Corrupción, organización criminal y más sorpresas: La larga lista de condenados e investigados que postulan al Congreso bicameral por Perú Libre

Pese a que Cerrón Rojas lleva más de dos años huyendo de la justicia, no solo anhela la máxima magistratura de la Nación, también se ha inscrito como cabeza de lista al Senado buscando los beneficios que le podría otorgar fungir como aforado o alto funcionario.

Si bien ha logrado que dos de sus condenas por corrupción fueran anuladas; una por el Tribunal Constitucional y otra por la Corte Suprema, aún debe hacer frente a otros procesos judiciales tanto más graves y que acarrean mayor sanción penal.

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Con ello a cuestas, el exgobernador regional de Junín busca alcanzar el sillón presidencial desde la clandestinidad y ayudado por la maquinaria de su partido político, que lleva consigo a diversos personajes que registran condenas o se encuentran inmersos en pesquisas, procesos judiciales, acusaciones penales, o que, en su momento, se vieron relacionados con hechos investigados por el Ministerio Público.

Algunos personajes, ya conocidos en el ámbito político y judicial, entre ellos Bertha Rojas, madre del prófugo Vladimir Cerrón; el congresista Waldemar Cerrón que busca repetir el plato pero esta vez por el Senado; y Arturo Cárdenas Tovar, conocido como ‘Pinturita’, quien hasta hace poco cumplió prisión preventiva y hoy afronta en libertad el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

En la lista figura también la secretaria de Profesionales Nacional de PL, Ana María Córdova Capucho, quien está acusada por presunto delito de terrorismo en la modalidad de obstrucción a la investigación del delito de terrorismo. Además, el candidato a diputado Victor Gilmar Vilca Uribe registra dos condenas.

Otros que también buscan repetir el plato, pero al Senado, son los congresistas Flavio Cruz y Américo Gonza, quienes fueron investigados en sendas carpetas fiscales.

El Comercio se comunicó con el congresista Waldemar Cerrón, secretario general nacional de Perú Libre y con Richard Rojas Gómez, secretario de Organización, pero no respondieron.

A partir del 28 de julio del 2026, el Congreso será Bicameral, con una cámara de Senadores y otra de Diputados. Esto implica que adicionalmente a los 130 escaños que ya habían, en estas elecciones generales se votará por 60 senadores, con lo cual habrán 190 escaños.

En el Congreso Bicameral Perú Libre busca obtener mayor número de escaños, tratando de repetir los resultados de las Elecciones Generales del 2021, cuando lograron ser la segunda fuerza congresal con 37 escaños de un total del 130.

Con el transcurrir de los meses, la bancada fue implosionando y sus integrantes abandonaron la agrupación para sumarse a otros bloques.

Por ello, en la lista inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para candidatos a Senadores y Diputados, han buscado -sobre todo en la modalidad de designación directa- colocar a personajes y militantes leales y cercanos a los fundadores del partido.

Encabezando la plancha presidencial presentada al JNE, figura el prófugo Vladimir Cerrón, procesado en la actualidad en más de cinco casos. Tres de ellos ya tienen acusación; y de estos, dos están a la espera de que se señale fecha de inicio de juicio oral en su contra.

Pero, además, el prófugo Cerrón encabeza la lista al Senado con el número 1, y viene siendo siendo sometido a un juicio oral para que el Estado Peruano pueda recuperar cerca de S/3 millones en reparación civil.

Uno de los casos más complejos en los que está inmerso Cerrón Rojas, es la imputación fiscal por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias, falsedad ideológica, colusión simple y agravada y lavado de activo.

Los delitos se vinculan al caso ‘Los Dinámicos del Centro’, donde el exgobernador regional de Junín es imputado de haber liderado una red criminal en la Región Junín que habría operado entre el 2019 y el 2021. La misma, habría estado dedicada al cobro de “coimas” a cambio de otorgar licencias de conducir. Esto a través de oficinas regionales que habrían sido copadas con personas allegadas al partido Perú Libre.

El proyecto delictivo, según la tesis fiscal, habría tenido como fin el beneficio personal de Cerrón Rojas, así como el financiamiento de su proyecto político a través de presuntos aportes ilícitos.

