La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que se le tendió una “trampa jurídica” con la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reponía a Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público, y alegó que se vulneraron sus derechos fundamentales.
Durante la audiencia a cargo del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, donde solicitó que se anule dicha resolución, Espinoza Valenzuela insistió en que no se podía reponer a Benavides porque la Constitución no le otorga esa facultad a la JNJ, sino a la Junta de Fiscales Supremos.
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“Eso no se puede porque ninguna parte de la Constitución establece a la Junta Nacional de Justicia la atribución clara y totalmente indubitable que ellos deciden quién es fiscal de la Nación, eso está en el artículo 158 (de la Carta Magna)”, expresó.
“A mí se me tendió una trampa en el sentido jurídico de que si yo accedía a ejecutar o a cumplir con el artículo tercero de la resolución 231, inmediatamente -y con toda justicia- el Congreso me hubiera denunciado, acusado, por infracción a la Constitución”, agregó.
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Explicó que dicha “trampa jurídica” se manifestaba que si entregaba el cargo “pacíficamente”, podría ser denunciada constitucionalmente por infracción a la Constitución por no seguir los lineamientos del artículo 158 de la Carta Magna.
Del mismo modo, acusó a la JNJ de intentar “coaccionarla” a través de comunicados públicos y de no oficiar de su decisión a la Junta de Fiscales Supremos, que es quien elige a la fiscal de la Nación.
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“Al 16 de junio, que supuestamente yo no acaté, no obedecí la orden de la JNJ, válida, formal y oficialmente la señora Benavides estaba destituida en el procedimiento administrativo disciplinario 001-2024-JNJ-A, porque la resolución que modifica su condición de destituid a suspendida recién se elabora, se redacta, el 23 de junio y se notifica al Ministerio Público el 31 de julio”, subrayó.
“Por lo tanto, la Junta Nacional de Justicia luego de coaccionarme, de percibirme con usar la fuerza pública tanto por escrito como por un comunicado en televisión, coaccionándome de una u otra manera, y además porque nunca ofició a la Junta de Fiscales Supremos”, añadió.
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Por su parte, Luciano López, abogado de Delia Espinoza, indicó que la vulneración constitucional es “súper manifiesta” y que lo más flagrante y lo más evidente es el problema de motivación.
“Desde la página 1 hasta la última no va a encontrar ninguna línea que sustente la motivación. Es un típico ejemplo de ausencia total de motivación”, subrayó.
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En tanto, Humberto Abanto, abogado de Patricia Benavides, dijo que hubo sustracción de la materia y la JNJ solo se limitó a reponer a su patrocinada como fiscal de la Nación porque consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales.
“Queda jamás que jamás se ha atentado siquiera la vía previa. No se puede decir que había una situación que originaría irreparabilidad: quien tenía la orden de cumplir era la señora Espinoza, quien decidió incumplir es la señora Espinoza. ¿Puede decirse que la señora Espinoza iba a inferirse a sí misma un daño irreparable?”, acotó.
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Como se recuerda, el pasado 19 de setiembre la Junta Nacional de Justicia aprobó suspender a Delia Espinoza como fiscal de la Nación por un plazo de seis meses, en el marco de un procedimiento disciplinario ordinario por faltas graves y muy graves.
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