Dina Boluarte se acoge al silencio y no responde preguntas: los entretelones de la citación de la fiscalía

En medio de un amplio despliegue de seguridad, con decenas de agentes afuera y adentro de la sede central del Ministerio Público, la presidenta Dina Boluarte acudió este martes a una nueva citación fiscal por la investigación que se le sigue por las muertes en las protestas contra su gobierno. A diferencia de su última presentación, donde solo guardó silencio ante las preguntas de la Procuraduría General del Estado (PGE), esta vez la mandataria no respondió las preguntas, tanto de la Fiscal de la Nación como de la defensa del Estado.

Fue una sesión corta, pero tensa. La mandataria llegó a la sede fiscal escoltada por su seguridad minutos antes de las 9 a.m., hora para la que estaba citada a declarar. Su vehículo ingresó hacia el sótano del edificio, desde donde se dirigió hasta el piso 11. Allí la esperaba la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, encargada de las pesquisas, y otros fiscales, como el adjunto supremo Marco Huamán. También acudieron dos abogados de la procuraduría y las defensas de los fallecidos, que participan como partes agraviadas.

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Dina Boluarte ya había respondido a un primer pliego de preguntas de la fiscalía en su citación del 6 de junio, pero guardó silencio ante las otras partes. Por entonces, la investigación era por la presunta comisión de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en las manifestaciones de diciembre y enero en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho, donde hubo 49 muertes. En todo momento, la presidenta negó responsabilidad por esos hechos. Fuentes de El Comercio ligadas al caso calificaron sus respuestas de ese día como generales e incluso “evasivas”.

Posteriormente, el Ministerio Público amplió por 45 días el plazo de esta indagación preliminar, que iba a concluir el 10 de septiembre pasado. También se incluyeron investigados nuevos, como el actual ministro del Interior, Vicente Romero; se añadieron nuevos hechos en torno a protestas en regiones como Lima y Cusco; y se citaron a unos 40 nuevos testigos que han venido declarando en los últimos días. Esto tras una solicitud de la PGE.

En ese escenario, se esperaban preguntas de la fiscalía sobre los nuevos hechos bajo indagación, así como preguntas de la PGE y de los abogados de los deudos, que hasta ahora no habían podido hacerle interrogantes sobre ninguno de los aspectos del caso. Como suele ser en este tipo de diligencias, de acuerdo con fuentes de este Diario, la sesión de este jueves inició con la participación de la Fiscal de la Nación, quien leyó a la investigada sus derechos.

Fue luego de esto que Dina Boluarte afirmó que rechazaba las nuevas imputaciones y que se iba a remitir a las respuestas ya brindadas en su primera declaración. De acuerdo con al menos tres fuentes ligadas al caso, la presidenta anunció allí que se acogía al silencio. Ante esto, la fiscalía no hizo más preguntas.

A su turno, agregan las fuentes, la PGE indicó que respetaban lo manifestado por la investigada, pero que querían dejar constancia en el acta de la declaración de cada una de las 47 preguntas que habían preparado para hacerle. El abogado de Boluarte, Joseph Campos, se opuso; pero la defensa del Estado insistió en que dejar constancia de que las preguntas no afectaban el derecho de la presidenta de guardar silencio.

El cruce de opiniones y réplicas entre ambas partes ocasionó el momento más tenso de la sesión. Finalmente, la fiscalía -como directora de la diligencia- le dio razón a la procuraduría y accedió a que se deje constancia en el acta de las preguntas que iba a hacer la defensa del Estado. Los abogados de los deudos se adhirieron a la postura de la PGE.

Así concluyó la diligencia. Sin tener contacto con la prensa o la ciudadanía, la presidenta Dina Boluarte salió de la sede de la Fiscalía de la Nación rumbo a Palacio de Gobierno. Fue alrededor de las 10:30. Todo ocurrió en poco más de una hora y media desde su llegada.

Media hora después, afuera de Palacio de Gobierno, Joseph Campos declaró a la prensa y afirmó que decir que la presidenta había guardado silencio era una “mala interpretación”. “Lo que hemos hecho es declarar que nuestras respuestas dadas en la primera declaración se extiendan a las demás y ya no queremos seguir desarrollando por respeto, precisamente, a las víctimas, que no necesitan un show, sino que se investigue con seriedad y objetividad”.

“Respetuosos de la convocatoria del Ministerio Público, hemos asistido, hemos declarado y luego hemos dicho que ya no vamos a declarar”, sostuvo Joseph Campos. El abogado reconoció que también se permitió la incorporación de “algunos preguntas que están ahí, pero que ciertamente, cuando las he leído, tampoco representan ningún problema”. “Decidimos abstenernos de seguir participando, remitiendo nuestras respuestas a lo que ya habíamos establecido anteriormente”, añadió.

