Defensoría del Pueblo plantea que la Junta Nacional de Justicia nombre jueces y fiscales titulares y provisionales

La Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley al Congreso de la República que desarrolla el marco constitucional que otorga a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la facultad para nombrar jueces y fiscales titulares y provisionales.

En un comunicado, consideró necesario desarrollar el artículo 150 y el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución, para que en la Ley Orgánica de la JNJ, Ley N° 30916, quede expresado dicho mandato constitucional “de manera inequívoca”.

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Indicó que de aprobarse su propuesta, se deberá implementar a la brevedad el cuadro de méritos obligatorio y vinculante de jueces y fiscales provisionales, a fin de cubrir las plazas en todos sus niveles.

“Actualmente, sin marco constitucional, diversas autoridades -como los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y la Fiscalía de la Nación- designan jueces y fiscales provisionales sin una evaluación meritocrática ni concurso público, situación que ha generado preocupación por la ausencia de criterios objetivos, así como por el riesgo de posibles injerencias o arbitrariedades que afectan la independencia judicial y fiscal”, indicó.

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En ese sentido, la Defensoría señaló que la propuesta busca corregir una deficiencia estructural del sistema de justicia peruano, proponiendo que sea la Junta Nacional de Justicia la única entidad responsable de llevar a cabo estos nombramientos.

Refirió que dichas designaciones deben llevarse a cabo “mediante procedimientos que garanticen la transparencia, la evaluación de méritos y la idoneidad técnica de las personas seleccionadas”, tanto para los cargos titulares como provisionales.

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Del mismo modo, enfatizó que esta propuesta resulta concordante con los principios de legalidad, mérito, transparencia y eficiencia que deben regir el acceso a la función pública, en particular en el ámbito de la administración de justicia.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de adoptar reformas que fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

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“Por ello, exhortamos al Congreso de la República a debatir esta propuesta con la rigurosidad técnica y el sentido de urgencia que el tema amerita, evaluando sus implicancias para el fortalecimiento de un sistema de justicia autónomo, profesional y al servicio de la ciudadanía”, sentenció.

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