La fiscalía acusa a Keiko Fujimori de liderar una organización criminal que “instrumentalizó” a Fuerza Popular para lavar US$ 17.3 millones, principalmente a través de sus campañas del 2011 y 2016. Dentro de ese monto destacan los presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht por US$ 1 millón en el 2011; así como los de empresas nacionales ligadas a Dionisio Romero (Credicorp e Inversiones Piuranas) por US$ 4.1 millones y al Grupo Rasmuss por US$ 7.6 millones, en ambas campañas.

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Por esa acusación, el fiscal José Domingo Pérez solicita 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori y la “cúpula” de la presunta organización. Además, solicita la liquidación y disolución del partido Fuerza Popular como persona jurídica.

Para el Ministerio Público, la ilicitud del dinero proviene de la corrupción de Odebrecht y, en el caso de los empresarios peruanos que entregaron sus aportes en efectivo, del fraude en administración de empresas y violaciones las normas financieras.

Frente a esto, el abogado Salas rechazó todos los cargos y afirmó que al final del juicio, el juzgado liberará al partido “de cualquier pretensión sancionadora”.

Montos lavados según la acusación fiscal

La tesis de la defensa del partido fujimorista pasa por no negar que los aportes de empresas ligadas a los empresarios nacionales ocurrieron, sino en centrarse en que no fue dinero de origen ilícito. Y que por lo tanto, no se podrá probar el delito de lavado de activos. En cambio, los presuntos aportes de Odebrecht sí son negados.

“Este juicio depende de hechos, no presunciones”, afirmó este lunes el abogado Christian Salas, defensa legal de Fuerza Popular, al inicio de su alegato de apertura frente los jueces del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional. En esa línea, indicó que dentro del caso hay “hechos no debatidos, no cuestionados, y que no deben hacernos perder tiempo en actividad probatoria” y “hechos cuestionados, contradichos, que deben ser debatidos”. Es decir, hay que hechos que admiten y otros que rechazan.

Dentro de los hecho admitidos, afirmó que “no deben ser objeto de prueba la existencia de aportantes simulados”, ni “la existencia de empresarios privados nacionales que dieron aportes a la campaña”. “Lo que debe ser objeto de prueba, y eso es lo contradicho y sobre lo que vamos a litigar, es si tenemos un caso de lavado de activos [...] En este juicio no se a poder probar el origen delictivo”, afirmó.

“Confiep, el empresario Dionosio Romero, el señor Rasmuss, el Grupo Rodríguez, son aportantes que en su momento optaron por la confidencialidad de los aportes que hicieron. ¿Eso es delictivo? No. Por el contrario: ese pedido de confidencialidad de esos aportes de dinero que hicieron a las campañas sirven para explicar el por qué se usaron y por qué aparecieron esos aportantes simulados”, remarcó Salas.

La simulación de aportes fue uno de los métodos con los que, de acuerdo con el Ministerio Público, operó la presunta organización criminal. “Consiguió personas vinculadas al ámbito familiar, amical, empresarial o partidario de los integrantes de la organización criminal, que tuvieran capacidad económica para aparentar un aporte real a favor del partido político”, dice la acusación fiscal, recogida en el auto de enjuiciamiento.

De acuerdo con la fiscalía, los aportes del Grupo Rasmuss sumaron US$ 7.6 millones; los ligados a Dionisiro Romero, US$ 4.1 millones; el de la Confiep, US$ 2 millones; y el de Vito Rodríguez, US$ 200 mil. “El dinero de estos empresarios no es delictivo y en este juicio eso quedará evidenciado. A tal punto que esos empresarios no son parte de este proceso [...] El supuesto origen delictivo que plantea la acusación, que es fraude en la administración de personas jurídicas, hoy no existe”, afirmó Salas.

Respecto al aporte de Luis Calle Quirós, que la fiscalía vincula con un origen ligado al tráfico ilícito de drogas, afirmó que este fue “retenido” y que tras conocer su supuesto vínculo con ese delito, el partido rechazó este aportes. Agregó que luego, las imputaciones contra Calle Quiroz fueron archivadas. “Esta acusación por lavado de activos se va a caer, se va a venir al piso”, afirmó el abogado.

Por un lado, Salas afirmó que “es imposible” que la fiscalía pruebe que hubo dinero de origen ilícito de Odebrecht destino a la campaña fujimorista del 2011: “Marcelo Odebrecht y Jorge Barata no han dicho ni dirán que destinaron dinero sucio al partido político Fuerza Popular. Ni Odebrecht ni Barata son colaboradores eficaces en este caso [...] En este juicio jamás los escucharemos decir que reconocieron haber cometido lavado de activos y que dieron dinero ilícito a la campaña del partido”.