Los delitos imputados en este caso, bajo concurso real, superarían los 20 años de cárcel, tan solo por organización criminal y lavado de activos.

Derivado de este caso, Cerrón Rojas también es procesado por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia en el marco de una organización criminal que habría actuado fuera y al interior del partido Perú Libre.

Precisamente, a razón de los beneficios económicos obtenidos por los presuntos actos de corrupción desplegados por “Los Dinámicos del Centro” y otros posibles ilícitos investigados en otras carpetas fiscales, Cerrón habría lavado activos ilícitos a través de sus cuentas bancarias, depósitos de terceros, pagarés, y presuntos aportes maculados al partido Perú Libre durante la campaña electoral del 2021.

“Se le imputa a Vladimir Cerrón Rojas el título de autor del delito de lavado de activos agravado respecto a la comisión de de conversión, transferencia y ocultamiento -Artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 1106. Así como la agravante contenido en el numeral 3 del artículo 4 del mismo cuerpo normativo; siendo que, dichos actos se habrían materializado con dinero maculado proveniente de actos de corrupción-delitos contra la Administración Pública.”

Ángel Astocóndor, fiscal especializado en delitos de lavado de activos

De acuerdo a la tesis fiscal, se habría detectado dinero de origen desconocido por el monto de S/6’387.070.42 a partir de una pericia económica-patrimonial, un abono de S/879,549.95 a su cuenta del BBVA 0011-0235-02-00429832 por la cancelación de su cuenta ahorros y la compra de un cheque de gerencia emitido a su nombre por S/900,000.00.

Otro de los hechos comprendidos en la investigación es la adquisición del local partidario por la suma de US$200,000 y la recepción de S/15,700 provenientes de una cuenta bancaria mancomunada a nombre de la vacada expresidenta Dina Boluarte Zegarra y Braulio Grajeda, entre otros hechos.

Debido a la complejidad del caso y por las acciones dilatorias de Cerrón Rojas, recientemente la fiscalía solicitó la ampliación de la investigación preparatoria de este caso, por 36 meses. El juzgado evaluará el pedido el próximo 13 de enero del 2026.

Cerrón Rojas, además, enfrenta tres acusaciones fiscales. Una de ellas es por el presunto delito de afiliación al terrorismo y obstrucción a la justicia donde el Ministerio Público ha solicitado 25 años de cárcel en su contra.

El pasado mes de octubre, el juez Wilson Verástegui emitió el auto de enjuiciamiento disponiendo que el caso pase a juicio oral.

Los 15 elementos de convicción presentados por la fiscalía en contra de Cerrón Rojas, se centran en demostrar su participación como un cuadro político “captado” por la organización terrorista ‘Sendero Luminoso’ -juntos a los acusados Guillermo Bermejo y Guido Bellido- a través de los que buscaban expandir la ideología y entablar alianzas con movimientos regionales (Perú Libertario).

“Se le imputa al acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas, haber integrado el militarizado ‘Partido Comunista del Perú’, habiéndose incorporado a dicho grupo armado en el mes de octubre hasta diciembre del año 2017; como integrante de la organización terrorista ‘Sendero Luminoso’, se encargaba de fortalecer las bases del ‘Frente Único Democrático Revolucionario del Perú’ [dicho frente era parte del Militarizado Partido Comunista del Perú de Sendero Luminoso] cuya finalidad era ampliar las bases del Militarizado Partido Comunista del Perú [dicho grupo terrorista busca tomar el poder por medio de las armas], a efecto, de tomar el poder e instaurar un Estado socialista [Basado en que el proletariado debía gobernar el país, donde no exista desigualdad entre las personas].”

Acusación del Ministerio Público

Otra acusación se vincula al caso del “Ilegal resguardo policial” donde la fiscalía ha solicitado nueve años de cárcel contra el prófugo exgobernador regional, al acusarlo por el presunto delito de colusión agravada.

El caso se vincula al uso de efectivos policiales, entre el 2020 y 2021, que habían sido asignados al entonces gobernador regional de Junín y también acusado, Fernando Orihuela, pero que en la realidad prestaban seguridad a Cerrón cuando este se encontraba en Lima.