Cuestionado sobre si lo ideal para colaborar con la investigación hubiese sido responder las preguntas, respondió que no, sino que “lo importante es no ser repetitivo ni apasionador”. El abogado también afirmó que espera que la investigación contra la presidenta sea archivada y ratificó el discurso de la defensa de la mandataria: “Respecto de los hechos que pueden haber ocurrido en cualquier lugar del Perú, la respuesta es una: nosotros dimos declaraciones en el sentido de que se controle la situación, el orden público, respetando los derechos fundamentales”.

Por su parte, otras fuentes ligadas al caso consideraron que era importante que la presidenta responda específicamente sobre los nuevos hechos y en relación con los testigos que dieron su testimonio a la fiscalía en las últimas semanas, luego de la primera declaración de Dina Boluarte en junio pasado.

El plazo de esta investigación preliminar vence el próximo 25 de octubre. Así, todo apunta a que esta será la última citación para que la mandataria declare como investigada, al menos en esta fase.

La citación a Dina Boluarte fue para las 9 a.m. Horas antes, la Policía y Seguridad del Estado comenzaron a ubicarse alrededor de la sede central del Ministerio Público ante la eventual llegada de la presidenta. En el momento mismo de la declaración, se estima que hubo alrededor de un centenar de agentes entre policías y Seguridad del Estado, dentro y afuera del edificio.

La Policía colocó rejas en el frontis del edificio, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Abancay. Esa entrada estuvo custodiada por una primea línea de agentes de Seguridad del Estado y luego por líneas de agentes de la Región Policial Lima. También se colocaron rejas y líneas de policías en los tramos de los jirones Cusco y Santa Rosa, que bordean el edificio. Allí se restringió el paso de vehículos e incluso de peatones.

Fuentes de El Comercio comentaron que también hubo despliegue de agentes de seguridad del Estado en distintos pisos de la sede del Ministerio Público. Alrededor del lugar, este Diario distinguió policías y vehículos de la División de Servicios Especiales (Diverersp), el Escuadrón Verde, el Pelotón Cobra, la División de Emergencia (Diveme), la Subunidad de Acciones Tácticas (Suat), la División Territorial Centro 1, entre otros, además de la escolta de la mandatario.

El amplio despliegue contrastó con la relativa calma que se vivió en la zona durante la diligencia. A diferencia de lo ocurrido en su declaración de junio, donde una decena de manifestantes llegó hasta el lugar para protestar contra Dina Boluarte, esta vez no hubo manifestantes. Más frecuente fue escuchar a peatones preguntar a la prensa en el lugar, al ver el alto número de policías, si había ocurrido algún incidente o si había alguna manifestación.

Un escenario similar se dio por la tarde cuando Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros y coinvestigado de la presidenta, se presentó para dar su declaración. En su caso, la diligencia comenzó alrededor de las 2:30 p.m. El día anterior, el ministro había dicho que la mandataria no acudió a la Convención Minera Perumin, en Arequipa porque estaba preparando su declaración de este miércoles, la misma en la que eventualmente se limitó a referir sus respuestas anteriores y guardar silencio.

Ambas escenas, además, se dan en un momento marcado por la inseguridad ciudadana y el estado de emergencia en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Uno de los problemas que el Ejecutivo ha señalado como un obstáculo en la lucha contra la delincuencia ha sido, precisamente, la falta de agentes de la Policía.

Ricardo Valdes, exviceministro de Seguridad Pública, comentó a El Comercio que la alta presencia policial no se justifica y fue exagerada para una diligencia de este tipo, en un lugar ya resguardado como es el Ministerio Público. Esto particularmente “en un momento en que ya se ha producido la primera muerte en San Juan de Lurigancho pese al estado de emergencia, en que la inseguridad sigue creciendo y precisamente lo que reclaman los alcaldes es mayor presencia policial para proteger a la ciudadanía”.

“Las personas que han estado viendo ese despliegue se preguntan lo mismo: ¿por qué nosotros no tenemos como habitantes de un distrito la misma posibilidad de contar con un despliegue policial tan intenso? [...] Hay unidades específicas de resguardo de dignatarios que deben estar involucradas en ello, la policía especializada en proteger a personalidades. Muchas veces es la policía de Seguridad del Estado o la que proviene de sectores especiales para estas circunstancias, de protección de dignatarios”.

En esa línea, consideró que no tiene sentido la magnitud de la presencia policial, “salvo que hayan manejado una información de otra naturaleza, de que iba a haber gente manifestándose a los alrededores, pronunciamientos ciudadanos con relación al malestar con la inseguridad”. “Pero aún así, creo que es innecesario todo es despliegue, no se justifica. El mensaje es equivocado, lo único que genera es el disgusto de la gente”.