Por otro lado, también negó que pueda probar que exista una ruta de “dinero delictivo de Odebrecht” desde Brasil hasta las cuentas fujimoristas. “Dinero sucio, supuestamente de Odebrecht, jamás ingresó a las cuentas del partido Fuerza Popular, aseguró. Luego, el abogado también rechazó los cargos por obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y organización criminal.

“Retamos al Ministerio Público a que pruebe lo que planteo. No tendrá prueba suficiente [...] Vamos a probar que existieron aportantes formales, que siguieron un debido procedimiento administrativo, con fondos legítimos. Que en el contexto de las campañas 2011 y 2016, era imposible que la dirección de Fuerza Popular sospechara de Odebrecht [...] Probaremos que este caso ha sido generado indebidamente”. Respecto a este último, adelantó que ofrecerá como testigo nuevo a Jaime Villanueva, ex asesor de la Fiscalía de la Nación.

Por su parte, la defensa de Keiko Fujimori afirmó ante los jueces del Caso Cocteles que la fiscalía no podrá probar el delito de lavado de activos ni los otros por los que se acusa a la lideresa de Fuerza Popular. En su propio alegato de apertura, la abogada Giulliana Loza sostuvo que “no hay un caso penal” contra su defendida y que el procedo terminará con su absolución.

“Les traigo una verdad clara y contundente: la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi no ha cometido delito alguno”, afirmó. “La única conclusión que van a sacar es que aquí no hay un caso penal. No se puede probar lo que no existe: si no hay delito, no hay prueba de cargo (...) Estamos seguros de que al final de estas audiencias la señora Fujimori será absuelta”.

Loza también sostuvo que “no hay lavado de activos” y que la fiscalía “no va a poder probarles un supuesto aporte ilícito”. “Aquí no hay ningún aporte ilícito (...) La modalidad de lavado de activos de receptación que está acusando no estaba vigente al momento de los hechos, mucho menos el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos”, afirmó.

Respecto a Odebrecht, respondió que “no se puede probar lo que no existe”. “No vendrá ningún ejecutivo [de Odebrecht], no solo porque están prohibidos de declarar por la justicia brasileña, sino porque ninguno de ellos podrá determinar el elemento central: la fuente ilícita. El Ministerio Público habla de la caja 2. Nadie ha dicho que eso sea ilícito, los propios ejecutivos lo dijeron”, sostuvo Loza.

Aun así, también sostuvo que “nadie podrá determinar que hubo un aporte de Odebrecht, que hubiera ingresado a Fuerza Popular o al patrimonio de mi patrocinada”. “Nadie podrá decir que Keiko Fujimori solicitó, agradeció, recibió algún beneficio de esta empresa [...] Pero más allá de ello, si supuestamente estas personas [de Odebrecht] dicen que no era ilegal, ¿cómo, en la tesis de la fiscalía, los supuestos destinatarios podrían haber tenido conocimiento?”,

Luego, la abogada admitió de forma implícita que Keiko Fujimori sí recibió aportes no registrados de los empresarios Dionisio Romero y Juan Rasmuss. Sin embargo, sostuvo que ese dinero fue de fuente lícita y no dinero ‘sucio’, por lo que no puede haberse cometido el delito de lavado de activos.

Respecto a los aportes de empresarios nacionales, la abogada dijo que “es cierto, va a venir el señor [Dionisio] Romero Paoletti, vendrán los ejecutivos de las empresas correspondientes, hablarán del aporte del señor Rasmuss”. “Todos ellos van a declarar, porque esa es la verdad, [...] no otra cosa sino que el dinero era de fuente lícita. ¿Cómo se puede lavar aquello que es limpio? Es un imposible jurídico. No existe aporte ilícito, no existe delito fuente, no existe lavado de activos”.

En otro momento, destacó que las pericias han determinado que “no hay desbalance patrimonial” de parte de Keiko Fujimori y que “ni un sol de estos supuestos aportes ha recaído en las arcas” de su defendida. También aseguró que “no existió aporte de Confiep [...] Lo único que va a quedar claro que aquí existió una campaña de libre mercado, propia de esta institución, totalmente ajena a Fuerza Popular”. Sobre Calle Quirós, su argumento fue el mismo que el de la defensa de Fuerza Popular.

