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Esta semana, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza por su presunta vinculación con la organización criminal Los Cuellos Blancos, a cuyos miembros habría filtrado información sobre las investigaciones. Antes de él, fueron separados de la institución los fiscales supremos Pedro Chávarry (exfiscal de la Nación), Luis Arce Córdova y Tomás Gálvez Villegas.
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La situación ha generado que solo dos fiscales queden integrando el máximo órgano de administración del Ministerio Público, como lo es la Junta de Fiscales Supremos. Se trata de la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y el fiscal supremo Pablo Sánchez.
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Antes de la destitución de tres fiscales, la Junta de Fiscales Supremos estaba integrada por (de izquierda a derecha): Tomas Gálvez (destituido), Pedro Chávarry (destituido), Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos Rivera y Víctor Rodríguez (destituido). (Foto: Fiscalía de la Nación)
Pero los efectos no son solo preocupantes por lo que suceda en la fiscalía; sino también para otras instituciones como el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que prepara las elecciones regionales y municipales del 2022 y donde Rodríguez Monteza se encontraba desempeñando funciones como representante del Ministerio Público.
Fuentes consultadas por El Comercio han advertido que la situación no es fácil en este momento al interior del Ministerio Público.
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Víctor Rodríguez Monteza, es el fiscal supremo que saltó a la palestra pública por estar presuntamente implicado con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, una de las más grandes investigaciones de corrupción de los últimos años.
Y es que, el escenario inmediato es que el fiscal supremo titular, Pablo Sánchez Velarde, deje su cargo en la Primera Fiscalía Suprema Penal, desde donde ejerce la coordinación del Equipo Los Cuellos Blancos del Puerto y cuyos informes del caso tenía previsto culminar antes de fin de año, para ser enviado como suplente de Rodríguez Monteza ante el Jurado Nacional de Elecciones.
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Ello, en atención a la Resolución de Junta de Fiscales Supremos Nº 041-2020-MP-FN-JFS del 24 de julio del 2020, aún vigente y cuyo artículo quinto, se designa “a Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal supremo titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, como segundo suplente representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones”.
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En el 2015, ante la falta de fiscales, se dispuso que el fiscal supremo adjunto Jesús Fernández Alarcón acuda al JNE en representación del MP.
Esta podría ser una de las vías que podría adoptar la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a fin de no perjudicar las investigaciones en curso en el despacho de Sánchez Velarde.
Uno de los nombres que se barajaba para ser designada con dicho encargo es la fiscal suprema adjunta titular Martha Maish.
Este viernes, a través de una resolución en las normas legales la magistrada fue ratificada en su designación al frente del despacho de la Fiscalía Suprema Contencioso Administrativo.
La designación, debería darse lo más pronto posible pues la salida de Rodríguez deja también sin quórum al pleno de la JNE que tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el reglamento del proceso electoral Regional y Municipal del 2022.
Incluso, según conoció este Diario, tras la decisión de remover a Rodríguez Monteza del Ministerio Público, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, solicitó -vía el Oficio Nro 724-2021-P/JNE enviado a la Fiscalía de la Nación- que se nombre un nuevo fiscal supremo ante el JNE.
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Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez son los únicos fiscales supremos titulares que quedan tras la destitución de Víctor Rodríguez Monteza.
Retraso en autorización
Pero, ¿ por qué no se han nombrado hasta ahora a nuevos fiscales supremos?
Como se recuerda, las destituciones iniciaron en febrero de este año con Chávarry Vallejo, en abril le siguió Gálvez Villegas y en julio a Arce Córdova.
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En julio, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, solicitó a la JNJ que se nombre a un fiscal supremo, tras la salida de Chávarry.
También, en el Poder Judicial se encuentra pendiente de nombrar a jueces supremos en reemplazo del magistrado Aldo Figueroa y otros que cesaron por límite de edad.
Según pudo conocer este Diario, pese a los esfuerzos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para llevar adelante el proceso de convocatoria y selección -en ese momento- esto se vio retrasado por los requisitos que solicitaba el Ministerio de Economía para establecer los presupuestos de acuerdo favorable a la Ley N° 31084.
La JNJ buscaba, además de hacer la convocatoria para las plazas de fiscales supremos y jueces supremos; incluir la convocatoria para fiscales y jueces de otras instancias a fin de ortorgarles la titularidad.
En marzo pasado, este El Comercio reveló que según un informe de la JNJ, se determinó que la cifra de fiscales no titulares supera el 50%, mientras que en el caso del Poder Judicial pasa el 30%. Dichos cargos, apunta el JNJ, debe ser cubierto con el mayor número de fiscales y jueces titulares.
En ese momento, el MEF rechazó otorgarles el informe favorable alegando que el MP y el PJ no habían actualizado el registro de plazas de fiscales en el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) tal como se exigía en el artículo 8.3 de la mencionada ley.
Tras el cambio de gobierno, las conversaciones continuaron con la gestión del ministro Pedro Francke, pero sin ningún avance hasta los primeros días de noviembre.
El Ministerio Público confirmó que ya habían cumplido con actualizar la data solicitada.
Días atrás, El Comercio solicitó al MEF su versión sobre el retardo en dar el visto bueno para que se pueda convocar al concurso para las plazas de fiscales supremos, jueces supremos y otros.
“Respecto a la opinión favorable solicitada por la JNJ al MEF para el nombramiento de 128 Fiscales titulares del MP y 147 Jueces titulares del PJ, el MEF comunicó el 8 de junio del 2021 a la JNJ que existían diferencias entre la información registrada en el AIRHSP y las plazas que se plantean para el proceso de nombramiento solicitado. Por tanto, correspondía que el MP y el PJ revisen y actualicen la información de plazas solicitadas; quedando el MEF atento a las acciones que corresponda realizar, a efectos de emitir la opinión solicitada”, indicaron.
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Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) (Foto: JNJ)
Sin perjuicio de ello, agregaron, mediante Decreto de Urgencia N° 103 del 9 de noviembre del 2021, se exceptúa al Poder Judicial y al Ministerio Público de lo establecido en los numerales 8.2 y 8.3 del artículo 8 de la Ley N° 31084, “por lo que ahora pueden desarrollar las acciones para el nombramiento sin requerir la opinión favorable del MEF”.
Con esa autorización en mano, la JNJ ha comenzado a realizar los preparativos para lanzar la convocatoria de selección de jueces y fiscales titulares de todos los niveles.
Sin embargo, un nuevo problema debe ser solucionado, la falta de logística para llevar adelante dicho concurso, que se suma a otros proceso que ya tiene en marcha la JNJ.
Uno de ellos, es el concurso público para elegir a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y Fiscalía. Además, vienen realizando el procesos de revisión de ratificación de jueces y fiscales que incluye 2000 resoluciones bajo escrutinio y cuyo plazo final para pronunciamiento será enero.
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