El auto de enjuiciamiento contra Cerrón y otras nueve personas fue dictado en octubre del 2024; sin embargo, hasta el momento se desconoce la fecha para el inicio del juicio oral.

“El acusado, en su condición de Gobernador Regional de Junín, solicitó de manera directa el destacamento de efectivos policiales para su seguridad y protección, específicamente el de Carlos Wilfredo Zárate Villalobos, a pesar de que la Policía Nacional tiene autonomía operativa y administrativa para determinar dichas asignaciones, es decir, aprovechó su cargo para concertar con Carlos Wilfredo Zárate Villalobos, y beneficiarlos a razón de su relación de amistad.”

Carlos Mera Palomino, Fiscal Anticorrupción de Junín

Cerrón también ha sido acusado en el proceso conocido como “Sima-Junín”, donde la fiscalía lo sindica por el presunto delito de colusión que tiene una pena máxima de seis años.

Esta carpeta fiscal se vincula a dos hechos. Uno es la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Junín y la Empresa Servicios Industriales de la Marina S.A. (Sima), donde la fiscalía señala que se cambió un proyecto que ya había sido aprobado por el Consejo Regional para la puesta en marcha del Puente Comuneros.

Sin embargo, los cambios incrementaron los costos para las vías de acceso y obras de mitigación de impacto ambiental en S/3’606,516.91 y gastos generales en S/2’863,172.68.

El segundo, es la suscripción de una adenda que le habría permitido poner a disposición de Sima Perú un adelanto directo del 30% para el inicio de la elaboración del estudio complementario de ingeniería de detalle, pese a que no se había iniciado la ejecución de la obra, señaló la fiscalía.

El juzgado de Junín se encuentra desarrollando el control sustancial de la acusación para definir si pasa a juicio oral.

Finalmente, Cerrón Rojas enfrenta un juicio oral donde la Procuraduría Anticorrupción busca que pague una reparación civil ascendente a S/2′924.857.36, por el Caso Chupaca.

Según la acusación fiscal, se habría interesado en forma directa en favorecer al consorcio vial a cargo de la obra “Mejoramiento del Circuito vial Chupaca - Slcaya - Vicso - Aco- Mito, provincias de Chupaca, Huancayo, Concepción - Junín”, permitiendo la ejecución de una carta fianza de más de S/3 millones a favor del referido consorcio.

En el caso “Los Dinámicos del Centro” también es procesado Arturo Cárdenas Tovar, alias ‘Pinturita’, quien fue designado de manera directa en la lista de candidatos al Senado por elección de distrito electoral múltiple. Va con el número 1 por la lista de Lima Metropolitana de Perú Libre.

‘Pinturita’, quien está a cargo de la Secretaría de Asuntos Sindicales, Gremiales y Sociales de Perú Libre, fue excarcelado en agosto, luego de cumplir más de tres años de prisión preventiva.

Según la imputación fiscal, dentro de la presunta red criminal habría cumplido el rol de “colaborar” en la “promoción” de “colocación”, “remoción” y “favorecimiento” de personas vinculadas a PL dentro la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la Región Junín (DRTC-J) para lograr los fines ilícitos.

“Se le atribuye Arturo Willian Cárdenas Tovar ser integrante de la presunta organización criminal supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el Nivel 3 de la misma, cuyo rol habría sido procurar la contratación de personas allegadas al Partido Político Nacional Perú Libre, aprovechándose de su condición de Secretario Nacional de dicho partido, con lo cual habría promovido la manipulación de las contrataciones CAS, ya sea direccionando los términos de referencia, las entrevistas e incluso logrando la declaración de desierto de determinada convocatoria con el objeto de permitir la postulación de personal allegado al Partido.”

Ministerio Público

Cárdenas Tovar también se encuentra incluido en la investigación preparatoria por el caso de presunto “Lavado en la campaña de Perú Libre” como supuesto integrante de la organización criminal, de acuerdo a la fiscalía.

El Ministerio Público le imputa haber tenido un rol como “promotor, organizador, e integrante”, lo cual se encuentra contemplado en el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal.

