Tomás Gálvez acudió a la Junta Nacional de Justicia para sustentar su pedido de reconsideración ante la sanción de suspensión de seis meses que se le impuso. (FOTO: GEC)
Tomás Gálvez acudió a la Junta Nacional de Justicia para sustentar su pedido de reconsideración ante la sanción de suspensión de seis meses que se le impuso. (FOTO: GEC)
Karem Barboza Quiroz

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La () dejó al voto el recurso de reconsideración que presentó el suspendido fiscal supremo, en el marco del proceso disciplinario inmediato que se le sigue por sus presuntos vínculos con la organización .

En julio pasado, el pleno de la institución al considerar que existían elementos suficientes para sostener que Gálvez Villegas habría incurrido en irregularidades según los diálogos de los audios obtenidos en la investigación contra la mencionada organización.

MIRA: Tomás Gálvez: JNJ suspende al fiscal supremo por el Caso Cuellos Blancos del Puerto

Durante sus alegatos, Gálvez sostuvo que lo suspendieron bajo el argumento de que los audios reproducidos revelan diálogos impropios, que deshonran las funciones fiscales del investigado, que serían elementos de graves elementos y que además tendría una subcultura perniciosa que afectan la institucionalidad. Puntualizó que todo ello es falso.

“Pero la situación que se dice acá es totalmente falsa, que esto sería (propio) de los señores que los llaman Los Cuellos Blancos que han realizado conductas cuestionables. Pero reitero, yo no conozco a nadie de estos señores, no me he comunicado, es más; ni sabia de su existencia”, alegó.

Aseveró que los audios fueron manipulados por los medios de comunicación y sostuvo que estos no fueron debatidos al momento de aplicarle la sanción ya que no han sido incorporados en el proceso disciplinario en su contra.

“No hay ninguna falta grave, se ha dicho que ciertamente, los audios o conversaciones de los audios son prueba suficiente de que yo habría causado un daño total. Dicen que los audios determinan un hecho notorio que no necesita acreditarse; y en consecuencia, a pesar que la Junta no ha recabado una sola prueba en mi contra, me saca basado en las conversaciones de los audios”, cuestionó ante el Pleno.

Agregó que las conversaciones con el exjuez supremo César Hinostroza, son “lícitas” y que no actuó de manera irregular al recibir a un litigante en el caso Corefo, así como pedir que se analice el caso de un rondero.

“Ustedes me dicen que el hecho es notorio y no necesito investigar ¿sabe lo que eso significa? En mi caso están destruyendo mi carrera”, cuestionó.

En esa línea, Gálvez sostuvo que “esta medida de suspensión no está determinada, la ley indica que la suspensión caduca a los seis meses, no dice que dura seis meses”.

“De dónde han sacado que me pueden suspender seis meses si no lo dice la ley. Entonces, señor presidente, me están imponiendo una sanción que no esta prevista en la ley, me imponen la sanción sin prueba existencia y porque yo he reconocido los hechos”, concluyó.

-No hubo debido proceso-

A su turno, Luis dela Cruz, abogado del fiscal supremo suspendido, sostuvo que la sanción se impuso “vulnerado el debido proceso”.

Ello, debido a que no se trata de un decisión motivada ni congruente. Recordó que el proceso y posterior suspensión “se sustentó en recortes periodísticos y un video. No existen audios”.

“Sostenemos que hay una evidente falta de congruencia en la estructura interna, pues los diálogos y los audios no se han puesto a la vista. ni siquiera ustedes lo han escuchado, solo tienen recortes periodísticos de las transcripciones de unos audios que deben estar en custodia en el Ministerio Público”, argumentó el abogado.

Por tanto, explicó De La Cruz, existe una grave contradicción en el pleno de la JNJ, puesto que su resolución han narrado hechos contradictorios.

“No hay prueba evidente, ni en el expediente ni en la resolución que lleva a que se realice esta audiencia. Están tomando el descargo como un elemento de convicción lo cual está prohibido por la jurisprudencia, la doctrina y el Tribunal Constitucional”, indicó.

Finalmente, alegó que la JNJ debía cumplir con su deber de recopilar directamente los elementos probatorios y no sustentar sus decisiones en recortes periodísticos,

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