Esterilizaciones forzadas: Cuestionan accionar de José Peláez

MARIO MEJÍA (@mariomejiah)

El ex procurador Julio Arbizu, quien ha asumido la defensa de las víctimas de las esterilizaciones forzadas, patrocinada por la ONG Demus, cuestionó las resoluciones del fiscal de la Nación, José Peláez, por haber quitado la competencia del caso a la fiscal Carmen Ibáñez, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial.

Esta magistrada debía conocer un recurso de queja presentado contra el dictamen del fiscal provincial Marco Guzmán Baca, quien exculpó al ex presidente Alberto Fujimori y a tres de sus ministros de Salud.

De acuerdo a Arbizu, el recurso interpuesto por Demus para ampliar la investigación del caso de las esterilizaciones forzadas, debía ser visto por Ibáñez, pues "ella era la juez natural a quien le correspondía el caso".

Sin embargo, cuando ella estaba abocada a la causa, el 23 de abril, Peláez dictó una resolución y encargó la causa al fiscal Luis Landa, de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial. El argumento era que Ibánez tenía sobrecarga procesal y que Landa se dedicaría exclusivamente al caso.

Sin embargo, a los dos días, Peláez emitió otra resolución en la que indica que Landa también asumirá otros casos. El cambio dejaba de tener una sustentación válida.

MEDIDA SOSPECHOSA
El ex procurador anticorrupción considera sospechoso el accionar de Peláez. "Creemos que se está afectando el debido proceso. Hay maniobras interesadas para que este proceso no llegue a buen puerto y evitar la sanción de los culpables", dijo.

María Cedano, directora de Demus, indicó que la fiscal Ibáñez ha presentado un oficio al despacho de Peláez solicitando que deje sin efecto su resolución, y le regresen el caso, pues ella no pidió “ni la transferencia de competencia, ni la delegación de competencia, ni formuló declinatoria, ni excusa alguna de su competencia en el presente caso”, dijo.

Arbizu dijo que espera que Peláez reconsidere su resolución, pues el fiscal superior coordinador Víctor Cubas Villanueva reconoció en una reunión de trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue un error que el caso lo tuviera Landa y que le correspondía a Ibáñez. 

"Fue un compromiso hecho ante ese organismo internacional, si ahora se cambia, vamos a quedar como un país que no respeta sus compromisos", expresó Arbizú.    

De acuerdo al dictamen de Guzmán Baca se archivó la denuncia de las esterilizaciones forzadas en lo que respecta al delito de lesa humanidad, pues no habría encontrado indicios de que el gobierno de Fujimori haya tenido intención de esterilizar a las mujeres pobres del país.

Arbizú dice que no se tomaron en cuenta todas las pruebas existentes y que el recurso de queja busca que se amplie nuevamente la investigación para que no sean excluidos los principales responsables. El dictamen de Guzmán Baca solo denunció a seis médicos por la muerte de una mujer que fue esterilizada en Cajamarca.