“La Organización criminal Perú Libre con el accionar de sus integrantes nombrados como funcionarios (…) y también con el accionar de sus integrantes que ocupaban solamente el cargo de directivos del Partido Político Perú Libre (…) y Arturo Cárdenas Tovar (Secretario de Organización Nacional), habría venido recabando y recaudando diversas sumas de dinero vinculadas a fuentes ilegítimas provenientes de actividades criminales ejecutadas por sub redes criminales vinculadas a esta debido al arraigo partidario de sus miembros (Caso Dinámicos del Centro, Caso Tiranos del Centro, y otros).”

Ángel Astocóndor, fiscal especializado en delitos de lavado de activos

El congresista Waldemar Cerrón, ha sido inscrito en la lista para el Senado por la región Junín. Su candidatura ha sido admitida por el Jurado Electoral Especial de Huancayo a través de la Resolución N° 02075-2025-JEE-HCYO/JNE.

Además, figura en la plancha presidencial de Perú Libre donde se le designó como “Accesitario 1”.

El parlamentario, al igual que su hermano Vladimir, ha sido incluido en un organigrama delictivo dedicado al presunto lavado de activos a través de transferencias bancarias y aportes al partido Perú Libre.

De acuerdo a la imputación fiscal, el legislador habría tenido un rol de “promotor e integrante” de la presunta organización criminal.

Según la fiscalía, el dinero que se habría obtenido de dichas actividades criminales, fue destinado para lograr sus principales fines u objetivos trazados.

“Uno de los cuales sería la reinversión de los activos maculados dentro de las campañas políticas de los postulantes al Congreso de la República como son: Guido Bellido Ugarte (exsecretario regional en Cusco) y Waldemar Cerrón Rojas (Miembro fundador y Secretario de Ideología y Política Nacional) por el partido nacional Perú Libre.”

Ángel Astocóndor, fiscal especializado en delitos de lavado de activos

Ademas, el congresista estuvo implicado en una investigación en la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de cohecho pasivo propio, por haber votado en contra de la moción que proponía interpelar al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Francisco Silva Villegas, en noviembre del 2021.

Sin embargo, en junio del 2023 la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, archivó la investigación contra Cerrón y otros 39 legisladores que también estaban comprendidos en la pesquisa, por falta de elementos de prueba.

Bertha Rojas López, madre de Vladimir y Waldemar Cerrón, también ha sido considerada en la plancha presidencial de Perú Libre como candidata a la segunda vicepresidencia. Además, fue inscrita con el número 2 para postular a la Cámara de Senadores.

Rojas López fue incluida en el 2021 dentro de la investigación que sigue la Fiscalía para casos de Lavado de Activos por el presunto financiamiento ilegal del partido político Perú Libre.

La fiscalía le atribuye el presunto delito de lavado de activos en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento; y presunta integrante de la organización criminal Perú Libre. Ello, debido a que habría actuado como “testaferro” del presunto líder de la red criminal, Vladimir Cerrón.

“ (…) para luego ser ingresados al sistema económico formal, dándoles una apariencia de legalidad, para lo cual se habría utilizado la fachada del Partido Político Nacional Perú Libre y sus anteriores denominaciones; así mismo, se utilizó testaferros como a la investigada Bertha Rojas López (madre del líder de la organización criminal), a efectos que dicho dinero, bienes, efectos o ganancias maculadas sean ensombrecidas, dificultando la identificación de su posible origen ilícito.”

Ángel Astocóndor, fiscal especializado en delitos de lavado de activos

Los hechos que le atribuye la fiscalía son que, entre los años 2010 y 2019, Rojas López habría adquirido bienes por más de US$197 mil. Además de haber depositado S/200 mil a la cónyuge de Waldemar Cerrón con lo que se adquirió un inmueble en la urbanización Santa Beatriz, Cercado de Lima, en el 2016.

Además, cuando el prófugo Vladimir Cerrón volvió a ser elegido como autoridad regional en 2018, adquirió un departamento, con depósito y cochera, por S/425 mil, señaló la fiscalía.

Ana María Córdova Capucho, Secretaría de Profesionales Nacional de Perú Libre, también figura como “Acesitario 2” de la plancha presidencial que lidera el prófugo Vladimir Cerrón.

La personera legal ha sido asesora en el despacho congresal de Waldemar Cerrón y del gobierno regional de Junín del 2011 al 2014, durante el primer periodo de Vladimir Cerrón como autoridad regional.

