El Ministerio Público dejó sin efecto la designación de la inhabilitada fiscal de la Nación, Delia Espinoza, como representante de la institución ante el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura (AMAG).
El Ministerio Público dejó sin efecto la designación de la inhabilitada fiscal de la Nación, Delia Espinoza, como representante de la institución ante el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura (AMAG).
Recordó que el Consejo Directivo está conformado por siete consejeros, de los cuales, dos son elegidos por la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público por un período de dos años, pudiendo ser reelegidos.
Delia Espinoza había sido designada en dicho cargo por la Junta de Fiscales Supremos el 8 de julio de 2024 y en diciembre pasado fue inhabilitada por el Congreso por 10 años para el ejercicio de la función pública.
“En atención a la inhabilitación impuesta por el Pleno del Congreso de la República, el Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, solicita la designación de un representante del Ministerio Público ante la Academia de la Magistratura, a efectos de garantizar la adecuada conformación y el normal funcionamiento de dicho órgano colegiado, de conformidad con la Ley Orgánica de la AMAG”, dice el dispositivo legal.
Disposición del Ministerio Público sobre Delia Espinoza. (Foto: El Peruano)
Disposición del Ministerio Público sobre Delia Espinoza. (Foto: El Peruano)
El pasado 23 de enero, por unanimidad, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó a Delia Espinoza de su cargo de fiscal suprema titular tras un proceso disciplinario iniciado en setiembre del 2025.
Dicha institución sancionó a Espinoza por no haber ejecutado de manera inmediata la Resolución Nro. 231-2025-JNJ, que ordenaba la reposición de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en junio del año pasado, entre otros.
A fines del 2025 el Congreso también inhabilitó por 10 años a Delia Espinoza después de atribuirle el incumplimiento del artículo único de la Ley N° 32130, que refuerza la intervención operativa de la Policía Nacional en las investigaciones preliminares.