El allanamiento al local principal de Perú Libre ubicado en Breña se realizó el pasado 28 de agosto. La fiscalía incautó varias computadoras, entre ellas la del líder del partido. Foto: Alonso Chero / Archivo
El allanamiento al local principal de Perú Libre ubicado en Breña se realizó el pasado 28 de agosto. La fiscalía incautó varias computadoras, entre ellas la del líder del partido. Foto: Alonso Chero / Archivo
Yesenia Vilcapoma

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Unidad de Investigación

Desde el allanamiento al local de Perú Libre en Breña, , aún no se ha podido deslacrar el CPU de la computadora de .

La primera vez que intentaron hacerlo, el líder de dijo que no podía estar presente en la diligencia por “temas políticos partidarios”. En la segunda oportunidad, tampoco acudió. Sostuvo que tenía pendiente un viaje a Junín.

Sin la presencia de Cerrón Rojas, no se podía proceder con el deslacrado. Es así que el 12 de octubre, el fiscal de Lavado de Activos, Richard Rojas Gómez, presentó un pedido de “intervención del derecho a la intimidad” para que se cumpla con la medida, pero han pasado 10 días y aún se continúa esperando respuesta del juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, John Pillaca Valdez.

Juez John Pillaca Valdez | Foto: Poder Judicial
Juez John Pillaca Valdez | Foto: Poder Judicial
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En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Carlos Caro sostuvo que debería abordarse el caso con prioridad. “No hay un plazo. Lo que existe son las necesidades del caso. En este caso concreto, en la medida en que Perú Libre se encuentra en el poder, hay un riesgo vinculado a entorpecer la acción de la justicia, la fiscalía y el Poder Judicial deberían actuar con urgencia”.

Para Caro Coria, existen suficientes motivos que justifican la toma de medidas inmediatas. “No estamos hablando de cualquier organización, estamos hablando del partido que ahora está en el poder”.

Existe una segunda medida pendiente. El 4 de octubre, la . Dos en la Financiera Credicorp Capital del Banco de Crédito en Junín y una en el Banco de la Nación. El congelamiento de la UIF es temporal. Se necesita que la medida sea convalidada por el magistrado. Este proceso debe darse en 24 horas, según el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 27693.

“[...]Podrá disponer el congelamiento de fondos en los casos vinculados al delito de lavado de activos [...] En estos casos, se deberá dar cuenta al juez en el plazo de 24 horas de dispuesta la medida, quien en el mismo término podrá convalidar la medida o disponer su inmediata revocación”, se lee en la norma.

Sin embargo, han pasado casi 20 días desde que se dio el congelamiento de las cuentas y, hasta el momento, el juez no ha respondido al pedido de la UIF.

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Sumado a esto, el 13 de octubre la fiscalía solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Cerrón y de otros dirigentes de Perú Libre para acceder a las escuchas legales del Caso Los Dinámicos del Centro. Sobre el tema, el magistrado tampoco se ha pronunciado.

“Si hay un fiscal que está a cargo de un caso del cual fluye información que es importante para otro proceso; entonces, es fundamental que eso se haga con la mayor celeridad posible”, sostuvo el abogado Carlos Caro.

Han pasado casi dos meses desde que se realizó el allanamiento. Sin embargo, la fiscalía no puede acceder al material incautado porque el juez no autoriza el cumplimiento de esta medida, la misma que permitiría agilizar la investigación.

Estas medidas pendientes corresponden a la indagación fiscal sobre el presunto financiamiento ilegal de la campaña de Perú Libre del 2021

Entre los investigados se encuentran, precisamente, el secretario general del partido, Vladimir Cerrón; su madre, Bertha Rojas; el ex primer ministro Guido Bellido; Richard Rojas García, cuya designación como embajador en Venezuela quedó sin efecto; Arturo Cárdenas Tovar; el congresista Waldemar Cerrón y otras 16 personas, además del propio Partido Político Nacional Perú Libre.

-Más información-

El magistrado John Pillaca asumió el despacho del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional luego de que el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena presentara su renuncia. La decisión se oficializó el pasado 22 de setiembre.

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