
A las 5:31 a.m. del este lunes, un equipo de la Fiscalía de la Nación llegó a la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ubicada en La Molina. El juez Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, autorizó su allanamiento y registro, a propósito de la investigación que se sigue en su contra por presunto delito de abuso de autoridad.
“Particularmente, como abogado procesalista, me llama poderosamente la atención porque, para empezar, es la primera vez que en un caso de abuso de autoridad veo un allanamiento. Un caso de abuso de autoridad en donde, en realidad, existen muchas cosas por dilucidar”, afirmó Santiváñez a la prensa poco después. La diligencia se extendió por aproximadamente siete horas.
La medida judicial dictada comprendía también su propio despacho, en la sede del Ministerio del Interior (Mininter), en San Isidro. Pero también otros dos inmuebles tanto en Villa El Salvador como en Barranco que, si bien no suyos, tienen relevancia clave en el caso.
El juzgado autorizó a efectuar el allanamiento de los cuatro inmuebles, específicamente, “con fines de aseguramiento de documentos públicos y/o privados, así como de los equipos tecnológicos de comunicación, de cómputo y/o almacenamiento de información”, tal como se indica en la resolución judicial, a la que accedió El Comercio.
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Si bien el caso por abuso de autoridad contra Santiváñez surgió por el audio negado que habría enviado —vía WhatsApp— al capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, donde pide que se “controle” a un periodista, en los últimos días han surgido nuevas líneas de investigación y señalamientos que pesan contra el titular del Mininter.
Lo que hay detrás
Los otros dos inmuebles allanados están relacionados con Yessenia Stefany De la Cruz Rivas, administradora del estudio de abogados de Santiváñez. A fines de enero último, un testigo protegido con clave N°01-2025 relató a la fiscalía que el actual ministro del Interior le habría solicitado a De la Cruz “que oculte” dos dispositivos tecnológicos, pues la información contenida “podría perjudicarlo”.

“Tengo conocimiento que Juan José Santiváñez Antúnez le habría pedido a inicios de este año 2025 a Yessenia Stefany De la Cruz Rivas que oculte la computadora personal de Juan José Santiváñez y su Ipad personal, por cuanto en su contenido tiene información que podría perjudicarlo y le solicita ello, en razón de la confianza que le tiene por la relación sentimental extramatrimonial que hasta la fecha mantienen”, detalló el testigo protegido N°01-2025.
A las declaraciones del testigo, se suma otro más signado con clave N°02-2025. Ambos, han relatado también una serie de hechos presuntamente ilícitos que se habrían cometido en el estudio de Santiváñez, antes de su incursión como ministro de la presidenta Dina Boluarte, quien cierra filas por el ministro.
Desde acercamientos con magistrados, como la exjueza Emma Benavides, hasta incluso solicitudes de dinero para influenciar en decisiones judiciales, como los US$60.000 que se habrían requerido para “arreglar” el caso de un involucrado en el Caso Escuadrón de la Muerte.
“Dinero obtenido de diversos clientes del estudio que era entregado a Juan José Santiváñez para corromper funcionarios y obtener resultados favorables en sus casos a través de influencias ilícitas, casos que se llevaban a cargo del Ministerio Público, Poder Judicial y el Fuero Militar Policial”, se lee en la declaración del Testigo Protegido 01-2025, según conoció este Diario.
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Ambos testimonios fueron recabados por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), despacho que remitió copias y lo elevó a la Fiscalía de la Nación, la cual tiene a su cargo pesquisas contra el ministro. En suma, el requerimiento de allanamiento presentado al juez Checkley, y que fue ejecutado este lunes, incluyen también las declaraciones de los dos testigos protegidos.
“Al hacer lectura de la resolución, uno puede advertir que el grave y fundado elemento de convicción que ha presentado la fiscalía son las declaraciones de dos supuestos testigos protegidos sobre los cuales no ha existido ninguna corroboración. O sea, simplemente han dicho chismes y cosas que han sido irreales. Y en base a eso, que no ha tenido ninguna corroboración, se genera esta diligencia”, cuestionó Santiváñez.
Lo cierto es que los inmuebles allanados en Villa El Salvador y en Barranco fueron ubicados por la fiscalía como domicilios de De La Cruz Rivas. “Lugar donde se encontraría la computadora e Ipad personales de Juan José Santiváñez”, se lee en la resolución que autorizó la diligencia. Es decir, la fiscalía efectuó el allanamiento con el propósito de ubicar los dispositivos en cuestión.

Un viaje a Bruselas
Horas antes de efectuarse la diligencia de allanamiento, el Ejecutivo publicó —el domingo en la noche, en edición extraordinaria— la resolución suprema que autoriza el viaje de Santiváñez a Bélgica y a los Países Bajos, del 3 al 9 de marzo próximo. A pesar de las diligencias, Santiváñez insistió en que su viaje “no se interrumpe” y que se trataba de “una reunión de todos los ministros del Interior del mundo”.
“Se van a adoptar acuerdos importantes para combatir las organizaciones criminales a nivel trasnacional (...) Es una invitación que se generó hace más de mes y medio y la autorización también se gestionó hace más de 15 días. Lógicamente las resoluciones salen siempre con fecha anterior a los viajes porque los ministerios se encargan”, aseveró Santiváñez.

Ante ello, fuentes de El Comercio confirmaron que la Fiscalía de la Nación solicitó a la Corte Suprema el impedimento de salida del país en contra del ministro del Interior, justamente a propósito del caso en su contra por abuso de autoridad. Al cierre de esta edición, se desconocía la fecha en la que se evaluaría la medida.
A pesar de ello, Santiváñez llegó a salir del territorio nacional rumbo a España, según pudo confirmar este Diario a través de su Certificado de Movimiento Migratorio. “El señor ministro ya se encuentra en el aeropuerto, listo para partir a Bruselas”, dijo por la noche el vocero del Mininter, Carlos López Aedo, sobre el tema.
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