidades en los actos procesales no pueden ser actos ninguneados, sino, por el contrario, cautelados no solamente por el Ministerio Público, sino principalmente por usted como juez garante de la legalidad que es”, agregó.

Justifica fecha de notificación

Por su parte, el fiscal adjunto supremo provisional Marcial Páucar señaló que la notificación se envió el 26 de diciembre del año pasado porque los días 21, 22, 23 y 24 de ese mes fueron declarados no laborables y el 25 era feriado nacional.

Detalló que a la fecha existen diligencias pendientes de llevar a cabo, como la declaración de casi 30 testigos nuevos, cuyas fechas ya han sido programadas pese a las dificultades logísticas de notificación.

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Refirió que entre los nuevos testigos está Roger Arista, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), quien tuvo que ser notificado a través de un “exhorto” en Junín para que pudiera declarar.

“A partir de la identificación de estas declaraciones de las diversas personas que tienen que concurrir al despacho, aparecen también nuevas direcciones de estos testigos y en muchos casos se ha tenido que diligenciar vía exhorto, como lo ha sido, por ejemplo, entre otros, el caso del testigo Roger Arista, cuyo exhorto se tuvo que diligenciar a Junín”, acotó.

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Otra diligencia pendiente es la recopilación de audios grabados por el capitán PNP Junior Izquierdo y atribuidos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, además del levantamiento del secreto de las comunicaciones.

“En ese sentido es que nosotros, respetuosos de las formas, como señala la defensa, y atendiendo al principio de legalidad, es una diligencia también que ha quedado pendiente y es por eso que nosotros, agotando todos los mecanismos y apremios que concede la ley al Ministerio Público, hemos supervisado y estado en coordinaciones para estar atentos a la fecha de programación de dicha audiencia, la cual nos permitirá contar con un material importante e indispensable para los objetivos de la presente investigación”, subrayó.

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Como se recuerda, Dina Boluarte es investigada en su condición de presidenta de la República, como presunta autora del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal.

Según la hipótesis fiscal, la mandataria habría usado el ‘Cofre’ para contribuir a que Cerrón Rojas -quien lleva prófugo desde octubre del 2023- pueda eludir el operativo que realizó la Policía Nacional para su captura en enero del 2024, en la playa de Asia.

Al respecto, el juez Juan Carlos Checkley informó que luego de evaluar el pedido presentado por la defensa de Boluarte Zegarra, dará a conocer su decisión en el plazo establecido por la ley.

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