“Rechazo este juicio exprés”, señaló al inicio de la audiencia, en un momento en que solo le correspondía brindar su nombre y el número de su DNI.

Aunque la fiscalía pide que se le condene a 34 años de cárcel por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, el expresidente ha optado por priorizar manifestaciones políticas antes que una estrategia legal sólida.

Primera maniobra

Castillo tuvo casi una treintena de abogados desde que dio el golpe de Estado, pero en la primera audiencia del juicio en su contra, el pasado 4 de marzo, se presentó solo.

Previamente, remitió un escrito para retirar como su defensor a Luis Walter Medrano, quien llevaba casi un año como su abogado principal en este proceso.

El exmandatario anunció que se “rehusaba” a participar en el juicio. Además, calificó el proceso en su contra como “una pantomima”. No obstante, luego de unos momentos de deliberación, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema le asignó un defensor de oficio.

El presidente del tribunal, el juez supremo José Antonio Neyra, precisó: “Este es un juicio penal, no estamos haciendo un juicio político. Merecemos respeto, la justicia merece respeto”.

En la segunda audiencia, Castillo volvió a generar tensión. Rechazó la defensa que se le había asignado y quiso retirarse de la audiencia. Sin embargo, el tribunal le recordó que su presencia es obligatoria.

Hambre de protagonismo

El pasado 10 de marzo, anunció una huelga de hambre que acataría desde el penal de Barbadillo, donde cumple dos órdenes de prisión preventiva, una de ellas por el golpe de Estado.

Mediante una carta difundida en sus redes sociales, comunicó la medida y acusó a la jueza Norma Carbajal Chávez, integrante del tribunal, de haber adelantado opinión en su contra al “forzar” el tipo penal de rebelión.

El 13 de marzo, el exmandatario sufrió una descompensación y fue trasladado de emergencia al Hospital II Vitarte EsSalud. Ese mismo día retornó al penal de Barbadillo.

Al día siguiente se conoció que el exmandatario levantó su huelga de hambre. La magistrada Carbajal precisó: “El señor ya ha sido dado de alta, ha levantado su huelga de hambre y se encuentra hemodinámicamente estable, pero en reposo [...] La sala resuelve llevar a cabo la audiencia con la presencia de su abogado defensor”.

Renuncia el abogado de oficio

En la tercera audiencia, el pasado 11 de marzo, se produjo uno de los momentos más tensos del proceso. El abogado Edgar Callahualpa Quispe, quien había asumido la defensa de Castillo, renunció argumentando una “pérdida de confianza”.

Mediante un oficio, Callahualpa informó que Castillo se “ha mostrado renuente a mantener comunicación útil con su defensa, ha manifestado en plena audiencia que no deseaba su participación y finalmente, en la audiencia del 6 de marzo [...] lo acusó de haber grabado conversaciones que, según él, habría mantenido, hecho que no sucedió”.

En esa misma audiencia, Castillo llamó a la magistrada Norma Carbajal como “la Herodías de esta sala”, en referencia a una figura bíblica asociada a la intriga y la manipulación del poder.

Provocación calculada

El exprocurador Luis Vargas Valdivia consideró que Castillo “está pretendiendo demostrar que es víctima de una persecución indebida, que tiene un enfrentamiento con el Estado”. Añadió que su conducta responde a “una estrategia política más que jurídica”.

Para Vargas Valdivia, los jueces deben ser muy cautos para “no permitirle excesos, pero tampoco permitirle victimizarse”.

“Deben tener mucha cautela, mantener el orden, poner las cosas en su sitio, marcar claramente un límite. Los jueces pueden exhortarlo, requerirlo u ordenar que abandone la sala y que se mantenga presente su abogado”, señaló.

“Es una estrategia para mantener una presencia política. Si le dará resultados o no, eso se verá en el tiempo”.

Luis Vargas Valdivia, exprocurador

La abogada penalista Fernando Bobadilla agregó que la conducta del exmandatario “al parecer, está orientada a dilatar el proceso”, pero eso “no va a tener ningún fruto”.

Sobre el incidente que protagonizó el expresidente el último jueves, señaló: “Rechazar el juicio no tiene ningún efecto”.

“Hoy [martes 8], cuando pidió la palabra, la jueza que dirige el debate le preguntó si quería declarar. El Código Procesal Penal reconoce en los artículos 86 y 376 el derecho de los acusados a declarar en cualquier momento del juicio. Asimismo, al acusado se le da el uso de la palabra al concluir el juicio. Sin embargo, en este caso no estamos ante ninguno de estos supuestos”, añadió.

A pesar de la actitud de Castillo, el juicio en su contra continúa avanzando a un ritmo de tres audiencias semanales (martes, jueves y viernes). A la fecha, más de 37 testigos presentados por la fiscalía han relatado los hechos previos, durante y posteriores al discurso golpista. De ese total, según constató El Comercio, al menos 11 han involucrado directamente al exmandatario o han cuestionado sustancialmente su versión de los hechos.

Castillo alega que solo leyó un discurso sin efectos legales y que nunca alzó un arma. También señala que “el pueblo” le pedía la disolución del Congreso y que, en relidad, el golpe de Estado se lo dieron a él.

Por este mismo caso, la fiscalía ha solicitado una pena de 25 años de prisión para la ex primera ministra Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y los oficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.

En el caso de Aníbal Torres, exjefe del Gabinete y exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio Público ha pedido 15 años de cárcel, considerando su condición de octogenario.

El tribunal lo conforman los jueces Ángel Neyra (presidente), Iván Guerrero y Norma Carbajal.

Las sesiones se realizan en la sala de audiencias de la Corte Suprema, en el complejo policial Dinoes, contigua al penal de Barbadillo.