El pasado mes de octubre, el Juzgado de Investigación Preparatoria emitió el auto de enjuicimiento en contra de Córdova Capucho -y otros acusados como Vladimir Cerrón, Guido Bellido, Guillermo Bermejo- a fin de que responda en juicio oral por el presunto delito de terrorismo, en la modalidad de obstrucción a la justicia en una investigación de terrorismo.

Se le atribuye haber coordinado con otros imputados para obstruir la investigación contra Cerron Rojas y otros, a través de diversos actos para que el testigo Bobby Eddy Villarroel no declare en dicha investigación.

Por ello, la fiscalía ha solicitado cinco años de cárcel en su contra y el pago solidario de S/30 mil junto a otros acusados.

“Se imputa a la acusada Ana María Córdova Capucho, quien en su calidad de personera legal del partido “Perú Libre”, haber obstruido la investigación en la carpeta fiscal No 33-2021, seguido contra Vladimir Cerrón Rojas, Guido Bellido Ugarte, Guillermo Bermejo Rojas y otros, por el delito de afiliación a una organización terrorista, en agravio del Estado, al haber coordinado con su co-encausado Francisco Jaime Jara Aguirre, la entrega de mil soles a Jhon Klever Benites Tangoa, a efecto, que por intermedio de éste último, haga la entrega de dicho monto al testigo Bobby Eddy Villarroel Medina, con la finalidad que, no declare en la investigación fiscal signado como caso 33-2021 33-2021, seguida contra Vladimir Roy Cerrón Rojas y otros por el delito de terrorismo, en agravio del Estado peruano.”

Ministerio Público

Capucho Córdova también era parte de la investigación en la Carpeta Fiscal Nº 506015605-2021-24, seguida por la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada, que fue archivada en julio del 2021. Esto, vinculado a una presunta red criminal que buscaba perpetuarse en el poder a través de un fraude electoral.

El congresista Flavio Cruz Mamani fue inscrito en la plancha presidencial como candidato a primer vicepresidente.

El parlamentario declaró en su hoja de vida haber llegado a una conciliación -por vía judicial- en el Primer Juzgado de Paz para el pago de alimentación de su hijo.

De acuerdo a resoluciones judiciales, en setiembre del 2022 se hizo un endoso de S/ 2,750 remitido por el Congreso de la República a favor del beneficiario y en octubre del 2023 se hizo otro endoso desde el Parlamento por la suma de S/ 2,750.

Cruz Mamani también fue objeto de una investigación por el presunto delito de peculado doloso en la carpeta fiscal 68-2023, por el presunto uso de viáticos otorgados por el Congreso para actividades que no estaban relacionadas con sus funciones parlamentarias.

Además, fue implicado en la investigación de la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de cohecho pasivo propio, por haber votado en contra de la moción de interpelación del prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Francisco Silva Villegas, a cambio de una retribución. El caso fue archivado en junio del 2023.

Otro de los candidatos inscritos para la Cámara de diputados es Richard Fredy Rojas García, amigo cercano del prófugo Vladimir Cerrón, quien fue elegido en las primarias del partido.

Rojas Garcia está incluido en la investigación preparatoria por el presunto delito de lavado de activos (conversión y ocultamiento) y organización criminal (promotor e integrante), por el financiamiento ilegal del partido Perú Libre, proveniente de presuntos actos de corrupción.

De acuerdo a la imputación fiscal, el fugaz exembajador en Venezuela, habría intentado “ocultar” la suma de S/376, 930.00, monto que Vladimir Cerrón transfirió a través de un cheque con fondos provenientes de una de sus cuentas bancarias.

“Se tiene como tesis fiscal que el investigado Richard Rojas García, en mérito a su jerarquía dentro de la organización criminal ‘Perú Libre’ y su cargo de jefe de comando de campaña presidencial del Partido Político Nacional Perú Libre, habría recepcionado dinero maculado que tendría como origen las actividades criminales previas relacionadas a delitos contra la administración pública-corrupción de funcionarios.”

Ángel Astocóndor, fiscal especializado en delitos de lavado de activos

Américo Gonza Castillo, actual congresista de la República, también fue inscrito por Perú Libre como candidato para el Senado. Su hermana, Martha Gonza Castillo postula para senadora por dicha región.