“Este juicio pasará a la historia por una cuestión simple: la acusación se va a derrumbar con una sola pregunta: ¿dónde está el lavado de activos? A nombre de la señora Keiko Fujimori solo pido una cosa: justicia”, dijo Loza sobre el cierre de su alegato. A diferencia de la defensa del partido, sin embargo, la abogada no admitió o se pronunció directamente sobre el uso de falsos aportantes o de un sistema de simulación de aportes. El Comercio buscó su versión respecto a ese punto, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Quien sí reconoció ello fue la defensa del acusado Jaime Yoshiyama, exdirigente fujimorista y parte de la presunta “cúpula”. “No ha habido ningún lavado de activos [...] Mi defendido reconoció ante los medios de comunicación haber pactado aportes con el señor Juan Rasmuss Echecopar y con el señor Dionosio Romero Paoletti”, afirmó el abogado Humberto Abanto, siempre ante los jueces del colegiado.

“No tuvo ningún problema en aceptar esto, como tampoco tuvo problema en señalar que él había diseñado un esquema de simulación, por el cual quedara oculta la identidad del verdadero aportante, con la presencia de otros aportantes. La simulación está en el código civil y solo tiene relevancia penal si contraviene el Código Penal. No se trató de un lavado de activos porque el dinero recibido provenía de fuente lícita”, agregó Abanto.

En cuanto al presunto aporte de Odebrecht, Abanto dijo que la defensa “se sentará tranquilamente a esperar que lo prueben. La regla básica en un proceso es que quien afirma algo tiene que probarlo”. Pero sobre los US$ 4 millones de Dionisio Romero y los US$ 7 millones de Juan Rasmuss en el 2011 y 2016, afirmó que la fiscalía no podrá probar que se trató de dinero vinculado al delito de fraude en administración.

A su salida de la audiencia, Keiko Fujimori remarcó que su abogada hizo una “presentación jurídica, técnica” y afirmó que “no existe lavado de activos, lo que es una persecución política, un circo con parte de un fiscal obsesionado conmigo y con Fuerza Popular”.

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez remarcó que está satisfecho “porque los acusados Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular han admitido que recibieron US$ 11 millones 330 mil, tanto en la campaña del 2011 como del 2016. Han aceptado una estructura de falsos aportantes, con lo cual el Ministerio Público cree que ha dado un gran avance en la probanza de este juicio”.

Consultado por El Comercio respecto a cómo iban a probar el origen ilícito de estos aportes admitidos, indicó que “será objeto determinar esta procedencia ilícita, pero no han negado que se ha recibido esa cantidad de US$ 11 millones 330 mil de parte de los empresarios Dionisorio Romero y Juan Rasmuss”.

En la misma audiencia, el abogado del acusado José Chlimper, Gonzalo del Río, rechazó que su defendido pertenezca a la presunta “cúpula” y afirmó que su defendido “nunca tuvo conocimiento, si ocurrió, de (el presunto aporte de) Odebrecht. No tiene ninguna relación en la captación de aportes del sr. Rasmuss y de Credicorp. No hay prueba que vincule al sr. Chlimper con falsos aportantes”, afirmó el abogado”.

Añadió que “lo mucho que podrá probar (la fiscalía), si es que lo prueba, es que existió una violación a la ley electoral”. No obstante, añadió que “la ley penal no se aplica retroactivamente y el financiamiento ilegal de partidos no era delito en 2011 y 2016″.

Finalmente, la defensa del abogado Arsenio Oré Guardia, acusado en este por el delito de obstrucción de la justicia, afirmó que la fiscalía volvió a modificar su acusación durante su alegato de apertura del pasado martes y que ello no le permiten ejercer su derecho de defensa. “No hay un hecho concreto (...) Si estas coordinaciones para presionar testigos se realizaron, se indica cómo, cuándo, dónde”, afirmó el letrado Percy García Cavero.

“Vamos a demostrar que el Ministerio Público no tiene prueba de nada, ninguna prueba con que pueda vincular a mi patrocinado como una persona que indujo a testigos a declarar falsamente”, sostuvo.

Luego de la exposición de estas primeras cinco defensas, el colegiado suspendió el juicio hasta este martes a las 9:00 a.m. La presidenta del colegiado, Mercedes Caballero, indicó que tienen “problemas logísticos” para realizar las audiencia. Esto a raíz del ruido de los manifestantes a favor y en contra de Keiko Fujimori que llegan hasta el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial en cada audiencia de este juicio.

La jueza explicó que esto causa malestar en los jueces que trabajan esa sede del Poder Judicial y afecta sus labores. Por ello, dispusieron que la audiencia de este martes pase a realizarse en su local del jirón Contumazá, en el Centro de Lima. La audiencia seguirá siendo presencial para los abogados que han pedido hacer su alegato de apertura en esa modalidad. Entre ellos están los acusados Ana Herz y Pier Figari, exdirigentes fujimorista señalados como parte de la “cúpula” y encargados de la coordinación con la bancada parlamentaria.