Dina Boluarte pide el cierre de investigación por la desactivación de equipo PNP de apoyo al Eficcop

La presidenta Dina Boluarte busca que se cierre la investigación que le sigue la fiscalía por la desactivación del equipo especial de la Policía que apoyaba al equipo especial de fiscales contra al corrupción en el poder (Eficcop). Ambos grupos trabajaban juntos en la indagación del caso ‘Waykis en la Sombra’, que tiene a su hermano, Nicanor Boluarte, como principal imputado.

Alegando que se ha vencido el plazo para investigar, la defensa legal de la presidenta presentó un recurso de control de plazos. Con este, se busca que el Poder Judicial declare el cierre de la indagación preliminar. Para atender esa solicitud, el juez supremo Juan Carlos Checkley programó una audiencia para el próximo miércoles 23 de octubre.

LEE TAMBIÉN | Vladimir Cerrón: los expedientes que acumula y por los que aún debe responder

La investigación preliminar contra Dina Boluarte por este caso también incluye a su exminisitro del Interior Walter Ortiz. Es por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad. La carpeta fiscal se abrió el pasado 10 de mayo.

Inicialmente, la carpeta estuvo a cargo del mismo fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. El 29 de mayo, la presidenta declaró ante su despacho en condición de investigada.

Según declaró su abogado luego de esa diligencia, Dina Boluarte respondió unas 50 preguntas y negó que ella haya dado una orden para desactivar al equipo policial.

Posteriormente, la investigación fue derivada a la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, a cargo de Pablo Sánchez, el fiscal supremo más antiguo de los que integran la Junta de Fiscales Supremos.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, Juan Carlos Villena se inhibió de seguir viendo el caso al conocerse mensajes del entorno presidencial donde se referían a él como “enemigo” de Dina Boluarte, lo que podría poner en duda su imparcialidad.

Según se lee en documentos judiciales a los que accedió El Comercio, la defensa de Dina Boluarte solicitó el pasado 30 de julio a la misma fiscalía que se declare la “conclusión del plazo de la investigación preliminar”.

De ello se desprende que la postura de la defensa es que la investigación culminó luego de 60 días. Es decir, el 9 de julio del 2024. Sin embargo, la fiscalía rechazó la solicitud citando una disposición previa.

Ante el rechazo y la controversia con la fiscalía respecto a si la investigación había vencido, los abogados de Dina Boluarte recurrieron al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria con un solicitud de control de plazo “por haber concluido la investigación preliminar que se viene siguiendo en su contra”.

La audiencia citada por el juez Checkley está prevista para las 10 a.m. a través de una sesión virtual. Están citados la defensa de Dina Boluarte y un representante del Ministerio Público.

Luego del debate, el magistrado deberá tomar una decisión. Si le da la razón a la defensa y declara que la investigación ya venció, la fiscalía estará obligada a declarar su cierre. Luego de esto, hay dos opciones: archivar o formalizar una investigación preparatoria (proceso judicial). Por ser un alto funcionario, para ello primero se debería presentar una denuncia constitucional al Congreso para levantar su antejuicio.

Si el juzgado le da la razón a la fiscalía y rechaza el pedido de la defensa, la presidenta Dina Boluarte podrá seguir siendo investigada por este caso en el plazo que se haya determinado, que puede ser de hasta ocho meses.

Mediante su defensa, la presidenta Dina Boluarte ya presentó un recurso similar (control de plazo) para cerrar la investigación que le sigue la fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, ese pedido fue rechazado por el mismo juez, Juan Carlos Checkley.

En ese caso, la defensa también sostuvo que la diligencia tenía un plazo máximo de 60 días, el cual ya se había vencido. No obstante, la fiscalía replicó que su caso era complejo, por lo que le habían asignado una duración de ocho meses.

Frente a estas posturas, Checkley concluyó que “la decisión de la fiscalía de declarar compleja la investigación así como establecer el plazo de ocho meses resulta aplicable y en ese sentido no infringe principio alguno como como debido proceso o plazo razonable”.

La investigación por la desactivación del equipo especial de la Policía, que era liderado por el coronel PNP Harvey Colchado, es solo una de las carpetas fiscales que enfrenta Boluarte en el Ministerio Público. También tiene la referida investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, la del Caso Cofre y otra por una reunión con la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides.

Otras tres investigaciones preliminares de la Fiscalía de la Nación vinculadas su gobierno ya fueron culminadas y resultaron en denuncias constitucionales del Congreso: dos por las muertes en las protestas contra su gobierno y otra por el Caso Rólex. Solo esta última fue admitida a trámite por el Congreso, pero está paralizada mientras Dina Boluarte siga siendo presidenta.

Adicionalmente, la presidenta tiene una investigación ligada a su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, conocido como Caso Qali Warma, y una indagación por presunto lavado de activos ligado al financiamiento de la campaña de Perú Libre en el 2021.