El congresista se encuentra inmerso en la investigación por presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias en uno de los casos vinculados a “Los Niños”.

En julio del 2025 la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en contra de Gonza Castillo y otros 20 congresistas, junto a los sentenciados, Pedro Castillo y Betssy Chávez.

Según la fiscalía, Castillo habría liderado una presunta red criminal, comprendida dentro del Caso Los Niños, que habría estado conformada por congresista, quienes habrían cambiado sus votos por favores y otros beneficios como direccionar contrataciones y licitaciones en diversos ministerios como el de la Producción, Transportes y Comunicaciones y Vivienda.

Jakelyn Flores Peña, inscrita como candidata a la Cámara de Diputados por la región Huancavelica, se encuentra en los registros judiciales.

En su condición de exgerente regional de Infraestructura de la Región Junín fue acusada por la fiscalía por el presunto delito de colusión junto a Cerrón Rojas, por dos hechos relacionados al Caso Sima-Junín.

“En su calidad de Gobernador Regional de Junín, en forma directa y por razón de su cargo, vulnerando sus deberes funcionales de velar por los intereses de la entidad de haberse interesado para confabularse con Jakelyn Flores Peña, y posteriormente coludirse con el Director ejecutivo de la empresa de servicios industriales de la marina S.A-SIMA”, señala la acusación fiscal.

En la lista para candidatos como Diputados por Lima Provincias, fue inscrito Victor Gilmar Vilca Uribe, quien registra dos condenas por delitos contra el honor.

El candidato se desempeña como gerente de Área de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Huarochirí.

De acuerdo al registro que el mismo ha consignado en su hoja de vida, la primera sentencia que se le impuso fue en modo “suspendida” en el expediente 008-1993 que se llevó ante el Segundo Juzgado Penal Transitorio.

De acuerdo al documento que obra en manos del Jurado Nacional de Elecciones, la condena quedó firme el 10 de setiembre de 1995 y se encuentra cumplida.

La segunda sentencia que se le impuso quedó firme el 7 de octubre de 1997, en el expediente 131-1995 ante el Juzgado de Instrucción de Huaral. La condena también ya se encuentra cumplida.

Virgilio Leopoldo Huerta Jara candidato a la Cámara de Diputados por Áncash-Huaraz, registró dos condenas por corrupción en su hoja de vida.

Una de ellas fue ante la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Ancash (expediente 451-2001) por el delito de corrupción en la modalidad de peculado.

En este expediente, cuya sentencia quedó firme el 20 de febrero del 2002, se le impuso un año de pena privativa de libertad suspendida. La misma ya se encuentra cumplida.

También consignó haber sido condenado a una pena de tres años suspendida con inhabilitación para el ejercicio de cargo público por seis meses.

La sentencia, que ya se encuentra cumplida, le fue impuesta en el Expediente 2218-2010 procesado ante la Corte Superior de Justicia de Ancash - Segunda Sala Penal Liquidadora, la misma que quedó firme el 11 de setiembre del 2021.

Tomasa Huisa Suclle candidata a diputada por Arequipa registra una sentencia firme del 9 de octubre del 2014, en el expediente 535-2013-24. El Primer Juzgado de Investigacion Preparatoria Mariano Melgar la sentenció a una pena suspendida de tres años por el delito de exposición al peligro. La condena ya se encuentra cumplida.

Guido Ricardo Ramos Paredes candidato a diputado por Arequipa registra en su hoja de vida, que obra en manos del JNE, una sentencia por violencia familiar. La sentencia (expediente 08685) fue dictada por el 1°Juzgado Penal Unipersonal - Sede MBJ Paucarpata

En Arequipa Mauro Hancco Surco que postula para diputado ha consignado haber sido sentenciado a una pena suspendida por el delito de disturbios en agravio del Estado. El caso se procesó en el expediente 5858-2014-14-0401 JR-PE-02 ante el Primer Juzgado Unipersonal Permanente De Cerro Colorado y la pena se encuentra cumplida.

