Las claves del fallo judicial que ordena prisión para Toledo
Las claves del fallo judicial que ordena prisión para Toledo
René Zubieta Pacco

El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, concluyó que sí existe un alto grado de probabilidad de que haya sostenido un pacto ilícito con Odebrecht para que esta empresa gane la licitación de la carretera Interoceánica Sur, y que por ello habría recibido pagos. Por ello, decidió acoger el pedido fiscal y ordenó 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente.

El juez Concepción consideró que existe un alto grado de probabilidad de que la obra de los tamos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur hayan presentado irregularidades, en las cuales habría intervenido Alejandro Toledo. Además, insistió en que también había fuertes indicios de que el ex presidente habría sostenido un acuerdo ilícito con Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú.

Asimismo, resaltó los indicios que dan cuenta de que Toledo sí habría incurrido en los delitos de lavado de activos, en la modalidad de conversión, y tráfico de influencias. En tanto, apuntó que medidas menos gravosas, como la comparecencia simple, no garantizan que el investigado se someta al proceso.

Finalmente, para Concepción, la investigación es “altamente compleja” y tomará tiempo. Por ello acogió el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva.

A continuación las claves de su fallo.

—Ley con nombre propio—
Por ejemplo, citó a la ley N° 28670, que el 2006 declaró de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión, entre ellos la Interoceánica. A juicio del juez, la norma que llevó las firmas de Toledo y el entonces jefe del Gabinete, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), tuvo “nombre propio” y significó “una suerte de blindaje legal” respecto a la citada obra pública. En ese sentido, consideró que las reglas de juego iniciales fueron variadas por el Estado a beneficio de los consorcios que integraba Odebrecht para los tramos 2 y 3 de la vía, a fin de subsanar defectos legales del proceso en que se otorgó la concesión el año 2005.

—Decreto “diferencial”—
Asimismo, sostuvo que en su rol de presidente, Toledo tuvo “un tratamiento diferencial” para la empresa y un “salto con garrocha” en la fase de preinversión, ello mediante el Decreto Supremo N°022-2005. En ese sentido, dijo que el ex mandatario “habría sentado las bases para el favorecimiento al consorcio que ganó la Interoceánica”, y que integraba Odebrecht.

—Declaración de Jorge Barata—
El juez citó la declaración fiscal de Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú. De acuerdo al testimonio, en una reunión en un hotel en Río de Janeiro en noviembre del 2004, el empresario acordó con Toledo que Odebrecht pagaría US$35 millones si ganaba el proceso.

Barata señaló que Toledo tenía que encargarse de que los plazos del proceso no se posterguen y de modificar las cláusulas de las bases de la licitación para dificultar la participación de otras empresas. Sin embargo, finalmente le entregaron US$20 porque no se llegaron a modificar las bases del contrato. El mecanismo era hacer los pagos -incluso “a través de contratos ilícitos”- mediante las empresas de Josef Maiman, empresario y amigo de Toledo, que también estuvo en la reunión en Brasil. Barata contó incluso que el ex mandatario lo citó en su casa en Camacho para presionarlo a completar los pagos.

“Toledo me dijo que quería que Odebrecht ganara la licitación”, dijo Barata en su declaración. Señaló además que a inicios del 2005 también se reunió con Maiman en la casa de este en Barranco.

Finalmente, el juez calificó de creíbles y fiables las expresiones del ex representante de la constructora brasileña en nuestro país. Para reforzar esta posición, dijo por ejemplo que Toledo, Barata y Avi Dan On, ex jefe de seguridad del ex mandatario, salieron y regresaron en las mismas fechas a Brasil. “¿Coincidencia? Este despacho cree que no”, aseveró Concepción.

—Los pagos—
Concepción refirió que su despacho ha identificado pagos a dos empresas ‘offshore’ vinculadas a Maiman, empresario peruano-israelí amigo de Toledo. Según la fiscalía, hubo 18 pagos al ex presidente entre el 2006 y 2010.

En esa línea, el juez refirió que se ha identificado US$3’700.000 vinculados a Miaman.

Acotó además que Toledo “habría efectuado la venta de la obra”, lo que generó perjuicio al Estado.

—Peligro de fuga—
El juez también sostuvo que no hay garantía de que Toledo se sujete al proceso, pues no tiene asiento habitual en el país y la mayoría de las veces está en el extranjero. En ese sentido, manifestó que el arraigo del ex mandatario “no es de calidad”. Asimismo, dijo que no está acreditado que el procesado trabaje fuera del Perú.

Argumentó también que la facilidad de Toledo para salir del país tampoco garantiza que se sujete al proceso.

Respecto a la conducta del investigado, consideró que Toledo es un ciudadano sujeto a la Constitución y a la ley, por lo que decir que se someterá a una ‘justicia justa’ “pone de manifiesto que no está dispuesto a sujetarse al debido proceso”, y que podría rehuir a la justicia. Así, señaló que el ex presidente configuró “una conducta de menosprecio” a los operadores de justicia.

“El despacho ha identificado criterios de peligro de fuga”, sentenció. Descartó además la detención domiciliaria, como pidió la defensa de Toledo, pues esta tampoco garantiza su sujeción al proceso.

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