La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre las denuncias constitucionales presentadas en su contra en el Congreso de la República y dijo que si se le pretende sancionar, debe existir una “motivación” en base al derecho y no por la fuerza de los votos.
En entrevista con RPP TV, señaló que las sanciones aprobadas con la fuerza de los votos y no con razones jurídicas es un defecto que se tiene que corregir. No obstante, dijo que hará valer sus derechos cuando sea citada en el Parlamento.
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“Si se me pretende sancionar lo único que pido es que haya una motivación, es decir, argumento, explicación, razones, una logicidad en base al derecho porque estamos en un estado constitucional de derecho, no solo por la fuerza de los votos”, expresó.
“Con eso que los señores congresistas no se sientan atacados ni ofendidos. Eso (la fuerza de los votos) es un defecto que existe y que debería corregirse, no está bien. Tienen que sustentarlo y yo voy a hacer valer mis derechos”, agregó.
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En ese sentido, Espinoza Valenzuela señaló que no teme ser destituida del cargo y consideró que las denuncias presentadas en su contra deben ser declaradas improcedentes en la etapa de calificación porque sus decisiones han sido “ajustadas a derecho”.
“Miedo no, solamente preocupación de que no se sustenten las verdaderas razones jurídicas. ¿Miedo por qué? No se me debe destituir, todas las denuncias en mi contra en la etapa de calificación deben ser declaradas improcedentes porque estoy segura de mis decisiones que han sido ajustadas a derecho”, aseveró.
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“Si se me va a destituir por haber cumplido mi rol constitucional –porque estoy para perseguir el delito, no los colores, los partidos ni a cualquier persona por su nombre, apellido o condición- lo que he hecho es sustentar y allí están los documentos que hablan por sí solos”, añadió.
Consultada sobre las acusaciones de “golpe de Estado blando” por parte de la presidenta Dina Boluarte, la titular del Ministerio prefirió no opinar, aunque remarcó que ciertas expresiones pueden ser “ofensivas” a su institución.
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“No voy a opinar sobre opiniones y más aún de la más alta magistratura del Estado porque no me confronto y no es mi intención. Simplemente yo pido respeto porque hay expresiones que puedan ser ofensivas a nuestra institución. Podrían ser (consideradas ofensivas), eso queda en la subjetividad de cada uno de los miembros del Ministerio Público”, acotó.
“En todo casi hubiera sido interesante que nos dé un ejemplo, en qué consiste ese supuesto golpe blanco, que yo particularmente no entiendo de qué se trata o en qué consiste porque no somos políticos”, refirió.
Respecto al allanamiento a la casa del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, Delia Espinoza señaló que los cuestionamientos deberían ser dirigidos al juez que lo autorizó, Juan Carlos Checkley.
“Tendría que reclamarse al juez que autorizo y que accedió a nuestro requerimiento. Nosotros no realizamos allanamientos por nosotros mismos, no decidimos si es que vamos a ir a una casa, eso es ilegal, inconstitucional, arbitrario es delito. Nosotros postulamos un pedido con sustento, con elementos ante el juez, en este caso el señor Checkley. Él evalúa y es el que toma la decisión, si está correcto, es atendible, si es necesario o no llevar adelante el allanamiento”, subrayó.
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Asimismo, detalló que en la audiencia de impedimento de salida del país contra el titular del Mininter deberán discutirse todos los argumentos a favor y en contra, y que el Ministerio Público “no se va a molestar” si el Poder Judicial rechaza su solicitud.
La fiscal de la Nación también anunció que se hará un “control de daños” por el tiempo transcurrido en que no se ejecutó la detención preliminar en casos de no flagrancia.
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“Debo decir es que se va a tener que hacer un control de daños por esos tres meses o más que han transcurrido sin esa herramienta indispensable. En ese interín ha habido violaciones, actos de corrupción en los que se tenía que recurrir a esa herramienta. Sobre todo me preocupan los casos de violación de menores donde luego de la cámara Gesell los niños, niñas y adolescentes han dado datos y señales de quién los agredió y no hemos podido detenerlos”, aseveró.
Finalmente, Delia Espinoza justificó su decisión de archivar la denuncia contra el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez al indicar que no encontró ningún elemento o prueba objetiva de la acusación del exfiscal Rodrigo Rurush, quien manifestó que recibió una llamada amenazante para impedir una intervención en las oficinas del periodista Gustavo Gorriti en julio del 2018.
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Relató que el exfiscal no dejó constancia en el acta de la llamada ni la supuesta amenaza de Sánchez Velarde. No obstante, consideró que la actuación del exfiscal de la Nación constituía una inconducta funcional y debió ser sancionado.
“Si el señor Rurush hubiera denunciado a tiempo, por lo menos se le habría sancionado al señor fiscal supremo. Recién se conoce todo a fines del 2023 y cuando la Junta Nacional de Justicia asume la investigación disciplinaria por la mala conducta del fiscal supremo, ya había prescrito y lo tuvo que hacer prescribir”, aseguró.
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