En la lista inscrita por Lambayeque para diputados, el postulante a Antero Humberto Monsalve Gonzalez registró una sentencia por el delito de entorpecimiento a los servicios públicos y que se le impusieron reglas de conducta. La sentencia, que ya se encuentra cumplida, quedó firme el 3 de abril del 2008 en la Corte Superior de Lambayeque en el expediente 2782-07.

Arturo Beltrán Asencios, inscrito como candidato al Senado por Huánuco registró una condena suspendida, por terminación anticipada, por el delito “Contra la Fe Pública”. La sentencia fue declarada firme el 20 de marzo del 2014, en el expediente 018-2013-03 ante el juzgado de Huacaybamba – Ancash; y se encuentra cumplida.

Mercedes Elena Ramos Villanueva, inscrita candidata a la Cámara de Diputados por Huánuco, registró en su hoja de vida una sentencia (Expediente 0076) por el delito de “faltas contra la persona”. Según señala, la sentencia quedó firme el 19 de enero del 2015 y el Juzgado de Paz Letrado le impuso reglas de conducta con reserva de fallo y actualmente la pena está cumplida.

En la lista para la Cámara de Senadores por Lima, el candidato Rolando Espinoza Perez registró una condena suspendida por el delito de apropiación ilícita. El Juzgado de Cañete procesó el caso en el Expediente 206-1999, el mismo que quedó firme el 30 de marzo de 1999. La pena se encuentra cumplida.

Fermín Eleodoro Caceres Bellido, candidato a Senado, registró en su hoja de vida dos sentencias por obligaciones familiares. Una en el Expediente 013-97-2013-0-1401 ante el Primer Juzgado Paz Letrado Ica que declaró “Fundado la Demanda de Extinción de Alimentos”.

La segunda en el Expediente 192-2016-0-1410-JP-FC-01 ante el Juzgado Mixto y Penal Unipersonal de Palpa que declaró “Fundada la demanda de Alimentos”.

Arturo Sergio Ñañez Ordoñez, inscrito como candidato al Senado por Pasco, registró tres sentencias por obligaciones familiares. El Segundo Juzgado de Paz Letrado de El Tambo declaró fundado el aumento de aporte por alimentos de la suma de S/150 a S/400, en el Expediente 923-2014-0.

El mismo juzgado, en el Expediente 1626-2015-0 declaró fundada la demanda por alimentos y elevó la suma a S/450.

Posteriormente, en el Expediente 3655-2022-0 el Segundo Juzgado de Paz Letrado de El Tambo volvió a declarar fundada la demanda de alimentos por la suma de S/500.

Juan Carlos Ñañez Ordoñez, inscrito como candidato a la Cámara de Diputados por Pasco, declaró en su hoja de vida tener una sentencia en el Expediente 01076-2022-0-1801-JP-FC-04 ante el Cuarto Juzgado De Paz Letrado De Lima, que dispuso una pensión mensual a favor de su menor hija -hasta que se fije una pensión definitiva- del 25% de todo ingreso remunerativo, gratificaciones y bonificaciones, previos descuentos de ley.

Timoteo Cruz Murillo candidato por Piura en en la lista para Diputados registró en su hoja de vida haber sido procesado por el presunto delito de “actos contra el pudor” en el Expediente 184-2002-0-2004-JR-PE-01. La Sala Penal de Piura, según consignó, lo absolvió de la imputación.

También registró proceso por alimentos ante el l Primer Juzgado Civil De Piura y actualmente se encuentra archivado

En la región La Libertad, fue inscrito Ronald Acosta Maza en la lista para Diputados, quien consignó tres sentencias por “Omision a la Asistencia Familiar” en el Juzgado de Investigación Preparatoria (Expediente 17472023-0-0201-JR-PE-04), en el Juzgado Penal Unipersonal (expediente 08329-2024-3-0901-JR-PE-08), y en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria-Flagrancia, CONFYCEED De Huaraz (Expediente 00611-2019).

Acosta Maza también registró en su hoja de vida dos sentencias por alimentos, que fueron declarados “fundados” por el Tercer Juzgado De Paz Letrado de Ancash (Expediente 00128-2016-0-0201-JP-FC-03) y en el Juzgado de Paz Letrado de Cajamarca (Expediente 00367-2022-0-0601-JP-FC-04).