Fiscal de la Nación cuestiona al Congreso y Ejecutivo por aprobar y promulgar leyes que “amenazan su autonomía”

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó al Congreso de la República y al Ejecutivo por aprobar y promulgar, respectivamente, diversas leyes que, desde su punto de vista, “amenazan su autonomía” en un estado constitucional de derecho y por “interferir” con su labor en la persecución del delito.

Durante su discurso por el 44 aniversario del Ministerio Público, aseguró que la imagen institucional y la labor fiscal han venido siendo afectadas en los últimos años y meses recientes, por “continua e injustificada desinformación, así como campañas mediáticas de grupos de interés con el claro objetivo de debilitar la confianza de los peruanos” hacia la institución.

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“La autonomía fiscal del Ministerio Público viene siendo amenazada. ¿De qué manera? Como nos consta, en meses recientes se han aprobado leyes, que sin duda alguna –y no por lo que diga solamente el Ministerio Público, sino especialistas en la materia y la razón jurídica- nos lleva a decir que en un estado constitucional de derecho interfieren con la labor fiscal, comprometiendo gravemente la autonomía del Ministerio Público”, expresó.

Asimismo, criticó que el Ejecutivo haya promulgado leyes que dificultan el cumplimiento en la investigación y persecución del delito, y que en algunos casos, por su peligro y gravedad, “son de alto y negativo impacto para la sociedad”, varias de las cuales han terminado con demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

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“Se han promulgado leyes que dificultan el cabal cumplimiento en la investigación y persecución del delito, y que en algunos casos, por su peligro y gravedad, son de alto y negativo impacto para la sociedad. Hasta el momento se han identificado y analizado leyes que incurren en la mencionada afectación a la autonomía y a la labor del Ministerio Público, y por supuesto del sistema de administración de justicia en su conjunto”, advirtió.

Entre ellas mencionó a la Ley 31751, que recorta los plazos de prescripción, favoreciendo la criminalidad al impedir la persecución de delitos, muchos de ellos de suma gravedad, así como la Ley 31990, que recorta los plazos para corroborar la información brindada por los colabores eficaces, y la Ley 32107, referida a la persecución de los delitos relacionados con lesa humanidad y crímenes de guerra.

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Del mismo modo, citó a la Ley 32108, modificada por Ley 32138, que restringe la definición de lo que significa organización criminal, “generando impunidad”, además de la Ley 32130, que -según señaló- vulnera el artículo 159, numeral 4 de la Constitución sobre la autonomía del Ministerio Público como único director y conductor de la investigación del delito desde el inicio.

Espinoza también mencionó a la Ley 32182, que penaliza los criterios jurídicos de fiscales y jueces en su actuación funcional respecto a la evaluación y decisión de aplicar la detención preliminar y prisión preventiva, y dijo que esa norma afecta la independencia y autonomía de los magistrados.

Extinción de dominio

La titular del Ministerio Público también cuestionó que pese al pronunciamiento de rechazo a la modificación de la ley de extinción de dominio, el Congreso aprobó dicha norma y el Ejecutivo la promulgó sin observaciones.

Por ello, anunció que en los próximos días la Fiscalía de la Nación impulsará las acciones necesarias para dejar sin efecto dicha ley, que calificó de “nociva”.

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“Pese a nuestro pedido y al pedido de muchos ciudadanos entendidos en la materia, el Congreso aprobó la ley y el Poder Ejecutivo no nos escuchó para que llegue a observar dicha aprobación. El viernes de mayo último ha sido promulgada y publicada la Ley 32326. No vamos a permitir que esa nociva ley continúe en vigencia, por ende impulsaremos las acciones necesarias que la ley nos permite en los siguientes días”, enfatizó.

Delia Espinoza también rechazó la aprobación de la Ley 32330, promulgada y publicada el 10 de mayo, que responsabiliza penalmente a los adolescentes menores de edad de 16 y 17 años como si se tratara de mayores de edad.

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“También venimos manifestando nuestro rechazo al proyecto de ley que pretende que los fiscales y jueces supremos sean elegidos por el Congreso de la República. En un estado democrático y constitucional como el que vivimos, sería un grave retroceso y una grave afectación al equilibrio de poderes una reforma de esta naturaleza”, acotó.

“Por supuesto que en otros países el poder político incide en la elección de sus magistrados, pero no hay que seguir los ejemplos que quiebran la separación de poderes, al contrario, sigamos siendo el referente a nivel regional y tal vez mundial en cuanto a esa elección, que tiene que ser despojada del poder político”, añadió.

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La fiscal de la Nación también detalló que se está observando el proyecto de ley que busca modificar el reglamento del Congreso para reducir la votación calificada cuando se aborde la suspensión a los más altos funcionarios, incluyendo, entre otros, a los fiscales.

“Esta pretendida reforma sería una especie de quiebra constitucional, pues la separación de poderes, una vez más, es un principio elemental en un estado constitucional de derecho. Por lo tanto, se vería afectada con una votación simple, sin bases racionales u jurídicas”, advirtió.

Más críticas a otras leyes

Espinoza refirió que se han identificado dos proyectos de ley que pretenden prohibir tanto la cooperación técnica tanto a nivel nacional como internacional al Ministerio Público y demás instituciones de la administración de justicia, así como a los órganos electorales y la Contraloría General de la República, lo que calificó de “discriminatorio”.

“Los demás organismos públicos sí tendrían intactas esas alianzas estratégicas, beneficiándose, lo cual está bien, sino que se nos aislaría de la comunidad nacional e internacional, sin posibilidad de contar con capacitaciones e intercambio técnico de experiencias que fortalecen el trabajo fiscal en temas ya conocidos de corrupción, lavado de activos, criminalidad organizada”, subrayó.

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“Se nos recortaría o se impediría el trabajo técnico y pericial para los casos complejos, incluso algunos apoyos en herramientas tecnológicas para aliviar las ya conocidas carencias en presupuesto que nos impide tener la logística y la modernidad que requerimos”, agregó.

Señaló que dichos mencionados proyectos de ley especulan sobre posibles manipulaciones o influencias que ponen en riesgo la imparcialidad de la justicia peruana, sin embargo no muestran cifras ni datos objetivos sobre sus afirmaciones.

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Ante ello, la titular del Ministerio Público exhortó al Congreso a que convoque a sus representantes para trabajar de manera conjunta los proyectos de ley relacionados a las funciones fiscales y al sistema de administración de justicia en su conjunto.

Finalmente, Delia Espinoza aseguró que el Ministerio Público ha ejecutado el 29% de su presupuesto asignado para este año, pese a haber recibido un 4% menos del monto recibido en el 2024.

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“Hemos recibido para el año 2025 la quinta parte del presupuesto solicitado y se necesitan recursos con urgencia. Incluso lo otorgado para el 2025 es 4% menos que el 2024. Sin embargo no todas son quejas, somos conscientes de nuestra realidad y a pesar de esta grave limitación presupuestal, es importante destacar que al día de hoy nuestra ejecución presupuestal tiene un porcentaje al 29% ejecutado, lo cual posiciona al Ministerio Público en el grupo de entidades con mejor ejecución hasta la fecha”, sentenció.

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